La vicepresidenta del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, almorzó el lunes con el portavoz del PP en el Congreso, Eduardo Zaplana, dentro de la ronda de contactos con los grupos parlamentarios para hablar de inmigración y de otros asuntos pendientes, como la tramitación de la Ley de Memoria Histórica.
El Gobierno anunció hace dos semanas una oferta de pacto de Estado ante la crisis de la llegada masiva de subsaharianos, y después de que el jefe de la oposición inaugurase el nuevo curso político con una batería de medidas de alcance nacional y también en relación a la UE para hacer frente al problema.
El inicial recelo de los «populares» al gesto del Ejecutivo se mantiene vivo después de escuchar a la vicepresidenta. Desde el principio han dicho que se trataba de una maniobra de «distracción» y para «eludir responsabilidades».
Hechos, como que ayer el PSOE se opusiese en la reunión de la Junta de Portavoces a la propuesta del PP de crear una comisión mixta Congreso-Senado sobre inmigración, se valoran, por parte del PP, como la constatación de que no hay intención real de impulsar ese acuerdo, como tampoco de «corregir» la política.
Comparecencia de ministros
Zaplana habló ayer de «pacto de boquilla y de silencio», y denunció que el Gobierno «no sólo se equivoca sino que es incapaz de reconocerlo». «¿Si alguien quiere acordar, ¿qué mejor que un foro específico para llegar a acuerdos?», se preguntó, en alusión a la petición de una comisión mixta. «Los socialistas lo que practican es la ley del embudo porque la situación les ha desbordado y ahora sólo buscan el apoyo y en la medida de lo posible el aplauso de mi partido», sentenció.
El PP ha solicitado la comparecencia de todos los ministros Rubalcaba, Caldera y López Aguilar relacionados con la cumbre de la UE celebrada la pasada semana en Tampere (Finlandia), en la que países como Alemania o Austria se unieron para criticar implícitamente la regulación masiva realizada por el Gobierno español.
Al tiempo, el Grupo Popular registrará más de un centenar de preguntas por escrito, coordinadas por la diputada María Salom, relacionadas con la grave crisis abierta en inmigración. Entre otras cosas, se interroga al Ejecutivo sobre si se están respetando los derechos humanos de los inmigrantes que intentan acceder a las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, cuántos inmigrantes en embarcaciones irregulares han llegado a las costas de Fuerteventura durante los ocho primeros meses de 2006, qué número de desaparecidos en el Océano Atlántico en el trayecto entre África y las Islas Canarias ha habido durante 2005, cómo piensa el Gobierno combatir la inmigración ilegal existente a día de hoy, cuántas embarcaciones irregulares han llegado a las costas de Andalucía en lo que va de año, si tiene previsto el Gobierno construir nuevos Centros de Estancia Temporal de Inmigrantes, cuál es el promedio de estancia en situación de paro de un extranjero, cuántos extranjeros tienen contrato indefinido, cuál es la distribución por comunidades y nacionalidad de los extranjeros que están en el paro, cómo va a garantizarse que no habrás más regulaciones extraordinarias y masivas de inmigrantes en situación irregular…