La Memoria desliza una de las pocas novedades de calado del capítulo de Extranjería y Trata en Las Palmas ya que «ha asumido una importante investigación penal sobre el trato que reciben los menores extranjeros no acompañados en alguno de los centros de la provincia».

Instruye la causa el Juzgado de Violencia contra la Infancia de Las Palmas de Gran Canaria y, precisa el documento, «actualmente sigue secreta». No ofrece más datos: ni los centros, ni el número de investigados, ni la fecha de apertura.
Las cifras de protección de menores muestran el cambio de criterio de la Fiscalía. Los expedientes de tutela bajan de 2.007 a 1.599 (20,3%) y los de riesgo, de 2.416 a 999 (58,7%), una caída que la Memoria atribuye a un decreto de la fiscal jefa del 3 de diciembre de 2024, que ordena abrir directamente el expediente de tutela a los menores migrantes. El Ministerio Público tramitó 373 expedientes de determinación de edad (733 en Tenerife) y realizó 70 inspecciones a centros de protección, frente a las 49 de 2024.

El Ministerio Público constata un descenso de las denuncias por delito fiscal
El texto denuncia además la alarmante situación de los menores de entre tres y seis años que viven en acogimiento residencial, el retraso de la Dirección General de Protección a la Infancia en remitir informes semestrales y la falta de un teléfono de guardia en ese departamento, que obliga al fiscal de guardia a suplirlo. Este organismo tiene además cuatro refuerzos para tramitar los expedientes derivados de las reubicaciones de menores.

La Memoria enmarca ese trabajo en las reubicaciones de menores migrantes no acompañados que derivan de la reforma de la ley de Extranjería y del real decreto de julio de 2025. Para tramitar los expedientes que generan, la Fiscalía de Las Palmas cuenta con cuatro refuerzos que trabajan en esa materia «de forma exclusiva y excluyente», y la sección de Trata y Extranjería impulsó la creación de un servicio específico de menores extranjeros, dependiente de la Fiscalía de Menores.

Favorecer la inmigración
Por otra parte, los juzgados de la provincia de Las Palmas abrieron 18 causas por favorecimiento de la inmigración irregular en 2025, la Fiscalía formuló 16 calificaciones y se dictaron 26 sentencias, todas condenatorias salvo una. Las condenas recurridas en apelación fueron confirmadas por el TSJ de Canarias.

La mayoría de los procedimientos nacen de la llegada de pateras a Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura. La Memoria describe también otras causas: investigaciones sobre los integrantes de organizaciones, en España y en los países de salida, y redes que facilitan el tránsito hacia otros países de Europa con documentos falsos, en ocasiones a menores a los que se incita a abandonar los centros. En Tenerife el volumen es mucho mayor, con 129 diligencias previas, 14 escritos de acusación y 10 sentencias.

El documento vuelve a reclamar una reforma del Código Penal para castigar mejor a quienes han hecho de esta actividad su «medio de vida» «a modo de actividad profesional». Admite que no se ha realizado ninguna investigación patrimonial a las redes (rastrear el dinero y los bienes de la organización), ni se ha decretado ningún comiso de bienes, ni se ha acusado a ninguna persona jurídica.

Más internos en las cárceles de la provincia
El Centro de Internamiento de Extranjeros de Barranco Seco, el único abierto en el Archipiélago (el de Hoya Fría, en Tenerife, permaneció inoperativo), albergó a 69 internos, todos hombres. La Fiscalía atribuye la escasa efectividad de las devoluciones a una sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de junio de 2020, a la que se refiere en memorias anteriores. Las expulsiones judiciales ejecutadas fueron 29, y 17 las acordadas y no materializadas, según la Brigada de Extranjería.

No se comunicó ninguna detección de víctimas de trata ni en el CIE ni en los centros de atención temporal, que la Memoria considera «totalmente huérfanos de regulación». Los fiscales de Las Palmas incoaron además tres procedimientos por trata de seres humanos y se dictaron dos sentencias condenatorias.
El doble de condenas por conducir con alcohol o drogas
Conducir bajo los efectos del alcohol o las drogas y hacerlo sin el correspondiente permiso son los dos delitos viales que más crecen en los tribunales de la provincia de Las Palmas. Las sentencias por el primero pasaron de 475 a 1.216 (2,6 veces más) y las del segundo, de 654 a 1.382 (2,1 veces más).

Lo recoge el anexo estadístico de la Memoria de la Fiscalía Superior de Canarias de este año 2026, cuyo texto firmado por el fiscal Jaime Serrano-Jover habla de un «significativo aumento» respecto al año anterior, sin explicar de forma detallada sus causas ya que pueden ser muy diversas y que se escapan de la competencia del Ministerio Público.

Sumando los seis delitos contra la seguridad vial que contabiliza el anexo, las sentencias de la provincia suben de 1.197 a 2.715 (126,8%). También se duplican las condenas por negarse a las pruebas de alcoholemia (de 39 a 88), mientras bajan las de conducción temeraria (de 20 a 14).

En Tenerife la tendencia es otra: las sentencias por alcohol o drogas descienden de 1.138 a 1.040 (8,6%) y las de conducción sin permiso suben de 1.128 a 1.249 (10,7%).

La Fiscalía cuenta además 23 fallecidos en otros tantos siniestros en la provincia, de acuerdo con los atestados que recibió de las fuerzas de seguridad: 11 salidas de vía, 6 colisiones entre vehículos, 5 atropellos de peatones y 1 de un conductor de un vehículo de movilidad personal.

La sección especializada de Seguridad Vial de Las Palmas, que se ocupa de los casos con muertos y heridos graves, formuló seis escritos de acusación, asistió a seis juicios y visó 48 calificaciones por lesiones imprudentes. Solo le consta una medida cautelar de retirada del carné, adoptada por un presunto homicidio por imprudencia grave.