La magistrada de la Audiencia NacionalMaría Tardón ha dado un paso de calado en la causa que investiga la entrada masiva de migrantes en Ceuta ocurrida los días 30 y 31 de julio. A través de un auto contundente dictado este martes, la instructora ha requerido al Consejo de Ministros la desclasificación urgente de todos los informes elaborados por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) relacionados con el episodio, fijando un plazo improrrogable de quince días naturales para que el Ejecutivo español levante el secreto sobre esta documentación reservada.

El requerimiento de la jueza busca despejar las incógnitas que rodean a la gestión política y de seguridad durante aquellas jornadas críticas. En concreto, Tardón reclama “todas las notas e informes realizados por el CNI y difundidos a autoridades a partir del 30 de julio” que aborden las investigaciones de los hechos y, de manera muy específica, aquellos análisis centrados en la actuación de las autoridades de Marruecos hasta la actualidad.

La instructora no solo exige los análisis de inteligencia, sino también la trazabilidad política de los mismos. El auto solicita que se haga público el listado concreto de autoridades que recibieron las notas ya desclasificadas de los días 27 y 30 de julio, además de cualquier otra comunicación cursada con posterioridad. Se trata de una diligencia clave para reconstruir la cadena de mando y delimitar eventuales responsabilidades por acción u omisión.

Para Tardón, el acceso a estos datos resulta “indispensable para el esclarecimiento de los hechos”. Según argumenta en la resolución, la documentación requerida “permitirá determinar qué autoridades conocían, y desde qué momento, la convocatoria de entrada masiva”, así como esclarecer “qué decisiones se adoptaron o dejaron de adoptarse a la vista de esa información y cuál fue la actuación de las autoridades del Reino de Marruecos”.

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La ofensiva del juzgado va más allá de la desclasificación documental. En el mismo auto, Tardón solicita formalmente al Consejo de Ministros que autorice con carácter urgente la declaración testifical de los agentes del CNI involucrados en las pesquisas, un trámite preceptivo para que los funcionarios puedan comparecer en sede judicial sin vulnerar la Ley de Secretos Oficiales.

Asimismo, la jueza pone el foco en el intercambio de información entre Madrid y Rabat. Entre el material reclamado figura la nota remitida por el CNI a los servicios de inteligencia marroquíes, así como cualquier comunicación que contuviera un “posible aviso o alerta respecto de la inmigración irregular” remitido a lo largo de todo el mes de julio.

Frente a las posibles reticencias del Gobierno Sánchez a exponer secretos de Estado, la magistrada recuerda que el propio Consejo de Ministros ya acordó una primera desclasificación el pasado 8 de septiembre, que incorporó notas y comunicaciones de los servicios secretos. Por ello, razona que el nuevo requerimiento es “plenamente compatible con las exigencias de la seguridad y la defensa del Estado”.

La magistrada rebate cualquier objeción de seguridad nacional con el razonamiento de que la indemnidad del país no puede verse comprometida por arrojar luz sobre un episodio en el que la propia frontera ya fue desbordada. Según subraya Tardón, la seguridad del Estado “ya se ha visto vulnerada precisamente en el marco de los hechos objeto del procedimiento”, y es exactamente la “autoría de ese ataque a la seguridad del Estado” lo que la Audiencia Nacional pretende esclarecer con esta investigación.