España e Italia han acordado no prorrogar los controles fronterizos que recuperaron el pasado mes de agosto para los vuelos y las conexiones marítimas, coincidiendo con la crisis migratoria de Ceuta, según ha informado el Ministerio del Interior español. El Ejecutivo de Giorgia Meloni impuso esta medida el pasado 1 de agosto como respuesta a la entrada irregular a la ciudad autónoma de miles de migrantes procedentes de Marruecos a finales de julio, y el Gobierno español respondió el 9 de agosto con medidas de control en frontera similares que afectaban a los viajeros procedentes de Italia. Los grandes damnificados de este choque que ha durado más de dos meses han sido los numerosos viajeros que tenían a estos países como destino.

La decisión de poner fin a los controles dentro del espacio Schengen, la zona de libre circulación en Europa, se ha tomado después de “un minucioso análisis de la situación” e irá acompañada de un “refuerzo del intercambio de información para garantizar la plena seguridad”, informan en Interior. En el pasado, la Comisión Europea ha planteado a otros países que mantienen de manera sistemática controles supuestamente puntuales —como Alemania, Austria o Francia— el refuerzo de la actuación policial conjunta para controles no sistemáticos, el intercambio de información y un mejor uso de la tecnología, por ejemplo con sistemas móviles de identificación biométrica.

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, acordó la semana pasada con la presidenta italiana, Giorgia Meloni, que comenzarían a trabajar en la reapertura. Como consecuencia, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha mantenido una conversación con su homólogo italiano, Matteo Piantedosi, tras la que se ha producido el anuncio.

En una de las últimas prórrogas, el pasado 30 de septiembre, el Gobierno italiano mantenía que todavía persistían las “dificultades ya detectadas”, en referencia a la existencia de “elevados niveles de riesgo para la seguridad interna, además de un posible peligro relacionado con eventuales infiltraciones terroristas”. “Solo cuando tengamos la certeza de que no hay riesgos de seguridad y de terrorismo y de que no habrá una nueva oleada y de que no haya migrantes irregulares que se dirijan a territorio europeo, nos plantearemos revisar las decisiones que hemos tomado hasta ahora”, aseguraron en el Ejecutivo italiano durante la primera semana de agosto.

Tras la entrada masiva de más de 80.000 personas durante los pasados 30 y 31 de julio, todavía quedan en la ciudad autónoma al menos 10.000 migrantes que cruzaron desde Marruecos en esa gran llegada. Los centros de acogida temporales dispuestos por el Gobierno tienen 7.477 plazas habilitadas y hay 3.019 menores filiados y atendidos en el sistema de protección autonómico, según datos de hace una semana. Más de 12.000 migrantes han abandonado voluntariamente la ciudad, según datos del Ejecutivo.

El ministro del Interior español ha dado por superada una primera fase de la crisis migratoria, en la que se han centrado en la seguridad de la población ceutí y el desalojo de los asentamientos informales para poder hacer los trámites policiales a los migrantes que todavía permanecen en la ciudad. En la segunda etapa quieren intensificar los trámites policiales para lograr la salida de los migrantes que no tienen derecho a asilo y continúan los controles para impedir que personas en situación irregular lleguen a la península, tanto embarcándose con documentación ajena o falsa en los ferris que salen del Puerto de Ceuta rumbo a Algeciras, como en pases clandestinos por mar en barcas o motos acuáticas.