CRISIS MIGRATORIA
El Gobierno retorna a Marruecos a migrantes de la entrada masiva de Ceuta tras denegarles la protección internacional
El País, , 26-10-2026El Gobierno devolvió el viernes a Marruecos a 16 migrantes llegados con la entrada masiva a Ceuta. Su retorno fue ejecutado tras denegarles la protección internacional, según confirman fuentes del Ministerio de Interior. Este es un escenario distinto al de los “retornos voluntarios” que se venían produciendo en la ciudad autónoma. En su caso, a los citados 16 migrantes, todos de origen subsahariano, “se les denegó la protección internacional”. Tenían plazo para recurrir, “pero no lo hicieron”. Y cumplido ese plazo, se les retornó al país vecino, según las mismas fuentes.Este lunes, además, la Policía Nacional ha entrado en el Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI) para entregar varias resoluciones de denegaciones de solicitud de asilo o de protección internacional a más personas llegadas desde Marruecos hasta la ciudad autónoma —entre las que se incluye también a migrantes de antes del cruce multitudinario— y que todavía tienen un plazo para presentar recursos contra su expulsión. Un goteo que “va a continuar en los próximos días”, avanzan en el departamento del ministro Fernando Grande – Marlaska.En la ciudad autónoma, desde principios de agosto, había personas que volvían a Marruecos diariamente por su propio pie —entre 80 y un centenar cada jornada—. A ese grupo se sumó otra modalidad de regresos, desde principios de este mes de octubre, surgidos a raíz de los desalojos de los campamentos de las playas, del desmantelamiento de otros poblados levantados por las calles y de las operaciones policiales planificadas para localizar a migrantes en las barriadas. En ambos escenarios, el Gobierno considera esos retornos como “voluntarios”. Interior también había expulsado a migrantes forzosamente, pero fruto de la comisión de infracciones o de delitos. En total, unos 13.000 han vuelto al país vecino desde el 10 de agosto por estas vías, siendo solo un pequeño porcentaje los obligados. Ahora, como novedad, se añaden los retornos de los 16 ciudadanos subsaharianos. También las denegaciones de asilo o de protección internacional, contra las que cabe aún recurso. El ministro de Política Territorial, Ángel Víctor Torres, al frente del mando único, desgranará los datos este miércoles tras la reunión del Comité de Situación. Hay asociaciones que denuncian que las expulsiones de los 16 ciudadanos subsaharianos son irregulares, porque su nacionalidad es más favorable al asilo. Pero el Ministerio de Interior defiende que “son ajustadas a legalidad, que los migrantes no habían presentado recurso”.Acorde al Pacto Europeo de Migración y Asilo, el Gobierno central dispone de un plazo máximo de 12 semanas para la tramitación de los expedientes de devolución, de los que la mitad corresponde a la actuación de la Justicia. También caben apelaciones por parte de los afectados tras la resolución. Como avanzó este periódico, La Moncloa barajó la posibilidad de reducir los plazos mediante decreto, pero finalmente no se llevó a cabo la reforma legal. El Gobierno central, a través de su mando único liderado por el ministro Ángel Víctor Torres, lleva días poniendo el foco en cómo se han acelerado los retornos “voluntarios” gracias a los desalojos de los asentamientos de las playas, de los desmantelamientos de otros campamentos repartidos por las barriadas y de las batidas policiales en las calles.Al margen de las devoluciones de este fin de semana, el 25 de septiembre se dio también un caso excepcional. Ese día, 25 subsaharianos (de ellos, 23 sudaneses) fueron expulsados a Marruecos porque, según fuentes del Ministerio del Interior, “no habían solicitado la protección internacional”. Este fue un caso particularmente excepcional al ser personas con mayor opción potencial a que les fuera otorgado el asilo, como los 16 devueltos este viernes. Además, es muy infrecuente que Rabat acepte a migrantes de origen subsahariano. Por último, en torno a un centenar de migrantes que entraron en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio ya tienen la protección internacional que les permite permanecer legalmente en España y les reconoce el derecho a residir y trabajar en el país.
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