Hay conquistas históricas que terminamos considerando parte del paisaje: acudir al médico de cabecera sin preguntarnos cuánto costará la consulta, llevar a nuestros hijos a la escuela pública, cobrar una pensión tras toda una vida laboral o recibir una prestación cuando perdemos el empleo. Hemos organizado nuestro proyecto vital contando con ellas. Quizá por eso olvidamos a menudo que costó décadas de lucha conseguirlas y que ninguna de estas certezas está garantizada para siempre.

Tras la devastación de la Segunda Guerra Mundial, buena parte de Europa amplió y consolidó sus sistemas de protección social. Existían antecedentes, pero la amarga experiencia de la guerra y de las grandes crisis económicas reforzó una convicción compartida: una sociedad auténticamente democrática necesitaba ofrecer seguridad objetiva frente a la enfermedad, el desempleo y la vejez. Aquella construcción fue fruto de grandes acuerdos entre distintas familias políticas. Durante las décadas posteriores, el continente experimentó una drástica reducción de las desigualdades y unos niveles de bienestar colectivo que jamás se habían dado en la historia.

Los impuestos directos y las cotizaciones sociales permitieron extender la sanidad, la educación y las pensiones como derechos universales. Más tarde se incorporaron respuestas a nuevas realidades, como la atención a la dependencia. Con matices entre países, se afianzó un principio ético fundamental: mutualizar los riesgos que cualquiera puede sufrir a lo largo de su vida y evitar que el origen familiar determine las oportunidades de un ciudadano. En España, la llegada de la democracia permitió edificar y ampliar decisivamente ese escudo de protección.

Ese pacto social exige recursos suficientes, una fiscalidad progresiva y unos servicios públicos ágiles. Sin embargo, hoy gana espacio un discurso simplista que presenta los impuestos únicamente como una carga confiscatoria, la regulación como un obstáculo al progreso y la protección pública como un gasto prescindible. La iniciativa privada y el crecimiento económico son fundamentales, pero sus beneficios no se redistribuyen de manera automática. Una economía puede mostrar grandes macrocifras mientras miles de familias viven instaladas en la precarización y la incertidumbre.

El índice de Gini nos permite aproximarnos a estas brechas. En esta escala, donde cero representa la igualdad absoluta y cien la máxima desigualdad, los datos del Banco Mundial sitúan a Estados Unidos en un 41,8 y a la Argentina golpeada por las crisis en un 42,4. En el otro extremo, países con estados de bienestar potentes muestran indicadores más equitativos: Canadá (31,5), España (33,4), Francia (31,8), Suecia (29,3) o Finlandia (27,4). Estos datos muestran con claridad que el reparto de la riqueza y de las oportunidades no es una fatalidad inevitable, sino el resultado directo de decisiones políticas.

La desigualdad se vuelve especialmente sangrante cuando abordamos el derecho a la vivienda. Un hogar digno no es solo un techo: proporciona descanso, intimidad, seguridad y estabilidad. Es el espacio indispensable para estudiar, criar a los hijos, recuperarse de una enfermedad y estructurar el futuro. Cuando el precio del alquiler o la cuota de la hipoteca absorben una parte desproporcionada de los ingresos, todo el presupuesto familiar salta por los aires. Tras abonar los suministros, la alimentación y el transporte, apenas queda margen de maniobra. Una avería en el coche, la compra de unas gafas o un tratamiento dental obligan a endeudarse o a renunciar a otras necesidades primarias. El hogar deja de ser un refugio y se transforma en una fuente inagotable de angustia.

Así surge la figura del trabajador empobrecido: personas con empleo formal cuyos salarios resultan insuficientes para llegar a fin de mes. La inflación en los productos básicos mina su capacidad de compra y el coste del suelo asesta el golpe definitivo. El bienestar real de un país no se mide en los titulares macroeconómicos, sino en el saldo restante de esa ajustada cuenta doméstica.

Esta fragilidad atraviesa a todas las generaciones. Frena la emancipación de los jóvenes, condiciona la maternidad y la paternidad, reduce la autonomía personal y convierte un despido o una ruptura familiar en un colapso económico. La protección social no es paternalismo; es la red que permite a las personas afrontar la adversidad con dignidad sin depender exclusivamente de la capacidad económica de su familia.

Otra amenaza silenciosa surge cuando el deterioro o recorte de los servicios públicos empuja a las familias a buscar soluciones privadas. Conviene matizar que la gestión privada de un servicio de titularidad pública no implica siempre un pago directo por parte del usuario, aunque con frecuencia deriva en ello. El auténtico problema se desencadena cuando la cobertura pública se estrecha o se satura. Cuando la sanidad o la educación públicas dejan de responder a tiempo, quien dispone de recursos económicos contrata una alternativa privada; quien no los tiene, espera, renuncia o se resigna. De este modo, la experiencia compartida de ciudadanía se quiebra: el derecho sigue figurando en el texto constitucional, pero su ejercicio real pasa a depender de la cuenta bancaria.

Los datos internacionales confirman esta brecha. Según la OCDE, las personas pertenecientes al tramo de menores ingresos tienen una probabilidad 2,5 veces mayor de declarar necesidades médicas no atendidas que aquellas de rentas altas, debido fundamentalmente al coste económico o a la demora en las listas de espera.

Estos retrocesos no son hipótesis teóricas, sino decisiones políticas concretas. En Castilla y León, la alianza de gobierno entre el PP y Vox conllevó en su momento el recorte de partidas destinadas al diálogo social, la prevención de riesgos laborales y la orientación laboral. Detrás de una subvención calificada demagógicamente de “superflua” había asesores que acompañaban a desempleados, formación en seguridad para trabajadores y atención a personas migrantes.

Las propuestas de la extrema derecha deben analizarse con máximo rigor. Sus planteamientos de suprimir ministerios como el de Igualdad, sustituir las leyes contra la violencia de género por conceptos difusos, recortar la cartera sanitaria a inmigrantes irregulares o derogar leyes de derechos individuales marcan una dirección clara respecto a qué coberturas consideran prescindibles. Igualmente exigible es la responsabilidad de la derecha tradicional cuando asume o valida estos planteamientos para alcanzar o consolidar cotas de poder, aceptando concesiones presupuestarias que debilitan el entramado social.

Defender el Estado del bienestar no significa defenderlo con los ojos cerrados. Al contrario: exige fiscalizar su gestión, evaluar la eficacia de cada euro invertido y corregir sus deficiencias con rigor. Pero también exige pedir a quien promete bajadas masivas de impuestos que explique con claridad a quién beneficiarán realmente y qué servicios públicos piensa recortar para financiarlas. Toda rebaja fiscal en el recibo público suele traducirse en un gasto privado mucho mayor para los hogares.

Cuando nos enfrentamos a las urnas o participamos en el debate público, conviene examinar detenidamente qué propone cada opción, qué hace allí donde gobierna y qué está dispuesta a ceder ante sus socios. Lo que nos jugamos tiene nombres sencillos y cotidianos: atención médica a tiempo, educación de calidad, ingresos durante el desempleo, cuidados para nuestros mayores y un techo pagable. Nadie sabe qué ayuda pública necesitará el día de mañana. Antes de depositar el voto, merece la pena reflexionar qué compromisos nos ofrecen garantías reales para sostenerlas. Nuestra seguridad de cada día también se decide en la política.