El Ministerio del Interior y el Comité de Situación estiman que quedan unos 8.000 migrantes en Ceuta, mientras que el ejecutivo local eleva la estimación hasta las 13.000 o 15.000 personas tras la llegada masiva de julio.

En la situación actual de Ceuta, ser LGTBI es un motivo legal para que los migrantes pidan asilo, porque la ley reconoce que estas personas sufren persecución en sus países y están en una situación de peligro. Este detalle puede cambiarlo todo: en cuanto el Gobierno acepta estudiar su caso, este reconocimiento se convierte en el pase legal que acelera su traslado a la península.

Sin embargo, esto se ha convertido en un factor que algunos migrantes alegan, sin ser cierto, para conseguir su objetivo. La abogada Meriem Liazid, de Liazid Abogados, que trabaja en Ceuta, denuncia que «los solicitantes se han dado cuenta de que pertenecer al colectivo es un plus para poder solicitar asilo e irse a la península». Un problema, según la abogada, que tienen que solucionar para que «no paguen justos por pecadores». La activista trans marroquí Tima Agueddour, en contacto con hasta 176 personas del colectivo que se encuentran en Ceuta y colaboradora de la asociación MENAT, niega este extremo.

Según ha publicado ABC, la Policía Nacional ha detectado un cambio de tendencia en las solicitudes de asilo de los migrantes que llegaron a Ceuta. Aunque el Ministerio del Interior no ha hecho oficiales los datos, fuentes policiales desvelaron al citado periódico que un 70% de las peticiones argumentan que están sufriendo persecución en sus países de origen por su orientación sexual. En esa misma noticia se expone que los agentes sospechan que este giro se debe a que estas personas están recibiendo asesoramiento sobre los pasos a seguir para quedarse en España, y señalan que tan solo de cinco de los expedientes han sido aceptados.

Esta baja cifra de aprobaciones iniciales coincide con un cambio en los criterios de la Ley de Asilo, modificada para adaptarse al Pacto Europeo de Migración. Mientras que antes de la crisis el plazo ordinario de la administración para resolver cada expediente era de seis meses, la nueva normativa impone un procedimiento de urgencia que obliga a dictar una resolución en un máximo de 12 semanas. En la práctica, la gran mayoría de las solicitudes presentadas en Ceuta se encuentran dentro de este nuevo plazo, congeladas en fase de estudio y pendientes de una respuesta definitiva.

En su experiencia en esta crisis, Liazid relata que los migrantes suelen dar tres razones para solicitar el asilo: ser gay, estar perseguidos por una mafia o la enfermedad de sus progenitores. «Saben que alegar motivos económicos ya no les sirve. Decir ‘no tengo trabajo’ o ‘me voy de mi país porque no tengo trabajo’, cuando esa es la realidad de muchos, no les sirve para conseguir el asilo», explica la abogada. Esta especialista asegura que el 94% de los casos son denegados, mientras que el porcentaje restante suele corresponder a personas LGTBI.

La letrada, que muestra su preocupación por la «instrumentalización del colectivo LGTBI», pide un análisis riguroso de la situación. «Los policías de la OAR —Oficina de Asilo y Refugio, órgano dependiente del Ministerio del Interior— están muy bien preparados para detectar cuándo es verdad y cuándo es mentira», indica sobre los profesionales encargados de hacer las entrevistas. Liazid argumenta que en las comparecencias se detecta la veracidad del relato: «He visto muchas entrevistas y, cuando la persona no es gay, el testimonio resulta incoherente. No tiene una línea argumental. Solamente dicen: ‘A mí me gustan los hombres, no me gustan las mujeres’».

Gonzalo Serrano, presidente de la Fundación Arcoíris, explica que el procedimiento para obtener la solicitud de asilo requiere una entrevista con la policía, donde la persona debe exponer su país de procedencia y sus circunstancias. «Ver si a esta persona de verdad le corresponde asilo o no, depende de estos datos», asegura. El activista cuenta que influyen dos factores: demostrar la existencia de persecución en el país de origen —aunque muchas personas carecen de pruebas documentales— y acreditar el contacto previo con asociaciones LGTBI o la participación en la comunidad. «Esto es una ayuda más para comprobar que es real lo que están diciendo», expone.

Cabe recordar que la ley prohíbe estrictamente a los agentes formular preguntas íntimas sobre prácticas sexuales o exigir pruebas médicas y gráficas explícitas. Según la normativa europea y española, la entrevista debe centrarse únicamente en evaluar la credibilidad del relato personal y los hechos de persecución sufridos en su país de origen, sin caer en estereotipos.

Esta noticia también ha sido recogida por algunos medios marroquíes. Una de las personas, cuyo testimonio ha sido recogido por SIX, mandó una imagen del digital morocco360.live, encontrada en Facebook, en la que se puede leer: «Según informes, el 70% de los migrantes marroquíes recurren a la cláusula de ‘orientación sexual’ para evitar la deportación. Los reportajes en medios españoles han generado un intenso debate sobre el proceso de solicitud de asilo para los migrantes marroquíes en la ciudad ocupada de Ceuta. Los datos revelan que aproximadamente el 70% de los solicitantes afirman ante las autoridades españolas ser perseguidos por su orientación sexual».

En su publicación, el portal marroquí utiliza un montaje gráfico en el que se han colocado digitalmente banderas arcoíris sobre una fotografía real de la entrada de migrantes en la playa. El joven, alarmado por el contenido del texto y ante el temor de que esta afirmación pueda perjudicar a las personas LGTBI, se puso en contacto con este medio para verificar la veracidad de la noticia.

Sin embargo, este solicitante de asilo se sintió más calmado al conocer las declaraciones de la abogada Meriem Liazid, quien recalca que los policías de la OAR están muy cualificados para evaluar cada caso y detectar la veracidad de los relatos, lo que asegura que el filtro del sistema proteja estrictamente a quienes realmente lo necesitan.