El repunte de las llegadas de migrantes impide a Canarias cerrar los macrocentros de menores

Las islas tienen bajo su tutela a 2.630 niños, niñas y adolescentes, más del triple de su capacidad. En octubre han llegado otros 208

Canarias 7, Luisa del Rosario González Las Palmas de Gran Canaria, 26-10-2026

Canarias no ha podido cerrar los macrocentros de menores migrantes como pretendía tras la entrada en vigor de la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería que impuso la solidaridad entre territorios por ley. La intención del Gobierno autonómico era atender a los chicos en instalaciones más pequeñas y mantener las grandes como reserva ante nuevas emergencias, pero la lentitud del proceso de distribución y especialmente el repunte de las llegadas desde septiembre ha obligado a ocupar de nuevo las plazas que habían quedado vacías. Algunos centros vuelven a estar al completo, explica la directora general de Infancia, Sandra Rodríguez.

En lo que va de octubre han llegado a las islas 208 menores, según el último balance facilitado por la responsable del área. En septiembre entraron en el sistema de protección otros 216. Aunque los traslados a la península continúan, las nuevas incorporaciones impiden salir de la situación de contingencia migratoria.
«Canarias tiene aprobada una capacidad ordinaria de acogida de 782 menores tutelados. Tenemos 2.630 menores tutelados. Triplicamos esa cifra. Es lo que no tiene sentido», sostiene Rodríguez.

La presión ha bajado respecto a los momentos más difíciles de la emergencia. Hay 61 centros abiertos, frente a los cerca de 90 que llegó a tener la red, pero los macrocentros siguen siendo necesarios para recibir a los chicos que desembarcan, sobre todo en El Hierro y Lanzarote. «Tenemos la responsabilidad de la competencia en esa primera acogida. Por lo tanto, tenemos que dar respuesta en las islas de llegada», explica.

Presión en El Hierro

El Hierro había conseguido reducir hasta unos 40 el número de menores acogidos. Ahora tiene 104. Son menos de los más de 200 que llegó a atender la isla, aunque la subida de las últimas semanas ha obligado a utilizar de nuevo las plazas disponibles. En Tenerife también se ha llenado un centro de primera acogida que hasta hace poco tenía vacantes. «Las 60 plazas que tenía ya están cubiertas», detalla la directora general.

No todos los macrocentros tienen la misma ocupación. Algunos conservan plazas libres, pero el margen que se había ganado se ha reducido y ha sido necesario destinar a primera acogida instalaciones que no estaban cumpliendo esa función.

El cierre de un centro tampoco significa que se pueda prescindir de él. En Fuerteventura se reabrió uno de forma puntual para recibir a dos hermanas pequeñas. Cuando fueron trasladadas a Gran Canaria volvió a cerrarse, aunque permanece disponible. «De momento es un centro que tenemos ahí para si se producen repuntes», señala Rodríguez.

Otros han cambiado de uso. Parte de los que dejaron de acoger a menores se han transformado en centros para jóvenes extutelados, con 200 plazas actualmente ocupadas. Allí reciben acompañamiento tras cumplir los 18 años para completar el tránsito a la vida adulta, señala Rodríguez. Entre ellos «hay jóvenes que están ahorrando, pero todavía no han conseguido acceder a una vivienda», sostiene.

Mientras, las salidas hacia otras comunidades se mantienen, aunque no siempre con la colaboración de las autonomías de destino. La semana anterior se trasladó a 22 menores y para esta había otros 14 previstos. Las negativas y la falta de respuesta alargan los trámites y retrasan los viajes.

Actuación de Fiscalía

Cuando una comunidad rechaza la acogida, Infancia recurre a la Fiscalía de Menores de ese territorio. «Las fiscalías de menores de las comunidades autónomas ofician que tiene que ser recogido el menor y sin más nos dan la plaza», asegura Rodríguez. Para activar esa intervención necesitan disponer de la negativa por escrito.

En ocasiones ni siquiera llega una contestación. Ocurrió con Extremadura, que respondió y facilitó las plazas después de recibir un requerimiento de Canarias.

La directora general insiste en que esas resistencias demoran los traslados, pero no eximen de la obligación de acoger: «La ley hay que cumplirla» y, de hecho, finalmente la cumplen.

Rodríguez reclama que el conjunto de las comunidades asuma la atención de los menores y recuerda que algunas todavía no han cubierto su capacidad ordinaria. Las islas, en cambio, siguen muy por encima de la suya. «Canarias sola no puede dar respuesta a un hecho que es estructural», advierte.

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