La diputada de Más Madrid Tesh Sidi aprieta, desde el Congreso de los Diputados, para que el Gobierno apruebe por la vía del Real Decreto-Ley la ley de nacionalidad del pueblo saharaui, que decayó por la convocatoria electoral a pesar de que había sido aprobada en la Cámara Baja contando incluso con la abstención del PP. Ese es el principal argumento que ha esgrimido la diputada para pedir a los ministros de su ala del Gobierno que presionen a Pedro Sánchez para aprobar el decreto y convalidarlo, después, en la Diputación Permanente.

Sidi ha exigido “valentía” al presidente del Gobierno y “que no deje tirados una vez más a los ciudadanos saharauis” ni “a las miles de familias votantes del PSOE y del PP que acogen cada año a niños saharauis”. También esas familias “se enfrentan a la discriminación migratoria que sufre el pueblo saharaui en el Estado español”. “Vamos a seguir apretando antes y después de las elecciones”, ha zanjado. La Diputación Permanente permanece activa hasta el 23 de diciembre, cuando está fechada la sesión constitutiva del Congreso de los Diputados que emane de las elecciones generales del 29 de noviembre.

La diputada ha lamentado que la ley no pudiera ser aprobada de forma definitiva por culpa de las enmiendas que registró el PP en el Senado, algo que retrasó su tramitación y comportó que la iniciativa decayera con la convocatoria electoral.

La representante de Más Madrid ha puntualizado que la ley de nacionalidad saharaui ya se diseñó para poder impulsarse “tanto en forma de proposición de ley como en forma de Real Decreto-Ley”. La norma “otorga la nacionalidad saharaui por carta de naturaleza, algo contemplado en la vía del decreto, y no contraviene ningún derecho fundamental”, ha abrochado.

La pelota, con todo, está en el tejado del Gobierno. El Congreso no puede impulsar leyes una vez se han convocado elecciones. Solo existe la vía del decreto, que es cosa del Consejo de Ministros. La Diputación Permanente, en la que el Gobierno de coalición tiene mayoría progresista incluso sin Junts per Catalunya, sí tiene el deber de votar su convalidación como máximo un mes después de su aprobación.