España e Italia pondrán fin a medianoche de este jueves a los controles fronterizos que se impusieron mutuamente el pasado agosto por la crisis migratoria de Ceuta. El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido dejar caducar este 22 de octubre las restricciones extraordinarias sobre los vuelos y las conexiones marítimas procedentes de Italia, mientras que el Ejecutivo de Giorgia Meloni retirará las suyas. El acuerdo pone término a casi tres meses de enfrentamiento diplomático y permite recuperar la normalidad en las conexiones entre ambos países dentro del espacio Schengen.

El Ministerio del Interior anunció este jueves que la decisión se ha adoptado después de un «minucioso análisis de la situación» y que irá acompañada de un refuerzo del intercambio de información entre los dos gobiernos. El objetivo, según el departamento de Fernando Grande-Marlaska, es garantizar «la plena seguridad del espacio común de Schengen» sin mantener unos controles que ambos países habían prorrogado sucesivamente.
El desenlace se cerró tras una conversación telefónica entre Grande-Marlaska y su homólogo italiano, Matteo Piantedosi. La llamada había quedado programada después del encuentro que Pedro Sánchez y Giorgia Meloni mantuvieron al margen del Consejo Europeo celebrado en Bruselas los días 15 y 16 de octubre. Los dos presidentes habían abierto entonces una vía de negociación para buscar una salida a las restricciones.
La decisión española coincide exactamente con el vencimiento de su última prórroga. La orden firmada por Marlaska el 1 de octubre y publicada cinco días después en el Boletín Oficial del Estado fijaba la vigencia de los controles hasta las 24.00 horas de este jueves, 22 de octubre. La propia norma establecía que, llegado ese momento, quedarían levantados automáticamente si el Gobierno no dictaba una nueva prórroga motivada.

Las restricciones afectaban a los pasajeros de vuelos con salida desde aeropuertos italianos y a quienes llegaban por mar desde puertos de ese país. Quedaban fuera las conexiones con otros Estados del espacio Schengen. La retirada de la medida devuelve a esas rutas el régimen ordinario de circulación, sin perjuicio de las comprobaciones de identidad y seguridad que las autoridades pueden practicar al margen de los controles fronterizos restablecidos.

El conflicto comenzó el 1 de agosto, cuando Roma recuperó unilateralmente los controles sobre las llegadas desde España tras la entrada masiva de personas en Ceuta los días 30 y 31 de julio. El Gobierno de Meloni invocó riesgos para la seguridad interior, posibles movimientos secundarios de migrantes dentro de Europa y la amenaza de infiltraciones terroristas. Aquella decisión provocó una reacción especialmente dura en Madrid.

La crisis de Ceuta, que desencadenó las restricciones italianas, había dejado una entrada de unas 72.000 personas según las estimaciones difundidas por Interior. La avalancha desde Marruecos desbordó el dispositivo fronterizo de El Tarajal, obligó a desplegar refuerzos policiales y militares y causó numerosas muertes. Su origen, organización y gestión continúan bajo investigación de la magistrada María Tardón en la Audiencia Nacional.

«Espurios»
La Moncloa replicó el 7 de agosto que Italia había actuado sin previo aviso, con argumentos que consideró «espurios», e insistió en que los migrantes llegados a Ceuta no podían acceder libremente al resto del espacio Schengen por el régimen especial de la ciudad autónoma. Además, reprochó al Ejecutivo italiano que utilizara una crisis española para justificar medidas que juzgó discriminatorias.

En aquel comunicado, Presidencia calificó la decisión de Roma de «injusta, contraria a los intereses de la UE, y discriminatoria para la población española» y reclamó su retirada. El Gobierno español dio un ultimátum que Italia rechazó y respondió, el 8 de agosto, con controles equivalentes sobre los vuelos y los enlaces marítimos procedentes de Italia.

La respuesta española se formalizó mediante una orden de Interior que alegaba una amenaza grave para el orden público y la seguridad interior asociada a la presión migratoria en el Mediterráneo central y a la actividad de organizaciones criminales. La medida nació con una duración de 30 días, hasta el 7 de septiembre, pero fue prolongada en tres ocasiones: hasta el 22 de septiembre, el 7 de octubre y, finalmente, este 22 de octubre.

España e Italia normalizan sus conexiones aéreas y marítimas tras meses de tensión fronteriza

Italia también fue extendiendo sus restricciones. El Ministerio del Interior italiano adujo en septiembre que persistían riesgos de seguridad relacionados con Ceuta y mencionó expresamente la posibilidad de infiltraciones terroristas. Según la información comunicada a la Comisión Europea, su último periodo de controles está previsto hasta el 23 de octubre. El anuncio español confirma ahora que Roma tampoco renovará el dispositivo.

El enfrentamiento había trasladado al corazón de Schengen una disputa política sobre inmigración, seguridad y solidaridad europea. El Código de Fronteras permite reintroducir controles interiores de forma excepcional y temporal ante amenazas graves, pero exige justificar su necesidad y proporcionalidad. España e Italia recurrieron a ese mecanismo para vigilar las conexiones aéreas y marítimas que enlazan sus territorios.

Interior no ha precisado qué información se compartirá, con qué periodicidad ni si se establecerán mecanismos nuevos de coordinación entre los servicios policiales. Tampoco ha anunciado operaciones conjuntas ni cambios en las medidas de vigilancia de las fronteras exteriores. El compromiso comunicado este jueves se limita al intercambio reforzado de información y a la supresión bilateral de los controles extraordinarios.