“La ciudad ocupada de Ceuta sigue sufriendo las repercusiones de la afluencia de migrantes, ya que las autoridades son incapaces de dar cabida a los miles de personas que aún se encuentran dispersas por toda la ciudad, algunas durmiendo a la intemperie y otras recurriendo a instalaciones proporcionadas por organizaciones benéficas y de la sociedad civil, e

n medio de la presión sobre el gobierno español para que encuentre soluciones a la crisis que amenaza con prolongarse durante meses, y quizás hasta el próximo verano".

Así analiza el digital Hespress la situación de la ciudad autónoma española, causada por la invasión de 80.000 personas, en su casi totalidad marroquíes, es unos hechos que investiga la Justicia española y, según se anunció, también Rabat, sin que se conozcan de momento resultados en este segundo caso.

“El gobierno del presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, se enfrenta a una creciente presión por parte de la Unión Europea y de sectores de la opinión pública descontentos con la forma en que se está gestionando el asunto, coincidiendo con las próximas elecciones del 29 de noviembre. El gobierno de izquierda pretende agilizar la tramitación de las solicitudes de asilo, preparándose para devolver a un gran número de inmigrantes a sus países de origen, en particular a Marruecos, basándose en que sus motivos migratorios son económicos y no justifican la concesión de protección internacional,

una tendencia que suscita preocupación entre las organizaciones de derechos humanos por la posible violación de sus derechos", subraya.

“A pesar de las garantías de Sánchez de que su país está gestionando la afluencia de migrantes de forma responsable, con solidaridad y respeto a los derechos humanos, las ONG y los abogados advierten sobre los riesgos de deportación sin una revisión exhaustiva de los casos, especialmente dado que entre los de Ceuta se encuentran menores no acompañados y personas LGBTQ+ marroquíes que temen ser encarceladas si son devueltas. Estos casos plantean dudas sobre la capacidad de los procedimientos simplificados para garantizar una evaluación justa e individualizada de las solicitudes de protección”, aagrega.

Mohammed Ben Issa, director del Observatorio del Norte para los Derechos Humanos, subrayó que reducir el hacinamiento en la ciudad ocupada de Ceuta es una medida necesaria, pero que agilizar la tramitación de los casos no debe ir en detrimento del derecho de cada persona a una evaluación individual de su situación, ni del derecho de los solicitantes de protección a tener un acceso efectivo a los procedimientos de asilo,

a beneficiarse de asistencia jurídica y traducción, y a garantizar su derecho de apelación, de conformidad con los convenios internacionales de derechos humanos.

Pidió a las autoridades españolas que proporcionaran alojamiento y atención sanitaria, y que dieran prioridad al interés superior del menor, además de abrir una investigación sobre las denuncias relacionadas con las operaciones de repatriación que se llevaron a cabo sin garantías suficientes. El responsable del observatorio de derechos humanos hizo hincapié en la necesidad de verificar que el llamado retorno voluntario se base en un consentimiento libre e informado, y advirtió contra la explotación del deterioro de las condiciones de acogida como medio para presionar a los migrantes y obligarlos a marcharse.