“Los militares me arrojaron al mar y yo no sé nadar. Podría haber muerto ahogado”. Yassin (nombre ficticio para preservar su anonimato) cuenta que estaba durmiendo cerca de la playa de Benítez cuando cuatro militares se acercaron a él. Según su testimonio, lo golpearon “brutalmente” en la cara, la cabeza y el resto del cuerpo antes de arrojarlo al agua.

Es solo una de las decenas de denuncias por agresiones de militares a personas migrantes que Border Resistance, colectivo que trabaja sobre el terreno en Ceuta, sigue recogiendo semana tras semana. Hace unos días era Samir* el que sufría un episodio similar. El joven estaba durmiendo en el bosque con otros amigos cuando fueron sorprendidos por los militares; empezaron a huir pero él se quedó atrás. “Me rodearon y me dieron una paliza, eran como siete”, explica mientras muestra una brecha en la cabeza y heridas en la espalda, manos y piernas.

Según denuncia el colectivo, entre las víctimas se encuentran personas del colectivo LGTBI que buscan refugio en España.

Así, las denuncias de violencia militar se acumulan incluso después de que varios juzgados de la ciudad autónoma hayan abierto investigaciones por estos hechos y de que el Ministerio de Defensa haya remitido a la Fiscalía las denuncias por malos tratos documentadas por Amnistía Internacional.

Daniel Canales, investigador de Amnistía Internacional y coautor del informe que documentó estas agresiones, comparte su preocupación por estos hechos con Público. “Una de las peticiones que hacíamos desde Amnistía, aparte de la petición de investigación, era que se emitiese una orden de cese inmediato de la violencia contra migrantes y que, además, se apartara temporalmente de sus funciones a militares que pudieran estar implicados en estos hechos”, recuerda.

Casi un mes después del informe emitido por la ONG, los colectivos siguen denunciando agresiones similares, por lo que Canales apunta que “o no se han tomado medidas o no se está haciendo una labor de supervisión adecuada”.

El investigador menciona los audios de militares difundidos por elDiario.es, en los que al menos tres de ellos relatan agresiones a migrantes por sorpresa y tratos vejatorios durante sus turnos de vigilancia. “Sin guantes mola más, porque suena. Pero con guantes duele”, decían entre carcajadas.

La clave, explica Canales, es que en estos casos los militares no actuaban para detener ningún delito. “No hablamos de situaciones en las que los soldados hayan tenido que defenderse de agresiones, ni de que los migrantes estuvieran cometiendo un acto delictivo que justificara la intervención militar para ponerlos a disposición de la policía o de la justicia”, detalla.

Si las denuncias se confirman, sostiene, estaríamos ante “agresiones completamente gratuitas” que podrían vulnerar el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que prohíbe la tortura y los tratos inhumanos o degradantes.

Además, indica al Gobierno que no se debe limitar a investigar los hechos una vez que se produzcan, sino que debe prevenir para que estos hechos no ocurran. Así lo recoge la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas que obliga a los Estados, en su artículo 2, a adoptar medidas eficaces para prevenir la tortura y el artículo 16 extiende esa obligación a otros tratos crueles, inhumanos o degradantes.

“Esa obligación de prevención, cuando hay tanta información disponible de que esto estaba ocurriendo, hace todavía más sangrante que puedan seguir sucediendo estos hechos”, denuncia el investigador de Amnistía, que echa en falta “una actuación mucho más contundente por parte de los poderes del Estado español” tanto para prevenir las agresiones como para investigarlas.

Mientras todo esto ocurre, la Delegación del Gobierno de Ceuta ha mostrado su apoyo a las Fuerzas Armadas desplegadas en Ceuta. Este miércoles el representante ceutí del Ejecutivo, David de la Encina, ha reconocido “el valor, entrega y dedicación” de los efectivos en un vídeo publicado en redes sociales tras una visita a la sede de la Comandancia General.

Un movimiento que, bajo este contexto, Amnistía califica de “llamativo”. El portavoz de la ONG critica que el delegado no haya hecho mención a las investigaciones en curso y denuncia la diferencia de trato entre las agresiones que sufren los migrantes y las que sufren los militares. “Cuando ha habido agresiones a militares por parte de migrantes, han sido detenidos, han sido expulsados, ha habido investigaciones, además, muy rápidas y prontas. En el caso de las agresiones a migrantes por parte de militares, no está pasando lo mismo”, denuncia.

Público ha contactado con el Ministerio de Defensa para preguntar si conocían que se siguen produciendo agresiones, de qué manera supervisa sus intervenciones y qué directrices han dado al personal militar desplegado en la ciudad. El departamento se ha limitado a señalar que el caso ya está siendo investigado por la Fiscalía.