La Guardia Civil ha detenido a dos miembros de organizaciones de ayuda a migrantes en Ceuta e investiga a otros seis en el marco de una investigación que indaga sobre un supuesto reparto ilegal de aerosoles de gas pimienta y armas blancas. Las pesquisas estudian si se incitó a migrantes a atacar a miembros de las fuerzas de seguridad, según indican fuentes policiales. Agentes del Servicio de Información, unidad encargada de la lucha antiterrorista, entre otras labores, han registrado este jueves un edificio y una nave industrial utilizados por las organizaciones No Name Kitchen y las Brigadas de Apoyo Mutuo, a las que pertenecen las personas implicadas. Fuentes de estas organizaciones rechazan las acusaciones y aseguran que su actividad se limita a la asistencia humanitaria y a la documentación de posibles vulneraciones de derechos. Durante el operativo, los agentes han localizado a tres personas, aunque no ha trascendido su implicación en el caso.

El caso investiga la “tenencia y distribución de instrumentos peligrosos” y, eventualmente, “sustancias estupefacientes”, según el auto judicial de 21 de octubre que autorizó las actuaciones y al que ha tenido acceso EL PAÍS. Los investigadores de la Guardia Civil cuentan con testimonios de al menos dos testigos que, de forma independiente, aseguran haber recibido en esas naves diversos objetos, entre ellos, “aerosoles de pimienta” y “armas blancas”. “Uno de los declarantes identifica de forma concreta a la persona que le entregó un cuchillo”, recoge el magistrado Miguel Ángel Fernández Lupiáñez, de la plaza número 3 de la Sección Civil y de Instrucción del Tribunal de Instancia de Ceuta. También se ha entregado a los agentes un cuchillo y un aerosol que un testigo afirma haber recibido en los lugares que se han registrado, y cuentan con “fotografías” en las que aparece ese testigo, la persona a la que señaló y otros investigados. “Los datos exceden de meras sospechas (…) existen indicios suficientes para considerar que en el inmueble puedan hallarse efectos, instrumentos o vestigios relacionados con hechos constitutivos de infracción penal”, afirma el magistrado.

El operativo policial se ha centrado en un edificio de la calle Argentina, que los miembros de No Name Kitchen utilizan como sede y vivienda, y una nave industrial del polígono de El Tarajal, en Ceuta, usada como instalación de las Brigadas de Apoyo Mutuo. Los agentes tienen permiso para buscar armas, sustancias estupefacientes, materiales inflamables, documentación y dispositivos electrónicos relacionados con los hechos investigados.

Un agente vigila los alrededores de uno de los inmuebles registrados este jueves en Ceuta.
Joaquin Sanchez
En sus fundamentos jurídicos, el magistrado cita distintos preceptos del Código Penal relativos, entre otras conductas, a los desórdenes públicos, los atentados contra agentes de la autoridad y la tenencia o el depósito de materiales peligrosos, aunque estas referencias no suponen una atribución individualizada de todos esos delitos a los activistas.

Tumbados en el suelo
Los guardias civiles han entrado de madrugada en la vivienda alquilada por No Name Kitchen. Según el relato de sus integrantes, han forzado las puertas, los han despertado y les han ordenado tumbarse en el suelo antes de esposarlos. Se han llevado los teléfonos móviles personales de los voluntarios, ordenadores y otros dispositivos electrónicos, según la organización.

No Name Kitchen se ha mostrado sorprendida por la actuación y niega haber incitado a personas migrantes a cometer actos violentos contra las fuerzas de seguridad o haberles facilitado aerosoles de gas pimienta, armas blancas o cualquier otro material para agredir a los agentes. Sus responsables aseguran que su actividad se limita a la asistencia humanitaria y a la documentación de posibles vulneraciones de derechos.

El hospital de Ceuta ha remitido recientemente a los juzgados una veintena de partes de lesiones de inmigrantes que dicen haber sido agredidos por militares. Amnistía Internacional (AI) difundió el pasado 30 de septiembre un informe con evidencias de malos tratos e incluso torturas a inmigrantes y refugiados por parte de miembros de las Fuerzas Armadas.

La organización desmiente también que se hayan encontrado migrantes en situación irregular en la vivienda que tiene alquilada. El domicilio se encuentra en la tercera planta de un edificio de tres alturas y sirve tanto de residencia a los voluntarios como de espacio para organizar los repartos de ayuda. Las otras dos viviendas, según el colectivo, son independientes y no guardan relación con su actividad.

El inmueble pertenece a un conocido empresario ceutí dedicado a la construcción y al comercio de materiales de construcción y electrodomésticos. Aunque el auto judicial lo identifica como una nave industrial, la organización explica que está dividido en tres viviendas. Los agentes también han registrado otra de ellas, donde, según las citadas fuentes, residen trabajadores del propietario. El colectivo rechaza que las personas que pudieran encontrarse allí estuvieran acogidas por sus voluntarios. Su labor, insisten, se centra en la distribución de ayuda y el acompañamiento a quienes permanecen fuera de los dispositivos oficiales.

La segunda intervención se ha desarrollado en una nave industrial del Tarajal utilizada por las Brigadas de Apoyo Mutuo. Fuentes del colectivo aseguran que sus integrantes se encuentran bien, que los agentes se han limitado a identificarlos y que no se ha practicado ninguna detención entre ellos. La organización rechaza igualmente cualquier implicación en la presunta incitación a ataques contra las fuerzas de seguridad.

Ambos colectivos han participado en la atención a las personas que llegaron a Ceuta durante las entradas masivas de los días 30 y 31 de julio y que posteriormente permanecieron en playas, asentamientos y otros espacios públicos. No Name Kitchen lleva más de seis años trabajando en la ciudad. Las Brigadas de Apoyo Mutuo han desarrollado durante los últimos meses labores de reparto de alimentos y productos de primera necesidad, además de prestar atención sanitaria a personas migrantes.

Los registros se producen después de varios meses de controversias en torno a la actividad de las organizaciones humanitarias. Sus representantes denuncian la difusión de informaciones falsas que las presentan como instigadoras de enfrentamientos con las fuerzas de seguridad. Atribuyen parte de esas acusaciones a plataformas, comentaristas y creadores de contenido vinculados a la extrema derecha, así como a su repercusión en determinados medios de comunicación.