El primer ministro húngaro Peter Magyar llegó al poder hace seis meses prometiendo cambios. Pero hay temas en los que está decido a seguir los pasos de su predecesor. Y uno de ellos es la migración. Tras las protestas en Francia, su primera reacción fue echar la culpa a los franceses de origen extranjero y utilizar este argumento para justificar su política. “Al ver esta destrucción sin sentido y esta violencia injustificada, quizá ahora quede claro para todos por qué Hungría mantiene la postura más firme posible en materia de inmigración”, declaró Magyar.

Magyar no quiere cambiar las políticas de inmigración y asilo heredadas de Víktor Orbán, incluso si eso le cuesta dinero. Las vallas de alambre en la frontera con Serbia seguirán en pie y Hungría seguirá expulsando a los migrantes que entren irregularmente en el país a través de sus fronteras. Una decisión por la que sigue acumulando una multa diaria de un millón de euros por incumplir una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En junio de 2024, la corte impuso al país esta sanción por no respetar ni los procedimientos de asilo, ni las garantías legales que exige Bruselas.

El primer ministro húngaro, que pertenece a la familia política del Partido Popular Europeo, cree que el endurecimiento de las políticas migratorias europeas juega a su favor. “Hoy en día, muchos países actúan como Hungría, y la sentencia del Tribunal Europea de Justicia no se aplica a ellos. Me parece increíblemente injusto”, ha dicho Magyar. El ahora primer ministro aspira a que se suspenda la multa, a que se le devuelva lo ya recaudado y a mantener su política migratoria restrictiva.

Relacionado con este tema
Derecho al aborto, violencia machista e igualdad LGTBIQ+: décadas de lucha en la diana de PP y Vox
María Martínez Collado

La cuestión no parece molestar a Bruselas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, viajó el viernes 23 de octubre a Budapest para celebrar el 70 aniversario de la revolución húngara de 1956 contra el dominio soviético. En su discurso ante el Parlamento húngaro no se escuchó ni una sola critica, tan sólo palabras de elogio. La jefa del Ejecutivo comunitario destacó que Budapest “ha reforzado las normas para combatir el fraude y la corrupción y ha aumentado la transparencia en el gasto de los fondos públicos”. Y también señaló que con “la reformas de la ley de protección de la infancia, está abordando la discriminación”.

El pasado 13 de octubre, el Parlamento húngaro aprobó una reforma que elimina las restricciones que impedían mostrar contenidos sobre homosexualidad y diversidad de género ante los menores. Cumplió así con la Justicia europea, que había sentenciado que el texto era ilegal. Pero muchas de las restricciones que afectan a las personas LGTBIQ+ siguen en vigor. Todavía no se ha derogado la ley que prohíbe las marchas del Orgullo, no se puede cambiar el marcador de sexo en los documentos oficiales y siguen existiendo restricciones que dificultan la adopción. Aunque ha prometido cambios, el lenguaje de Magyar sigue siendo ambiguo. “El amor y el amor romántico son un derecho fundamental. En una Hungría humana, todo el mundo puede amar a quien quiera y como quiera, siempre que no perjudique a los demás ni infrinja la ley”, declaró recientemente.

Una de las razones por las que los avances son lentos en el ámbito de los derechos LGTBIQ+ es que Magyar “está midiendo cuáles pueden ser las consecuencias políticas en un ámbito muy sensible”, explica Zsuzsanna Végh, analista política del German Marshall Fund. En su opinión, el partido de Víktor Orbán, Fidesz, marcó el relato durante los 16 años que estuvo en el poder y Magyar busca ahora alcanzar una forma de equilibrio con la opinión publica. “No me parece que vaya a ser el principal impulsor de la liberalización, pero tampoco es alguien que comulgue con la política excluyente de Fidesz”, explica.

En sus esfuerzos por desmontar el legado de Víktor Orbán, el método del nuevo Gobierno también ha sido cuestionado. El pasado mes de julio, la supermayoría parlamentaria de la que dispone Magyar logró que se aprobara una reforma constitucional para poner fin anticipadamente al mandato del presidente Tamás Sulyok, un aliado del anterior primer ministro. Organizaciones de derechos humanos advierten de que diseñar una ley para acortar un mandato puede vulnerar las garantías del Estado de derecho. “Compartimos el objetivo y también consideramos que el presidente Sulyok no está a la altura del cargo. Pero la forma en que se le destituye también importa”, afirma Áron Demeter, director de comunicación de Amnistía Internacional Hungría.

Relacionado con este tema
El Parlamento de Asturias aprueba la ley LGTBIQ+ de Asturias con el apoyo del PP y la oposición de Vox
EFE

Magyar también se ha lanzado a una maratón de reformas en la lucha contra la corrupción, creado una oficina de recuperación de activos, una especie de una super-autoridad que puede recurrir a la Policía, la Fiscalía y la Agencia Tributaria. Varios altos cargos han sido detenidos acusados de corrupción, entre ellos el exgobernador del Banco Central György Matolcsy. También se han introducido reformas destinadas a garantizar la independencia de la justicia. “Creo que el comienzo es prometedor, pero, por supuesto, como cualquier otro Gobierno, el de Magyar también deberá estar sometido a un escrutinio constante”, explica Zsuzsanna Végh, analista del German Marshall Fund.

Végh explica que las reformas de Magyar han llevado a la Comisión Europea ha prometer la liberación escalonada de 16.400 millones de euros que estaban bloqueados desde los tiempos de Orbán. Consideraba que existía un riego grave de que el dinero de la Unión Europea acabara beneficiando a empresas y personas cercanas al poder a causa de la corrupción y la falta de transparencia. El eurodiputado Daniel Freund, coordinador de los Verdes en la Comisión de Control Presupuestario, reconoce que en Hungría se están produciendo “cambios reales”. Pero cree que la Comisión Europea debería tomar precauciones antes de liberar los fondos. “Esto entraña riesgos y exige una supervisión rigurosa. Por eso, habría preferido que la Comisión no hubiera actuado con tanta precipitación y hubiera esperado a que las reformas surtieran efecto en la práctica”, concluye.