Una de las opciones por la que han optado los inmigrantes que entraron en Ceuta ilegalmente a finales de julio es la de pedir el asilo, con el fin de regularizar su situación y poder viajar a la Península y, desde aquí, a Europa.

El Ministerio del Interior, a través de la Oficina de Asilo y Refugio, está dictando las primeras resoluciones, que en algunos casos son positivas (se habla de 200, según algunos medios), pero el resto, negativas. Y aquí es donde se presenta un nuevo problema para los agentes de la Policía Nacional encargados de entregarles esas resoluciones con el fin de que puedan recurrir y, si no, proceder a su expulsión.

Según han informado a LA RAZÓN fuentes conocedoras del asunto, los agentes desconfían de, finalmente, lograr localizar a estas personas que, se sospecha, permanecen ocultas en algún lugar de Ceuta. «Como mucho, se podrá encontrar a un 10%», estiman, ya que el trabajo está en marcha.

El número de denegaciones podría alcanzar las 400 y, en principio, se descarta que hayan retornado voluntariamente a Marruecos: se sabe que algunos han logrado pasar ilegalmente a la Península, porque, si esa era su voluntad, no habrían formulado la petición.

Tal y como ha publicado este periódico, el número de irregulares en Ceuta a día de hoy puede rondar los 14.000, de los cuales una parte se encuentra en las carpas habilitadas, pero otra parte importante que puede rondar los 8.000 están escondidos en los barrios, en los montes, en los túneles, etcétera. A este respecto, las fuentes incidieron en que es necesario endurecer las penas para los que ocultan a los inmigrantes en pisos patera u otros sitios, ya que, en la actualidad, el asunto les sale prácticamente gratis si se tienen en cuenta las grandes cantidades de dinero que ganan al aprovecharse de la necesidad de los inmigrantes. Entre los que se esconden, según las citadas fuentes, pueden encontrarse aquellos a los que se les ha denegado el asilo y que, por las condiciones que reunían, daban por hecho que la resolución judicial iba a ser negativa. Así, el problema de la inmigración en Ceuta permanece y ni las decisiones oficiales de Interior contribuyen a resolverlo, con lo que una situación que altera la vida ciudadana lleva camino de permanecer en el tiempo.

Las referidas fuentes subrayan la necesidad de poner sobre la mesa otras soluciones legales, que pueden no ser del agrado de algunas fuerzas políticas en plena campaña electoral, para acabar con la irregularidad que suponen los inmigrantes escondidos.

Se debe potenciar la acción de las Fuerzas de Seguridad, con el apoyo logístico de las Fuerzas Armadas, para dar con esos escondites y poner fin a esta situación absolutamente irregular.

Nada más producirse la invasión, los inmigrantes contemplaron, entre las distintas opciones, la posibilidad de solicitar asilo. Prueba de ello fue la manifestación registrada a primeros de agosto en la playa de El Trampolín por para pedir ese derecho.

En la protesta, en la que se vieron algunas banderas de España, los manifestantes exhibieron pancartas en las que se podían leer mensajes reivindicativos como «No queremos volver a Marruecos» o «También somos humanos», mientras coreaban consignas como «Estamos cansados» o «Necesitamos una solución».

Según informaron testigos entonces, algunas de las ONG y colectivos que prestaban asistencia a los inmigrantes en aquel asentamiento ayudaron a varios de ellos a elaborar y escribir los carteles que posteriormente exhibieron durante la concentración, además de animar y jalear la protesta.

Las previsiones indican que la Policía Nacional contará en el mes de enero con otras 2.000 resoluciones negativas y, si no se han adoptado las medidas pertinentes, los agentes se enfrentarán con el mismo problema.

En España, el asilo (estatuto de refugiado) y la protección internacional se conceden a ciudadanos extranjeros o apátridas que huyen de su país debido a un temor fundado de persecución por los siguientes motivos: raza o etnia; religión; nacionalidad; opiniones políticas; pertenencia a un determinado grupo social, género u orientación sexual.

Este último supuesto ha sido utilizado por muchos inmigrantes ilegales marroquíes que aducen que pertenecen al colectivo LGTBI y que por ello están perseguidos en su país. Entre los solicitantes también se podrían encontrar desertores de las Fuerzas Armadas o que se niegan a incorporar al Servicio Militar Obligatorio que en el país vecino es de carácter obligatorio.

En cualquier caso, según las citadas fuentes, la concesión del asilo resulta más que difícil en la mayoría de los casos ya si entraron en Ceuta en la invasión de julio fue por razones económicas o de otro tipo, pero no las contempladas en la legislación española en estos casos.