La investigación sobre la gestión política y operativa de la mayor crisis migratoria vivida en Ceuta continúa su curso en la Audiencia Nacional. Tres consejeros del Gobierno de la Ciudad Autónoma, citados este martes para declarar en calidad de testigos ante la jueza María Tardón por «haber tenido presencia directa en las zonas afectadas o participación activa en la gestión de la emergencia», han responsabilizado de forma directa al Gobierno de Pedro Sánchez por la falta de respuesta y de medios ante los reiterados avisos que trasladaron durante las semanas previas a los días 30 y 31 de julio, fechas en las que se registró una entrada masiva de personas a través de los espigones fronterizos – además de confirmar como dos días antes del asalto se solicitó la creación de un mando único que, sin embargo, Moncloa tardó hasta tres semanas en activar – .

Alberto Ramón, consejero de Presidencia; Nabila Banian, consejera de Sanidad y Servicios Sociales; y Alejandro Ramírez, titular de Medio Ambiente, han coincidido en sostener durante sus declaraciones que la magnitud del episodio no se puede calificar de hecho imprevisible. El primero de ellos ha situado una primera advertencia formal el 16 de julio durante una reunión en Madrid con la Secretaría de Estado de Seguridad, en la que se expusieron las consecuencias derivadas de una reciente sentencia del Tribunal Supremo y el incremento paulatino de entradas.

El 26 de julio, el consejero volvió a contactar por WhatsApp con la misma Secretaría para avisar de que la situación se estaba complicando, recibiendo como respuesta que eran conscientes del escenario y que estaban trabajando en ello. Ramón también relató la celebración de reuniones los días 27 y 28 de julio en las que solicitó más efectivos policiales y la creación de un mando único, además de llamadas de la Presidencia de Ceuta a Moncloa. Según su testimonio, la Secretaría de Estado llegó a comparar la situación con la de otros veranos.

Mientras tanto, las escenas de miles de personas entrando con flotadores, ha ocupado una buena parte del relato de los testigos. La consejera de Sanidad describió un flujo continuado tanto por la mañana como por la noche, con personas que accedían a pie bordeando el espigón o cruzando a nado por el agua. Por su parte, el responsable de Servicios Sociales acudió a la frontera en torno a la medianoche del 30 al 31 de julio y relató el avance constante de grupos que caminaban despacio o se ayudaban de elementos de flotación. Ambos consejeros explicaron que, al observar el cordón militar desplegado en la zona, interpretaron inicialmente que se trataba de un dispositivo diseñado para efectuar retornos a Marruecos. Sin embargo, tras realizar consultas sobre el terreno, entendieron que los efectivos militares estaban reconduciendo a las personas hacia la zona del polígono del Tarajal, un matiz que comunicaron de inmediato al presidente de la Ciudad Autónoma, Juan Jesús Vivas.

En el apartado relativo a los fallecidos, Banian atribuye 90 muertes directamente a los sucesos del 30 y 31 de julio. Ante la insuficiente capacidad del Instituto de Medicina Legal, ha relatado cómo la ciudad ceutí promovió la instalación de cámaras frigoríficas adicionales con apoyo logístico del Ejército hasta habilitar espacio para 200 cuerpos.

Respecto a la actuación observada en el lado marroquí, la consejera de Servicios Sociales ha señalado la presencia de varias personas en aquel momento con uniforme marrón junto al espigón que observaban el paso sin intervenir. Ramírez, por su parte, ha aportado un detalle significativo: observó cómo personas que ya habían conseguido cruzar a la orilla española agrupaban los flotadores utilizados, los lanzaban de vuelta al otro lado de la frontera y allí otra persona los recogía y repartía nuevamente para facilitar nuevas travesías.

Tardón considera en resoluciones del caso que la entrada masiva «no tuvo naturaleza ocasional o espontánea, sino que se trató de un proceso organizado en el que la finalidad migratoria operó sólo como cobertura formal que sirvió para fomentar, impulsar y dirigir un flujo masivo de personas a la ciudad de Ceuta», Una tesis a la que, hasta la fecha, apuntan todos los indicios.

De forma paralela a estas citaciones y como última novedad, la magistrada ha requerido recientemente al Ministerio de Defensa un informe detallado para constatar si entre el 29 de julio y el 10 de agosto se registró la incursión de buques de guerra o embarcaciones militares de Marruecos en aguas territoriales españolas adyacentes a Ceuta. Además, también ha requerido al Consejo de Ministros una desclasificación de más informes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) sobre lo acontecido el pasado 30 de julio, cuando más de 80.000 migrantes accedieron a la Comunidad Autónoma – Moncloa solo ha dado a conocer 40 de estos documentos – .

Junto con los consejeros citados hoy, la instructora ya ha escuchado presidente ceutí, al exjefe de gabinete de la Delegación del Gobierno Gonzalo Sanz y al jefe de la Policía Local de la ciudad autónoma, Sebastián Vega. Mañana, miércoles, será el turno de tres inmigrantes de los que entraron en suelo español en las horas durante las que se prolongaron los hechos investigados.