Los antiguos ocupantes del instituto B9 de Badalona avanzan, aunque con enormes dificultades, en el proceso para acogerse a la regularización extraordinaria aprobada por el Gobierno de Pedro Sánchez. Un total de 97 migrantes han presentado la solicitud y, según datos a los que ha accedido EL PAÍS, 18 de ellos ya han obtenido la resolución que les concede los papeles y, con ellos, la oportunidad de una vida nueva tras un desalojo que, hace diez meses, les dejó en la calle y derivó en una crisis social y política. Otras 43 peticiones han sido admitidas a trámite y 36 más están pendientes de admisión, revelan esos datos.

Hace diez meses, el 17 de diciembre de 2025, los migrantes fueron desalojados a iniciativa del alcalde, Xavier Garcia Albiol, que los presentó ante la opinión pública como delincuentes y personas conflictivas que hacían la vida imposible a los vecinos. El recinto llegó a acoger a 400 extranjeros, la mayoría subsaharianos en situación administrativa irregular, en lo que constituyó el mayor asentamiento de migrantes en Cataluña. Para cuando se efectuó el desalojo, permanecían allí 200 personas. De la noche a la mañana, en pleno invierno y a las puertas de Navidad, quedaron sin alojamiento y sin alternativas por parte de los servicios sociales. Abandonados por el Ayuntamiento de Badalona, y tras noches durmiendo al raso —bajo la autopista C-31 que parte en dos la ciudad—, la Generalitat finalmente se activó y firmó convenios con entidades para darles asistencia social y jurídica.

La situación material (y hasta simbólica) de los ocupantes del B9 no ha mejorado demasiado. Algunos de los que siguen sin techo se desplazaron a otro tramo de la misma autopista, junto al cauce del río Besòs, ya en el municipio de Sant Adrià de Besòs, que pretende desalojarlos. Y, con la cercanía de las elecciones del 29-N, en las que Albiol concurre como cabeza de lista del PP por Barcelona, han vuelto a ser señalados.

En un vídeo publicado recientemente en sus redes sociales, el alcalde insiste en que los ocupantes del B9 habían llegado a España “a delinquir y no a trabajar” y vincula directamente el desalojo con la mejora de las cifras de delitos en la ciudad, que según el Ministerio del Interior han caído un 9,8% en lo que va de año. “Os dije que, con el desalojo, mejoraría la seguridad”, explica sobre los escombros del viejo instituto público, donde hay proyectada una comisaría de policía, y tras exhibir imágenes que muestran la peor cara (peleas, gritos, gente fumando porros o arrastrándose por el suelo) de un asentamiento donde a la extrema vulnerabilidad de la mayoría de ocupantes se sumaban, en algunos casos, problemas de salud mental y drogas. Albiol se siente cómodo en ese terreno, más ahora que la Fiscalía ha archivado una denuncia de los Comuns por delito de odio por su papel en el desalojo.

Sabiéndose señalados, los ocupantes del B9 han intentado seguir adelante con sus vidas. Muchos de ellos llevaban años en España, incapaces de poner en orden su situación administrativa. Hasta que la regularización extraordinaria del Gobierno les abrió una oportunidad inesperada. En ese camino han contado con la asistencia de Movimiento por la Paz, una de las entidades que ha firmado acuerdos con la Generalitat para ofrecer una “intervención integral” a los ocupantes, que incluyen facilitar su acceso a la sanidad, su participación en talleres de inserción laboral o el asesoramiento jurídico necesario para optar a la regularización. No es un proceso fácil, porque “la mayoría siguen en situación de calle” y por lo tanto “su localización y obtención de documentación” es compleja, explica a este diario Andrés Jiménez de Parga, responsable de Movimiento por la Paz en Cataluña.

Younoss Drame, de 50 años, frente a los escombros del B9.
Kike Rincón
“Ya podemos trabajar”
El plan del Departamento de Derechos Sociales de la Generalitat incluye el seguimiento a 115 de los ocupantes. Hay dos casos diferenciados: por un lado, 18 personas que ya habían iniciado sus trámites (por arraigo, por ejemplo) para obtener papeles. Y por el otro, los 97 restantes que intentan acogerse a la regularización extraordinaria. De estas, solo cuatro personas no han podido optar por sus antecedentes penales, detalla la ONG, que se ha ocupado del proceso. A la espera de que se resuelvan los expedientes —la lentitud afecta por igual a los desalojados del B9 y al conjunto de migrantes—, ya hay 18 regularizados, algunos muy recientes.

A Younouss Drame, senegalés de 50 años que fue uno de los portavoces del colectivo antes y después del desalojo, le ha llegado la buena nueva esta misma semana. “Han resuelto la petición favorablemente, solo me falta coger cita para las huellas [en la policía, un trámite necesario para obtener la tarjeta física]. Ahora ya tenemos papeles y podemos trabajar”, explica Drame, que ha sido contratado temporalmente por la entidad Movimiento por la Paz como vigilante para cubrir una baja. La sola admisión a trámite ya permite buscar empleo. Drame, que va a constituir con otras personas la entidad Farafina (nombre utilizado para referirse a la África precolonial) quiere ser “intérprete”. Aunque ha conseguido instalarse, gracias a un amigo, en una habitación en Sabadell, explica que el gran problema del colectivo, que se mantiene en contacto a través de grupos de WhatsApp y Telegram, es el que afrontan también la mayoría de los españoles: la vivienda.