Cada mes despegan desde el aeropuerto alemán de Leipzig aviones con destino a Afganistán. Son vuelos chárter de la aerolínea turca Freebird (“Pájaro libre”, en español), un nombre que puede sonar a broma de mal gusto para sus pasajeros: ciudadanos afganos deportados a Kabul en contra de su voluntad. Cerca de 300 afganos han sido expulsados por las autoridades alemanas a su país de origen desde 2025, desde que tomó posesión el actual Gobierno federal. La gran mayoría eran condenados por crímenes, pero en los últimos traslados están siendo incluidas cada vez más personas sin antecedentes penales.

En Alemania residen más de 450.000 afganos. Los últimos datos de la Oficina Federal de Estadística indican que a finales de 2025 había 22.000 de ellos sin derecho a permanecer en el país, por lo que pueden ser deportados en cualquier momento por orden del Gobierno del Estado federado en el que residen. Mediendienst Integration, medio especializado en migración, recibió en junio del Gobierno federal datos más actualizados: son más de 15.000 personas las que están en situación de ser repatriadas a Afganistán.

Alemania es el país europeo que más ha hecho por el restablecimiento de las relaciones con el régimen talibán. Pese a que el Ejecutivo alemán (formado por los democristianos y socialdemócratas) no reconoce la legitimidad del régimen talibán, sí admite que “gobiernan de facto”, las reuniones con representantes del grupo fundamentalista son regulares y es el único país de la UE que les ha permitido reabrir representación diplomática en los consulados de Berlín, Múnich y Bonn.

“Es un caso flagrante de hipocresía”, denuncia Fereshta Abbasi, experta en derechos humanos en Afganistán de la ONG Human Rights Watch. Representantes de la Comisión Europea y de varios países de la UE se reunieron en junio en Bruselas con una delegación de los talibanes. También Francia tuvo un primer contacto bilateral este octubre. Austria ha deportado a varios afganos desde 2025, con penas por crímenes graves, pero ningún Estado miembro ha ido tan lejos como Alemania. “Condenan a los talibanes, saben lo que sucede allí, pero envían a gente pese a que actualmente es el país con las peores condiciones en derechos humanos, sobre todo para las mujeres”, dice Abbasi.

EU opens channels to the Taliban
Un grupo de afganos es escoltado en el aeropuerto de Hannover tras ser admitidos en Alemania, el 11 de noviembre de 2025.
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La hipocresía que denuncia Abbasi se expone en la información que aporta el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán en su página de internet sobre sus relaciones con los talibanes: “Cuando el Gobierno federal y los aliados internacionales mantienen contacto con las autoridades del Gobierno de facto de Afganistán, este se centra en el acceso a ayuda humanitaria y proteger los derechos humanos, sobre todo los derechos de mujeres y niñas”.

Alemania va en cabeza en las repatriaciones forzosas a Afganistán, pero se ampara en el nuevo marco europeo para limitar la migración. Desde junio se aplica en la Unión Europea un reglamento de retornos que agiliza la deportación de personas en situación irregular o que las autoridades del Estado miembro consideren que suponen un peligro. El Consejo de la UE, en un comunicado del 1 de octubre, destacaba que dos terceras partes de las personas que por ley deben abandonar la UE no lo hacen. La nueva regulación da más margen para su detención y deportación.

Los dos últimos vuelos alemanes a Kabul se llevaron a cabo en septiembre, con escala en Turquía. Estaba previsto un vuelo el 13 de octubre, pero fue cancelado, según la ONG Deportation Watch. Una portavoz del Ministerio del Interior alemán afirmó en junio a la agencia DPA que el objetivo era poder enviar tres aviones al mes a Afganistán.

El último chárter hacia ese país fue el 15 de septiembre. Aquel día, en rueda de prensa, el portavoz de Interior, Lars Harmsen, confirmó que en una primera fase se deporta a condenados por la justicia e individuos que son considerados “un peligro”; después se establecerá “un mecanismo de repatriación regular y estable” para personas en situación irregular.

55% sin antecedentes criminales
La prioridad de las autoridades alemanas ha sido hasta ahora deportar a migrantes con antecedentes criminales, pero la tendencia ya está cambiando. En julio de 2025, un año después de activar el plan de deportaciones, se deportó al primer afgano sin causas penales con la justicia. Después ha habido más, pero sin que el Ministerio del Interior concrete cifras. Pese a ello, el Gobierno dio una pista en septiembre en una respuesta parlamentaria al partido Die Linke: desde mediados de julio hasta mediados de septiembre, de las casi 500 personas que los Estados federados habían solicitado deportar a Afganistán, el 55% no tenía antecedentes policiales de tipo alguno.

Para Amnistía Internacional, tampoco los condenados por la justicia deben ser repatriados, según indicó la organización en un comunicado reciente: “La deportación a Afganistán es un peligro de vida para cada caso. La deportación no debe ser utilizada como una forma de castigo. Personas condenadas por un crimen deben ser procesadas según la ley alemana. Una condena nunca justifica una deportación que viola los derechos humanos”.

El Ministerio del Interior celebró en septiembre una sentencia judicial en el Estado de Hesse que sienta un precedente favorable a sus intereses. Un tribunal de Kassel denegó la petición de protección especial de un demandante afgano para evitar su deportación, alegando el peligro que afrontaría en su regreso. La sentencia asegura lo contrario: “La situación en Afganistán es segura al no haber ya un conflicto armado”. “Por eso los hombres sanos, con capacidad de trabajo y una red familiar en aquel país no pueden solicitar la protección subsidiaria”, añade el tribunal.

“El juez confirma una posición que hace tiempo que defendemos: que Afganistán es un país claramente más seguro para las personas mencionadas [hombres sanos en edad laboral]. Por eso continuaremos llevando a cabo los planes de deportación”, declaró a la revista Focus Alexander Throm, diputado de la democristiana CDU, el partido del canciller, Friedrich Merz.

“El Gobierno quiere enviar un mensaje para responder a la política de AfD”, considera Sabour Zamani, fundador del Centro de Comunicación y Cultural Afgano de Berlín. Zamani se refiere al enorme crecimiento electoral del partido de extrema derecha con una estrategia radical en contra de los extranjeros en Alemania. “Las deportaciones de afganos están siendo utilizadas para esto, nos criminalizan, pero quien está cometiendo un crimen es el Gobierno federal”.

Zamani asegura que tiene constancia de por lo menos una persona que ha sido deportada sin cargos porque no contaba con ningún nivel de protección: finalizó su visado de formación y, al no tener empleo, fue devuelto a Afganistán.

Daniel es un joven de 21 años que el 20 de octubre almorzaba con un amigo en el Sofreh Balkh, un restaurante de cocina afgana de Berlín. A Daniel (se identificó con este nombre y sin apellido) le termina en cuatro meses la protección que impide su deportación. Llegó a Alemania con 16 años y pudo continuar con un permiso de estudios. Esta autorización finaliza y debe encontrar un trabajo de forma urgente porque, de lo contrario, asegura visiblemente nervioso, lo pueden retornar a Afganistán. “En Alemania soy un extranjero”, dice Daniel en un perfecto alemán, “y con Afganistán no tengo nada que ver, no hay libertad, no hay empleo, no hay futuro”.

Junto a Daniel se sientan Hamid, de 22 años, que sí tiene la condición de refugiado, y Tamin Badrih, de 33, el propietario del restaurante. La conversación es difícil; Hamid no quiere detallar qué circunstancias personales le garantizaron ser refugiado, solo indica que es miembro de una de las minorías étnicas reprimidas por los talibanes. Badrih rompe a llorar: llegó a Alemania en 2013 después de que los talibanes llegaran a su aldea en la provincia de Balj y asesinaran a seis de sus familiares.

“Lo peor es para las mujeres; Afganistán es una prisión para ellas, no pueden hacer nada, no tienen ningún derecho”, añade Daniel.

Mujeres, la línea roja
Abbasi advierte de que el Gobierno alemán no ha explicitado que las mujeres no serán deportadas. Lo secunda Zamani: “En la lista de personas que deben abandonar el país hay mujeres, no hay distinción”. En Alemania hay más de 2.100 afganas que están registradas como personas que deben abandonar el país.

Katharina Schoenes, experta del partido Die Linke en el Bundestag, no cree que haya ahora un riesgo de expulsión de mujeres afganas: “Según lo que sabemos, la cuestión no está sobre la mesa; que una persona tenga la obligación de abandonar el país no quiere decir que la deportación sea segura”. Wiebke Rannenberg, representante de la principal organización alemana para la defensa de los refugiados, Proasyl, indica, citando un documento filtrado del Ministerio del Interior del land de Hesse, que la directriz sigue siendo deportar a hombres.

Una portavoz de la Administración federal para la Migración y los Refugiados, la institución del Gobierno encargada de decidir el estatus de protección, subraya que el Ejecutivo considera “la situación de las mujeres y niñas en Afganistán como un riesgo para su vida pública y sus derechos fundamentales”. Por eso, continúa la portavoz, las mujeres afganas “tienen una excepcionalmente alta probabilidad de recibir protección, siempre teniendo en cuenta las circunstancias individuales de cada caso”.