La Comisión Europea refuerza a Frontex, la Agencia Europea de Fronteras, para ajustarla a las nuevas duras políticas migratorias adoptadas en el último año en Europa. Bruselas quiere dar más poder a la policía de fronteras para que coordine las repatriaciones y también para que intervenga, por primera vez, en las expulsiones desde terceros países, incluyendo en los futuros centros de deportación fuera de la UE que algunos Estados miembros, como Alemania, Dinamarca o Grecia, están planeando abrir ya el año que viene siguiendo el ejemplo de Giorgia Meloni en Albania.

Para este nuevo propósito, Bruselas pretende multiplicar por diez la plantilla de Frontex, desde los 3.000 efectivos actuales hasta los 30.000 disponibles de forma gradual, y también crear una nueva unidad de reacción rápida para que la agencia pueda desplegarse y actuar en cuestión de horas, y no de días, en situaciones de emergencia como la llegada masiva de más de 80.000 migrantes en Ceuta a petición de un Estado miembro. Además, por primera vez, Frontex tendrá el mandato explícito de monitorear en las redes sociales en busca de contenido que pueda poner a gente en peligro y pedir a las plataformas que lo retiren si fuera necesario.

El refuerzo de Frontex es un paso más en la nueva filosofía migratoria europea después de que antes de verano se diera la luz verde final al reglamento de retornos, que algunas organizaciones humanitarias han llegado a denunciar como una imitación del ICE trumpista en el Viejo Continente. El reglamento no solamente abre la puerta a que otros países sigan el ejemplo de Italia y creen estos centros de migrantes fuera de la UE: también amplía los periodos de detención, refuerza los controles policiales y permite mandar a menores de edad a los centros de expulsión. Cinco países europeos ya están manos a la obra para crear un proyecto piloto de centro de deportación en terceros países.

Bajo estas nuevas normas para Frontex, los Estados miembros seguirán siendo los principales responsables de repatriar migrantes, pero deberían tener un mayor apoyo por parte de la policía de fronteras europeas en las devoluciones. Para empezar, a través de los recursos humanos. Bruselas quiere que el personal propio se doble y crear una nueva división de 17.000 agentes que estarían a disposición de los Estados miembros y serían desplegados a su petición. Todo se haría de forma gradual, con un horizonte temporal que iría más allá de los próximos diez años.

Con sus nuevas competencias ampliadas, la Comisión quiere que Frontex apoye también a terceros países en materia de retornos a otro país fuera de la UE, siempre y cuando exista “un acuerdo con el tercer país de que se trate, de conformidad con los derechos fundamentales y las normas internacionales”. Los cinco países en busca del proyecto piloto de centro de deportación llevan las negociaciones en absoluto secretismo, con trabajos técnicos en marcha para encontrar tanto el modelo adecuado como los posibles terceros países dispuestos a acoger un centro para deportar migrantes comunitarios a cambio de privilegios en los tratos con la UE, como visados o preferencias comerciales.

“Las amenazas en constante evolución exigen una actuación continua. A partir de las lecciones aprendidas de llegadas repentinas como las que se produjeron en Ceuta en el verano de 2026, damos prioridad a la anticipación de crisis, la prevención y la respuesta rápida ante situaciones de emergencia”, ha dicho la vicepresidenta ejecutiva para Soberanía Tecnológica, Henna Virkkunen.

Fuentes comunitarias indican que, aunque el refuerzo estaba previsto ya antes de la crisis ceutí, algunas de sus nuevas funciones podrían haber ayudado, como el nuevo sistema para controlar los mensajes en las redes sociales. “Hubo muchos mensajes circulando incluso antes de que sucedieran los hechos, mucha desinformación, malentendidos e información errónea en torno a la sentencia del Tribunal Supremo español, y si contamos con una capacidad más cercana al tiempo real para detectar estas cosas cuando están surgiendo, es posible entonces anticipar reacciones”, indican desde la Comisión.

Europa sigue dotándose de herramientas para deportar pese a que las llegadas se encuentran en su punto más bajo dese el 2021, descendiendo en un 55% en los últimos dos años. La tasa de deportaciones ha aumentado a un 30% de efectividad, unos números que Bruselas considera demasiado bajos pese a que suponen un 10% más que en los ejercicios anteriores. Eso significa que siete de cada diez migrantes siguen sin permiso en la UE, principalmente por la falta de acuerdos con terceros países. “Debemos actuar antes de que un suceso se convierta en una crisis, y debemos ser nosotros quienes decidamos quién puede entrar en la Unión Europea, quién puede quedarse, pero también quién debe abandonar la Unión Europea”, ha declarado el comisario de Migración, Magnus Brunner.

Además, para poner en práctica las nuevas normas de la UE en materia de retornos, la Comisión propone a la vez un reglamento para digitalizar los retornos que pretende reducir la carga administrativa y proporcionar una interfaz digital única para todo el proceso de retorno.