El Gobierno de Ceuta recrudece la disputa con el Ejecutivo de Pedro Sánchez. El equipo de Juan Jesús Vivas recurre a la vía judicial e interpone un recurso contencioso – administrativo, ante el Tribunal Supremo para que Moncloa aligere la tramitación de los expedientes de los migrantes que llegaron de forma ilegal a la ciudad autónoma los pasados 30 y 31 de julio. Así lo anunció este miércoles el portavoz del Ejecutivo ceutí, Alejandro Ramírez, tras el Consejo de Gobierno en el que se decidió elevar el pulso con Sánchez tras no haber obtenido respuesta a un primer requerimiento presentado por la ciudad autónoma el pasado 18 de septiembre. Un gesto que prueba que, lejos de calmarse las aguas, Vivas sigue presionando a Moncloa por su «inactividad» en la gestión de la crisis.

Una de las acusaciones principales que el presidente ceutí ha dirigido al Gobierno de Sánchez, una vez empezó a señalar sus responsabilidades en la entrada masiva de más de 70.000 personas provenientes de Marruecos, ha sido la desatención de sus obligaciones constitucionales «antes, durante y después» de lo acontecido en las costas del enclave norteafricano. Y en esa dirección va la última decisión tomada por el Ejecutivo local, que optó por activar la vía judicial con el fin de redoblar la presión sobre Moncloa.

A pesar de que desde el Ministerio de Política Territorial insisten en la movilización de recursos en Ceuta, que ha permitido el retorno a Marruecos de más de 12.700 personas desde el 10 de agosto, en el Gobierno de la ciudad aseguran que ninguna de las personas que entraron irregularmente ha sido devuelta a través de un procedimiento de expulsión o devolución. En este sentido, precisaron, estos trámites se han ejecutado por voluntad de los migrantes o mediante una expulsión pero por haber cometido algún delito. «Queremos saber si se están tramitando las devoluciones con los medios suficientes, cuántos expedientes se han iniciado, el tiempo de duración y el calendario para devolver a estas personas ya que la devolución es fundamental para que Ceuta pueda volver a la normalidad. No sabemos los que se han quedado ni quiénes son», denunció Ramírez.

«Efectivamente, recibimos un requerimiento que se ha contestado pertinentemente de manera denegatoria porque, semana tras semana, lo que se ha demostrado a través del trabajo intenso coordinado por el ministro Ángel Víctor Torres es todo lo contrario a inacción», defendió la portavoz del Gobierno, Elma Saiz, este martes en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. Una línea en la que inciden fuentes de Moncloa, que resaltan el trabajo «minucioso» realizado el pasado domingo por las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la barriada Poblado Regulares, en la explanada del Tarajal, en las naves del mismo punto y en el entorno del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes (CETI). Una operación que se saldó con el traslado de 200 menores migrantes no acompañados a los recursos de protección de Ceuta, tal y como detalló Torres,mando único en esta crisis, en sus redes sociales.

Al poco de conocerse la decisión adoptada por el Ejecutivo ceutí, el ministro de Política Territorial replicó a la iniciativa del equipo de Vivas. «Es curioso, porque los mismos que hablan de inacción son capaces de recurrir al Supremo sin dar ni una explicación sobre su gestión en esta crisis», arremetió Torres, en un mensaje en el que volvió a reiterar las medidas tomadas por Moncloa para restaurar la normalidad en la ciudad autónoma. En su publicación, el ministro se quejó de las «trabas» que ha colocado, a su juicio, el Gobierno local para usar espacios previamente consensuados. «En la respuesta al requerimiento hemos insistido en que gracias a las medidas desplegadas hemos pasado de dos recursos a 10 espacios con más de 7.400 plazas. Se han desalojado los grandes asentamientos de migrantes y se han reforzado los triajes», objetó el ministro.