Antes de que su abogado, Pedro J. Díaz, pudiera darle la noticia, el único ciudadano español nacionalizado al amparo de la ley de nietos que acudió al Tribunal Constitucional para adherirse al recurso de amparo del Defensor del Pueblo ya le había enviado el enlace de la información con el fallo. El pleno del tribunal de garantías había inadmitido, por diez votos a dos, el recurso que reclamaba restablecer el derecho al voto de más de 160.000 nacionalizados, entre ellos el suyo. Junto al enlace, el hombre, español de origen argentino, escribió una pregunta tan breve como cargada de desazón: “¿Y ahora qué se puede hacer?”. El portazo judicial lo dejó triste y desmoralizado, aunque no ha conseguido apagar del todo su esperanza. Su abogado, sin embargo, mira al futuro con mucho menos optimismo. Las posibilidades de que los afectados puedan votar el próximo 29 de noviembre son, a su juicio, “pocas o ninguna”.

La documentación que ambos reunieron para este proceso no va a acabar en un cajón. Se ha sumado a la que han recopilado otros dos ciudadanos españoles nacionalizados al amparo de la misma ley, uno de ellos de origen francés y otro que vive en Alemania. Los tres, representados por Pedro J. Díaz, del despacho del exjuez Baltasar Garzón, se han personado este miércoles ante el Tribunal Supremo. Lo han hecho antes de que venciese el plazo fijado por el alto tribunal para que los afectados se personen y hagan alegaciones en el procedimiento en el que se acordaron las medidas cautelares que suspendieron el derecho al voto de los españoles residentes en el extranjero nacionalizados a través de la ley de nietos.

La desazón no se limita a los ciudadanos afectados. Pedro J. Díaz, su abogado, tampoco oculta su desconcierto ante una decisión que considera difícil de justificar. “Es muy flagrante y arbitrario todo lo que está pasando”, sostiene. A su juicio, lo ocurrido constituye una “lesión flagrante del derecho al sufragio activo”. Pese a la contundencia de sus palabras, asegura que la inadmisión del recurso no le ha pillado del todo por sorpresa. Díaz reconoce que el porcentaje de recursos de amparo que el Tribunal Constitucional admite a trámite es muy bajo. Lo que sí parece haberse estrechado es el margen jurídico para revertir la situación. “La petición del Defensor del Pueblo al Tribunal Constitucional era la única vía legal posible y, a día de hoy, es imposible”, lamenta.

Mientras tanto, el derecho al voto de 160.000 españoles en las próximas elecciones generales continúa en el aire. La decisión queda ahora en manos del Tribunal Supremo, que el pasado 12 de octubre ratificó la suspensión cautelar del sufragio. Este miércoles, el Tribunal Constitucional le ha devuelto la última palabra. Para los afectados, la incertidumbre sigue intacta y las vías para combatirla cada vez son menos. “La decisión del Constitucional ya es firme e inamovible”, sentencia el abogado Pedro J. Díaz.

A pesar de que se podría volver a presentar otro recurso de amparo, no cambiaría nada. “Si las circunstancias no han cambiado y el procedimiento principal sigue su curso en el Supremo, cualquier recurso que se presente ante el Constitucional volverá a encontrarse con la misma respuesta. No se van a contradecir”, opina. El tribunal de garantías considera que el recurso del Defensor del Pueblo es “prematuro”, puesto que el procedimiento sigue abierto en el Supremo y aún no se han agotado todas las vías de la justicia ordinaria. Es precisamente ahí donde los afectados concentran ahora sus esfuerzos.

A lo que se enfrentan ahora los afectados es a un proceso judicial complejo en el Supremo que, según calcula el abogado, podría prolongarse al menos un mes. “Si se acelerara mucho, llegaríamos justo antes de las elecciones, pero sería algo atípico. Creo que el procedimiento principal se resolverá antes de que acabe el año; que lo haga antes de los comicios sería excepcional”, sostiene. Sea cual sea la fecha, advierte de que “el daño ya está hecho”. El abogado defiende que el derecho al sufragio activo es inherente a la condición de ciudadano español mayor de edad y que no puede quedar en suspenso por una decisión judicial. “Si eres nacional y eres mayor de edad, tienes el derecho de sufragio activo sí o sí. No se puede privar a ningún ciudadano de ello. No hay ninguna resolución judicial que pueda suspender ese derecho”, argumenta.

El despacho del exjuez Baltasar Garzón ya se ha personado ante el Supremo con tres casos bajo el brazo, aunque les gustaría que hubiesen sido muchos más. En los últimos días han recibido miles de mensajes y peticiones de ayuda desde Estados Unidos, Alemania, Francia, Brasil, Ecuador y México, aunque una parte importante llega desde Argentina. “Es verdad que, aunque para un abogado es más complicado por el tema documental, si hay más personas puede que suponga más presión en un juicio”, reconoce Díaz. Aun así, defiende que basta un solo caso para poner de manifiesto que no se trata de un problema individual, sino de una cuestión de interés general que afecta a miles de personas.

La voluntad de ayudar choca, sin embargo, con dos obstáculos difíciles de sortear en tan poco tiempo. La falta de recursos y una burocracia que se vuelve más pesada cuanto mayor es la distancia. Para que los abogados puedan representar a cada afectado necesitan un apoderamiento, un trámite que desde el extranjero puede convertirse en una carrera de obstáculos. Hay dos vías para conseguirlo, acudir al consulado español correspondiente o recurrir a un notario. “La opción más común es la vía del consulado de España de la ciudad donde esté cada uno. Eso requiere tiempo porque, por ejemplo, en el caso de Buenos Aires, el consulado está dando citas para este tipo de trámites de aquí a un mes. Además, hay gente que no vive en ciudades donde haya consulados”, explica una fuente vinculada al proceso.

La alternativa notarial tampoco resuelve el problema de inmediato. Una vez formalizado el documento, hay que tramitar la apostilla de La Haya, con las gestiones y los costes adicionales que conlleva. Por eso, el despacho ha tenido que limitarse a los casos cuya documentación estaba ya más avanzada. La intención era reunir al mayor número posible de afectados, pero sin renunciar a la solidez documental necesaria para respaldar cada personación.