Un tercio de las mujeres prostituidas en Nafarroa han visto sus derechos vulnerados
Médicos del Mundo ha presentado en el Parlamento de Nafarroa un nuevo informe que recoge la vulneración de derechos de mujeres prostituidas o en situación de trata. El informe evidencia la existencia de una brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación práctica.
Gara, , 21-10-2026Un tercio de las mujeres prostituidas y/o víctimas de trata han experimentado alguna situación de vulneración de derechos por parte de las instituciones o de la administración pública en Nafarroa. Así lo recoge el nuevo informe elaborado por Médicos del Mundo, que este miércoles ha realizado una presentación ante la Comisión de Igualdad y Presidencia del Parlamento de Nafarroa.
Durante la sesión, la entidad ha presentado los resultados de ‘El derecho a tener derechos: mujeres prostituidas en Navarra. Sistematización de vulneraciones de derechos en la atención a mujeres en situación de prostitución y/o trata en Navarra’. Según ha explicado, este trabajo surgió con la intención de recabar y analizar esta clase de situaciones para poder mejorar así las políticas y el sistema de atención.
Además de mencionar los diferentes puntos en los que se basa el trabajo, la organización ha explicado también los seis ámbitos en los que ha clasificado las diversas situaciones de vulneración de derechos que ha podido identificar gracias a su intervención con mujeres en situación de prostitución y víctimas de trata: la salud, la protección social, la atención a la dependencia, la acreditación de violencia, el acceso a recursos específicos, la atención institucional a la violencia sexual y la tramitación administrativa en materia de extranjería.
De este modo, las portavoces de Médicos del Mundo han relatado algunos de los casos reales vividos por mujeres que han atendido, como «situaciones relacionadas con dificultades de acceso al sistema sanitario, problemas en la acreditación de la condición de víctima de violencia contra las mujeres, obstáculos para acceder a recursos de acogida, barreras en procedimientos de extranjería, dificultades para el reconocimiento de situaciones de dependencia y limitaciones en el acceso a prestaciones y recursos de protección social».
Médicos del Mundo ha transmitido que tras el trabajo de observación y acompañamiento realizado, considera que estas vulneraciones se dan de forma sistemática a través de la «persistencia de obstáculos administrativos, institucionales y procedimentales» que continúan limitando el acceso efectivo a los derechos de muchas mujeres. Es por ello que han comunicado a los grupos parlamentarios su preocupación ante la ausencia de mejoras en los últimos años.
Como conclusión, las portavoces de la organización han señalado que el informe evidencia la existencia de una brecha entre el reconocimiento formal de derechos y su aplicación práctica, ya que en lugar de garantizarlos, ciertas prácticas deficientes llevadas a cabo por el personal de la administración pública obstaculizan los «derechos recogidos en diversas normas de ámbito autonómico, estatal e internacional».
Del mismo modo, la organización ha destacado las graves consecuencias que estas prácticas deficientes pueden tener para la seguridad y bienestar de las mujeres prostituidas y/o en situación de trata, ya que muchas de ellas acumulan factores de vulnerabilidad.
Doce recomendaciones
Con el objetivo de poner fin a cualquier demora requisito añadido o interpretación restrictiva de la normativa, Médicos del Mundo ha llamado a la acción a los grupos parlamentarios y ha pedido que promuevan cambios que garanticen el acceso efectivo a los derechos.
Finalmente, ha enumerado una serie de recomendaciones dirigidas a las administraciones públicas para corregir las barreras detectadas. Entre ellas, propone «mejorar la aplicación de la normativa vigente, facilitar el acceso a la atención sanitaria y social, agilizar procedimientos administrativos clave para las víctimas de violencia y reforzar la coordinación entre los distintos sistemas de atención».
Igualmente, considera importante fortalecer la formación especializada de los y las profesionales para mejorar la atención a estas mujeres, así como «establecer mecanismos de seguimiento que permitan evaluar la efectividad de las medidas de protección y atención».
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