Una jueza federal de California bloqueó parcialmente una ofensiva con la que la unidad principal de investigaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) ha ido en busca de supuestos electores no ciudadanos en varios Estados del país, de cara a las elecciones de mitad de período en las que se pelea el control del Congreso.

El freno de la jueza Araceli Martínez Olguín estará en vigor desde este viernes a las 5 de la tarde hasta el día de los comicios, el 3 de noviembre, se lee en la decisión emitida este miércoles.

El bloqueo impide a los agentes federales realizar algunas operaciones y entrevistas en el terreno en California, Connecticut, Georgia, Misuri, Nevada, Nueva York, Pensilvania, Washington y Wisconsin en busca de personas no ciudadanas estadounidenses que sospechen han votado o están inscritas para sufragar.

HSI, siglas en inglés de la unidad principal de investigaciones del DHS, tiene en marcha una encomienda que el presidente Donald Trump considera clave en la recta final de las midterms: ir tras el supuesto fraude electoral a gran escala por parte de personas no ciudadanas que lo obsesiona, sin que haya evidencia que lo confirme.

Esta oficina ha hurgado en bases de datos con millones de registros de votantes y tocado puertas en casas en Estados como California, Kansas y Texas en busca de posibles migrantes no naturalizados que hayan votado en elecciones previas o estén inscritos para hacerlo en los próximos comicios.

Fotos divulgadas por la propia agencia muestran a los agentes caminando hacia las viviendas, tocando puertas y, en al menos una de ellas, hablando con una mujer que se encontraba en una casa. “LAS ELECCIONES ESTADOUNIDENSES SON PARA LOS ESTADOUNIDENSES”, se lee en mayúsculas en una de las publicaciones en la red X. “HSI está cazando de forma implacable a estafadores y protegiendo la integridad de las elecciones en Estados Unidos”, se advierte en otra.

Es una táctica que dista de las funciones habituales de los agentes de una unidad que tiene como misión investigar movimientos ilegales a través de la frontera, y que ocurre en medio del afán de Trump por azuzar el mismo fantasma del supuesto fraude electoral en las elecciones presidenciales que perdió frente al demócrata Joe Biden en 2020.

El Gobierno justificó en junio el giro en las labores de los agentes del Departamento de Seguridad Nacional con el argumento de que “los votos ilegales diluyen los sufragios de ciudadanos estadounidenses y minan nuestra democracia”.

En la cruzada, el DHS le pidió al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS por su sigla en inglés) que genere listas de personas que se sospecha votaron de forma incorrecta y a HSI que investigue a los individuos identificados en los listados. El DHS también puso como prioridad realizar esas indagaciones en los Estados cubiertos por la orden de la jueza Martínez de este miércoles.

“Se le ordenó a los agentes que completen un mínimo de 40 revisiones de sujetos sospechosos, que requieren que los oficiales no se demoren más de 12 minutos en eliminar a una persona de la lista usando una base de datos comercial. Incluso bajo las mejores condiciones, existe una probabilidad alta de error al revisar porque no hay una base de datos federal que contenga el estatus de ciudadanía de los residentes de Estados Unidos”, escribió la jueza.

La decisión judicial se dio tras una demanda de un grupo de organizaciones y condados que incluyen a California Nurses Association (CNA), National Nurses United (NNU), Voto Latino Foundation, la ciudad y el condado de San Francisco y el condado de Santa Clara, en California.

“CNA y NNU brindaron declaraciones en las que identificaron a por los menos cuatro miembros ciudadanos estadounidenses que [debido a las operaciones del Gobierno] temen ser identificados, vigilados, investigados u obligados a encuentros coactivos con HSI y detenidos”, se lee en el documento judicial. “Estos temores han supuesto intimidación y los miembros han manifestado haber ‘dejado de ir o dejado de participar en eventos relacionados con las elecciones’”, agrega.

En esa misma línea y también ante el temor a que agentes del ICE merodeen los centros de votación en las midterms, otro grupo de organizaciones que representan a minorías demandó en septiembre al Gobierno para evitar que se intimide a los electores.

“Se reporta que el Departamento de Seguridad Nacional ha reasignado a cientos de empleados de HSI y del USCIS y ha adoptado nuevas directivas internas para acelerar las investigaciones relacionadas con las elecciones. El Congreso no creó al Departamento de Seguridad Nacional para que supervise las elecciones o determine quién es elegible para votar”, se lee en esa demanda.

“Los miembros de la comunidad que antes saludaban el acercamiento y ayuda a los votantes están menos dispuestos a abrir sus puertas e ir a los eventos comunitarios (…) porque temen a los encuentros con agentes federales”, añade el documento.

No hay pruebas que sustenten lo que dice el Gobierno
Con el foco en los migrantes que presuntamente están registrados para votar de forma ilegal, el secretario de Seguridad Nacional, Markwayne Mullin, dijo en julio que había cerca de 250.000 no ciudadanos inscritos para sufragar en un puñado de Estados.

Esto es algo que ha sido refutado por estudios, que coinciden en que es extremadamente raro que personas no ciudadanas acudan a las urnas en Estados Unidos. El Center for Election Innovation and Research, una organización no partidista, actualizó sus hallazgos tan recientemente como este septiembre.

“La revisión halló que las alegaciones del posible registro o voto de no ciudadanos parecen surgir de malentendidos, caracterizaciones erróneas o fabricaciones sobre datos complejos de los votantes”, precisó en su página web.

“Si bien ningún sistema puede ser siempre perfecto, en cada Estado, los funcionarios electorales y otras agencias investigan exhaustivamente estas denuncias. (…) Estas investigaciones han encontrado casos extremadamente raros de no ciudadanos registrados y menos casos todavía de no ciudadanos que han votado”, agregó.

Documentos que el propio Gobierno entregó a la organización Democracy Forward tras un pedido a través de la Ley de Libertad de Información arrojan luz sobre cómo se ha puesto en marcha la ofensiva en busca de supuestos electores no ciudadanos.

Los documentos mostraron que HSI consideró usar agentes encubiertos para investigar a organizaciones que el Gobierno sospecha registran a personas no ciudadanas para votar, sobre todo en Nueva Jersey y Pensilvania, este último un Estado bisagra cuyas carreras son clave en las elecciones de mitad de período.

“Los registros producidos también detallaron que la agencia obtuvo 26.235 registros del USCIS y 50,6 millones de registros de las listas electorales del Departamento de Justicia para investigar el llamado fraude electoral. De forma notable, el ICE puso prioridad a algunos Estados para cada una de esas bases de datos, incluyendo Texas, Pensilvania, California, Nueva Jersey, Minnesota, Míchigan, Arizona, Florida y Ohio”, precisó Democracy Forward en un comunicado.

Precisamente en California parece haber concentrado la Casa Blanca su ofensiva. El lunes, en un operativo policial que algunos consideran desproporcionado y que fue bautizado como Operación Proteger el Voto, agentes federales arrestaron a 11 personas en distintas ciudades del Estado, de un total de 28 imputados.

Se les acusa de haberse registrado ilegalmente para votar y, en algunos casos, de haber sufragado varias veces. Algunos de los acusados que han comparecido ante los tribunales han dicho a medios de comunicación que no recuerdan haberse inscrito en el padrón electoral.

El operativo forma también parte de una ofensiva más amplia contra los funcionarios electorales de California. La semana pasada, el Departamento de Justicia presentó una demanda en la que los acusa de negarse a colaborar para verificar si más de 20.000 personas que no son ciudadanas estadounidenses estarían inscritas indebidamente en el padrón. En una respuesta al tribunal, autoridades del Estado precisaron que una revisión a una muestra de 200 de esos 20.000 registros arrojó que un porcentaje considerable, 38,9%, correspondía a personas nacidas en Estados Unidos.

Desde otro frente, este mismo lunes, el Gobierno federal solicitó a un juez de Los Ángeles una medida cautelar preliminar para que ordene apartar esas boletas “hasta que confirmemos que son ciudadanos estadounidenses”. Los funcionarios electorales mantienen su negativa a atender los requerimientos del DOJ. Sostienen que existen suficientes filtros para verificar quiénes se inscriben para votar y alegan que el organismo federal infringe una ley que prohíbe a los Estados modificar los padrones electorales durante los 90 días previos a una elección.