La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha ordenado al Ministerio de Defensa que identifique las posibles incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas territoriales españolas durante la crisis de Ceuta del pasado 30 de julio. La magistrada quiere conocer las fechas y horas exactas de esas entradas, qué embarcaciones participaron, si hubo alguna reacción de la Armada española y si existen grabaciones de los movimientos militares. La decisión abre la puerta a una nueva línea de investigación sobre la actuación de Marruecos durante la avalancha migratoria que desbordó la frontera, después de que el propio Gobierno español haya reconocido públicamente la existencia de incursiones navales.

En un auto fechado este miércoles, Tardón requiere al Ministerio de Defensa, a través del jefe del Estado Mayor de la Defensa (JEMAD), información sobre cualquier entrada, permanencia o tránsito de embarcaciones militares marroquíes en aguas españolas adyacentes a Ceuta entre el 29 de julio y el 10 de agosto. La investigación se extiende, además, a posibles incursiones posteriores, hasta la recepción del requerimiento judicial.

La magistrada quiere saber también si esos movimientos obligaron a intervenir, aproximarse o reaccionar a buques de la Armada española o a cualquier otra unidad militar. El requerimiento comprende igualmente los posibles encuentros con embarcaciones de vigilancia, salvamento o seguridad pertenecientes a otros organismos estatales. Si existen grabaciones de las incursiones, Defensa deberá entregarlas al juzgado.

La decisión tiene especial trascendencia porque la propia Tardón reconoce que, hasta ahora, las actuaciones carecen de pruebas objetivas que permitan vincular los movimientos navales marroquíes con la organización de la entrada masiva de inmigrantes. Sin embargo, considera necesario esclarecer unos hechos cuya existencia, según destaca, ha sido admitida por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios de sus ministros.

La magistrada subraya que, aunque con «diferentes valoraciones», distintos miembros del Ejecutivo han reconocido «como hecho cierto» que «sí se habría producido la intrusión de buques de la Armada de Marruecos en las referidas aguas españolas».

Ese reconocimiento gubernamental lleva a la instructora a ordenar comprobaciones que permitan determinar las circunstancias de los movimientos militares y valorar posteriormente si procede ampliar las pesquisas.

Tardón advierte expresamente de que «no existe elemento objetivo alguno que permita afirmar que una eventual presencia de unidades navales marroquíes en aguas territoriales españolas adyacentes a la Ciudad de Ceuta tuviera participación, intervención, colaboración o relación causal con los hechos que motivaron la incoación de estas diligencias».

La resolución responde a una petición de la acusación popular ejercida por Iustitia Europa, que reclamaba una investigación mucho más extensa, con acceso a documentación militar operativa, registros de radares, comunicaciones entre las armadas española y marroquí, informes de inteligencia e incluso documentación clasificada.

La organización también pretendía recabar información del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas (CIFAS), de Frontex y de organismos europeos de observación satelital. Solicitaba, además, comunicaciones diplomáticas mantenidas con Rabat y la eventual desclasificación de documentos secretos.

Tardón rechaza esas diligencias por desproporcionadas y por carecer, en el actual estado de la investigación, de una conexión objetiva suficientemente acreditada con los hechos investigados. La jueza deja abierta, sin embargo, la posibilidad de acordar nuevas actuaciones cuando Defensa facilite los datos requeridos.

La investigación sobre los movimientos de la Armada marroquí se incorpora a unas diligencias judiciales que han adquirido una dimensión cada vez mayor desde que la Audiencia Nacional asumió la competencia el pasado 7 de septiembre.

El procedimiento investiga la entrada masiva de inmigrantes procedentes de Marruecos los días 30 y 31 de julio, principalmente a través del espigón del Tarajal. Interior llegó a estimar unas 72.000 entradas, mientras que el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras (CENIF) manejó una horquilla de entre 75.000 y 85.000 personas, sin disponer todavía de un recuento definitivo.

La Audiencia Nacional considera indiciariamente que aquella movilización respondió a un proceso organizado, con distintos niveles de coordinación y posibles ramificaciones internacionales. Entre las hipótesis penales examinadas figura un delito contra la paz o la independencia del Estado, junto con delitos relacionados con la inmigración irregular, la organización criminal y las muertes registradas durante los cruces.

El nuevo frente naval coincide con otras diligencias destinadas a reconstruir la actuación de Marruecos antes y durante la crisis. El informe remitido por el CNI a la magistrada el pasado 14 de octubre sostiene que los servicios de inteligencia marroquíes conocían las convocatorias para entrar en Ceuta y describe una respuesta insuficiente de sus fuerzas de seguridad durante las horas de máxima presión fronteriza.

La inteligencia española había alertado el 29 de julio al gabinete de la Delegación del Gobierno y a un interlocutor de la Guardia Civil de la convocatoria de una entrada masiva por mar y por la valla. También trasladó información a los servicios secretos marroquíes.

El pasado 16 de octubre, Tardón ya había reclamado al Estado Mayor de la Defensa informes de inteligencia militar, imágenes satelitales de la frontera y documentación del CIFAS, incluida la interceptación del programa Santiago. También ordenó incorporar los informes militares elaborados entre el 15 de julio y el 7 de agosto.