El conflicto abierto entre la propietaria de un piso de Egia y la familia que sigue habitando en él dos años después de que en 2024 venciera el contrato de alquiler, y sobre el que pende una orden de desalojo que estaba prevista para este lunes pero fue paralizada la semana pasada durante dos meses, está cerca de llegar a un final satisfactorio para ambas partes. El alcalde de San Sebastián, Jon Insausti, aseguró ayer que el Ayuntamiento ofrecerá a los actuales moradores del inmueble – una familia paquistaní de seis miembros (padre, madre, abuelos, una niña de 10 años y un niño de 8) – una alternativa habitacional a través de Etxegintza, la entidad municipal responsable de la política de vivienda en la ciudad.

De este modo el clan, en situación de vulnerabilidad, no se quedará en la calle, al tiempo que la propietaria, una donostiarra de 44 años que, habiéndose superado los plazos legales del arrendamiento, necesita su vivienda al haber dejado de convivir con su expareja, podrá volver a su domicilio.

La noticia cogió por sorpresa a ambas partes, que se enteraron de la iniciativa del Consistorio a través de DV. Por separado, coincidieron en mostrar una mezcla de esperanza y escepticismo. «A ver qué pasa», fue el mensaje común que expresaron a este medio.

En la rueda de prensa posterior a a la celebración de la junta de gobierno municipal, el primer edil donostiarra insistió en su mensaje de que en materia de vivienda en San Sebastián «no se va a dejar a nadie en la calle». Insausti admitió la complejidad de este caso. «Estamos hablando de dos perfiles vulnerables, de que ambos necesitan una solución habitacional».

Explicó que el Ayuntamiento trabaja «para que la propietaria vuelva a su piso, que le corresponde», al tiempo que también busca una salida para que la familia que ocupa la vivienda no se quede en desamparo. Es por ello que anunció que el gobierno local va a ofrecer a esta familia un recurso habitacional de Etxegintza, lo que permitirá a la dueña recuperar su piso.

Preguntado por los plazos previstos para llevar a buen puerto este desenlace, Insausti no se aventuró a dar fechas pero confió en que no será necesario agotar la prórroga de dos meses dada por el juez para proceder al desahucio. «Deseo que esa sea la fotografía final, y estamos haciendo todo lo posible para que así sea, trabajando tanto con Ainara para que vuelva a su hogar, y también trabajando con la familia para que disponga de un recurso de Etxegintza», concluyó.

Este caso fue destapado la semana pasada por el sindicato de vivienda Saretxe, que anunció el inminente desahucio de «una familia con dos niños menores en situación de vulnerabilidad». Según explicaron las portavoces de la plataforma, el cabeza de familia «se encuentra en rehabilitación tras sufrir un accidente laboral y someterse a varias intervenciones quirúrgicas. Además, en la vivienda conviven menores y personas mayores, la familia carece de una alternativa habitacional y sus ingresos para cubrir los gastos del hogar son muy escasos». A pesar de ello, mantienen al día los pagos de la renta de alquiler. La organización encarteló el barrio de Egia para denunciar el desalojo.

La propietaria del piso, Ainara Moreno, una donostiarra de 44 años «de Egia de toda la vida», no daba crédito cuando vio en la web de DV que esta entidad había convocado una rueda de prensa para denunciar el caso y al encontrarse su barrio empapelado con carteles al respecto.

Decidió explicar la situación a través de este periódico, aportando nuevos detalles y corrigiendo algunas de las afirmaciones que había realizado la plataforma antidesahucios.

Detalló que lleva más de dos años intentando recuperar su vivienda una vez que en 2024 se cumplieron los cinco años de alquiler mínimo que marca la Ley de Arrendamientos Urbanos que rige su contrato, pero que quienes habitan el piso se han negado a hacerlo.

Apuntó que el alquiler está a nombre de una persona de origen paquistaní que regenta un negocio de alimentación en el centro de San Sebastián, por lo que puso en duda su situación de vulnerabilidad. Y que le constaba que en el piso había «más gente empadronada» pero que no había sido capaz de descubrir quienes eran.

Explicó que necesita recuperar su vivienda porque antes de 2024 finalizó la relación que mantenía con la persona con la que convivía y que no tiene otro hogar. En este tiempo ha estado viviendo a caballo entre la casa de su madre, la de su hermana y la de una amiga. También que, al igual que los moradores de su casa, se considera una persona vulnerable, pues trabaja como camarera con un «sueldo mileurista» y tiene que hacer frente a una hipoteca de mil euros al mes por el piso en cuestión, por el que cobra 800 de renta.

DV ha podido desentrañar varias de las aparentes contradicciones entre ambas versiones y dar a conocer la realidad. Tal y como se informó ayer en estas páginas, la cuestión es que quien habita la vivienda no es la persona que figura en el contrato quien, efectivamente, regenta un negocio, sino su hermano y su familia, a los que dejó el piso, en el que no vive desde hace varios años.

Así las cosas, el caso pone en colisión dos situaciones de necesidad real de una misma vivienda: la propietaria que necesita su piso para vivir, y una familia inmigrante vulnerable con menores a cargo que por su situación y la realidad del mercado no encuentra quien le alquile otra vivienda. La intervención del Ayuntamiento debería dar una solución a ambas.