En torno a un centenar de migrantes que entraron en Ceuta entre el 30 y el 31 de julio ya tienen la protección internacional que les permite permanecer legalmente en España y les reconoce el derecho a residir y trabajar en el país. Así lo han confirmado a este periódico diversas fuentes internas, que constatan que las resoluciones de asilo concedidas desde el 31 de julio ascienden a 180 expedientes. No obstante, no todas son de migrantes que llegaron a Ceuta en el cruce masivo, sino que algunos de ellos corresponden a personas que ya estaban previamente en la ciudad. Los relativos a las personas que llegaron a finales de julio se cifran en algo más de un centenar.

Desde entonces, se han presentado en total 1.200 solicitudes de protección internacional y, hasta ahora, el Ministerio del Interior solo había dado a conocer que 700 de ellas habían sido “resueltas”. Fernando Grande-Marlaska rechazó aclarar cuántas de ellas habían sido aceptadas y cuántas denegadas en su última rueda de prensa en Ceuta, el pasado viernes. Según fuentes internas, las denegaciones superan ya las 900 y la cifra total de solicitudes presentadas se eleva más que la proporcionada por Interior, hasta las 1.500.

Marlaska sí confirmó que el dispositivo desplegado para dar respuesta a la emergencia ampliará aún más sus efectivos, para tramitar “no menos” de 100 expedientes diarios en el Centro de Atención Temporal para Extranjeros (CATE). Tras el estudio individualizado de sus casos, en las últimas semanas decenas de migrantes que permanecen en Ceuta desde hace casi tres meses han recibido la notificación de que su expediente de protección ha sido aprobado.

Aunque en ese centenar hay varias nacionalidades, los primeros casos de asilo se han concedido a las personas con situaciones “más claras de necesidad de protección internacional”, según las fuentes consultadas. Estas personas han recibido o bien el estatus de refugiado mediante la concesión del derecho de asilo, o bien la llamada protección subsidiaria, las dos figuras que se engloban bajo el concepto de protección internacional. Ambas garantizan el derecho a residir y trabajar legalmente en España, pero se diferencian en los motivos que justifican su concesión: mientras que el asilo se reconoce a quienes acreditan un temor fundado de persecución por razones de raza, religión, nacionalidad, opiniones políticas, orientación sexual, identidad de género o pertenencia a un determinado grupo social, la protección subsidiaria ampara a quienes, sin reunir esos requisitos, sí se enfrentan a un riesgo real de sufrir daños graves si regresan a su país, como la pena de muerte, la tortura o las amenazas contra su vida derivadas de la violencia indiscriminada en un conflicto armado.

Casos LGTBIQ+ y violencia de género
Por nacionalidades, el grupo más grande en lograr la protección internacional ha sido marroquí, con medio centenar. En concreto, son más de 30 magrebíes del colectivo LGTBIQ+, que documentaron la persecución sufrida tanto por su orientación sexual como por su identidad de género en Marruecos. El asilo les ha sido concedido no en función de su orientación sexual ―a pesar de que el código penal marroquí castiga las relaciones sexuales entre personas del mismo sexo con penas de entre seis meses y tres años de prisión―, sino porque han acreditado un temor fundado de sufrir persecución si regresan a su país de origen, así como la falta de protección efectiva por parte de las autoridades marroquíes frente a la violencia, las amenazas y otras vulneraciones graves de sus derechos fundamentales. La misma situación la ha documentado una decena de senegaleses, a los que también se les ha otorgado protección.

Hay otro grupo de cerca de una veintena de mujeres senegalesas y marroquíes a las que se les ha concedido la protección por violencia de género y también varias subsaharianas con contextos de violencia sexual por mutilación genital, supuestos que el Pacto Europeo de Migración y Asilo contempla expresamente.

Tres jóvenes migrantes en el paseo de la playa de Benítez, en Ceuta.
PACO PUENTES
No obstante, la causa más común para haber aprobado los expedientes de protección internacional a los migrantes llegados a Ceuta ha sido la situación de conflicto armado en los países de origen. Este supuesto está recogido en el Pacto Europeo sobre Migración y Asilo y en la legislación española en la Ley 12/2009, que reconocen el derecho a protección a los civiles cuya vida o integridad se encuentre gravemente amenazada por la violencia indiscriminada derivada de un conflicto armado, ya sea internacional o interno. En concreto, se les ha concedido a más de 60 sudaneses o sursudaneses, una decena de ciudadanos de Malí y otra de Palestina, y otros ocho de Yemen.

La concesión del asilo a los ciudadanos sudaneses no solo cumple con el estándar habitual español (el 90% de las peticiones resultan favorables), sino que además se produce en un momento de especial vulnerabilidad para los sudaneses en Ceuta. Más de un centenar de asociaciones denunciaron ante el Defensor del Pueblo que los pasados 23 y 24 de septiembre una treintena de migrantes de Sudán y Chad fueron expulsados de Ceuta antes de que pudieran siquiera iniciar los trámites de protección internacional. Entidades como Amnistía Internacional u Oxfam Intermón comprobaron las irregularidades y la vulneración del derecho a asilo, acreditando que a estos ciudadanos ni siquiera se les brindó la posibilidad de solicitarlo.

Sin traslados a la Península
Aunque estos más de 100 migrantes ya están bajo el amparo de la protección internacional, aún permanecen dentro de los diferentes recursos de acogimiento temporal de Ceuta. Durante los próximos días realizarán el último trámite en las dependencias policiales para conseguir la tarjeta de identificación, con la que podrán abandonar la ciudad autónoma y moverse libremente por el resto del territorio español.

El plazo habitual son 10 días desde que se les comunica la resolución favorable, pero la situación de absoluta excepcionalidad en la que se ha desarrollado el procedimiento está provocando que tampoco este período de tiempo se esté cumpliendo. De hecho, según ha acreditado este periódico, muchos de estos migrantes ni siquiera han sido notificados oficialmente de la resolución de su expediente, sino que se han enterado a través de la publicación oficial en el BOE.

Una vez obtengan la tarjeta de identificación, podrán elegir si entrar en el programa de protección internacional que se hará cargo de su traslado a la Península y posterior reubicación, o si prefieren emprender ese camino por sus propios medios.

Denegaciones “masivas”
Aunque los trámites de los primeros casos de protección internacional se iniciaron a principios de agosto, hasta ahora no se han conocido los expedientes aprobados. Durante tres meses, el Ejecutivo ha rechazado cada ocasión para comunicar estas cifras, centrándose exclusivamente en los casos de asilo que habían sido denegados. En sucesivas declaraciones, el ministro de Política Territorial y mando único activo en Ceuta, Ángel Víctor Torres, ha dibujado un panorama sombrío para los solicitantes: “Quienes aspiran a la protección internacional deben saber que la mayoría no la van a tener y van a ser devueltos”, reiteró la semana pasada.

El objetivo era desalentar que el número de solicitudes siguiera creciendo y acrecentara el atasco de los expedientes administrativos aún por resolver. Y no solo eso. También alentar los retornos voluntarios. La convocatoria electoral, además, paralizó el Real Decreto Ley con el que el Gobierno pretendía acelerar las expulsiones de migrantes limitando, precisamente, el acceso al derecho al asilo.