Repatriar a los inmigrantes que llegan a España en situación irregular no es una tarea fácil. Y menos cuando se trata de personas que proceden de países africanos que llegan en cayucos sin documentación y a los que hay que identificar primero y, después, lograr que sus países los reconozcan como ciudadanos y les abran la puerta de vuelta a casa. De esta labor se encarga la Policía y no siempre con demasiado éxito por las numerosas trabas burocráticas que encuentra. En la mayoría de los casos, expiran los cuarenta días estipulados de estancia de un inmigrante en un centro de internamiento sin que los agentes hayan conseguido resolver la expulsión. Los inmigrantes quedan entonces en libertad con una orden de expulsión imposible de cumplir. Prueba de ello es la advertencia del consejero de la Presidencia del Gobierno canario de la semana pasada, en la que anunciaba que unos 6.000 inmigrantes concluían el período máximo de retención en los centros y por ello se iban a ver obligados a dejarlos en la calle ante la imposibilidad de repatriarlos o derivarlos. Las cifras constatan todas estas dificultades. De los cerca de 25.000 inmigrantes indocumentados procedentes del África Subsahariana que han llegado a Canarias desde enero hasta el pasado 22 de septiembre en cayuco, el Gobierno sólo ha logrado expulsar a 3.300, es decir, uno de cada ocho, según informaron a este periódico fuentes de Interior. En concreto, entre enero y julio de este año fueron enviados a sus países de origen 2.732 personas procedentes de países como Guinea Bissau, Mali, Senegal, Nigeria y Mauritania. A esta cantidad habría que añadir otros 600 más en los diez vueltos fletados por el Ministerio del Interior a Senegal en los dos últimos meses. No obstante, lo ocurrido hasta ahora no es nuevo. Las mismas dificultades han existido en años anteriores. Ya en 2004 Interior logró ejecutar sólo el 26 por ciento de todas las expulsiones de inmigrantes que ordenó. Las cifras nada tienen que ver con las ofrecidas ayer por la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, quien aseguraba que, hasta ayer, se habían materializado más de 65.000 repatriaciones de irregulares, de los que 13.000 eran africanos. El ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, elevaba el pasado 1 de septiembre a 52.757 el montante total sin pormenorizar países y modalidad de la repatriación. Los sindicatos policiales dan sus propios datos. La Confederación Española de Policía (CEP) asegura que «el Gobierno maquilla las cifras e incluye en el concepto de repatriación otros que engordan el volumen total, como las devoluciones en frontera, retornos o readmisiones», explicó su portavoz de Inmigración, Rodrigo Gavilán. «Lo cierto es que en el último año han entrado en España 690.000 personas, según el INE, y la Policía no ha expulsado a más de 12.000. La política del Gobierno es un fracaso, todo el mundo le ha dado la espalda, así que tendrá que asumir sus responsabilidades políticas y tendrá que dejar de ocultar la verdad a la opinión pública», añadió. El portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Maximiano Correal, opinó que «hay que dar presunción de veracidad a los datos que ofrece el Gobierno pero, en cualquier caso, los 52.000 expulsados de los que habla Rubalcaba son una gota en el océano teniendo en cuenta que en España se calcula que hay 800.000 irregulares». Desde su punto de vista, «el verdadero problema no está en los cayucos. Los subsaharianos son una inmigración beneficiosa porque vienen a trabajar y en la estadística policial de hechos delictivos su implicación es irrelevante. El principal foco de irregulares nos llega por los aeropuertos. Calculamos que se quedan en España más de medio millón de extranjeros que han llegado como turistas pero que pasados tres meses no regresan a sus países y acaban viviendo como inmigrantes irregulares. En épocas como la actual, se pueden estar quedando en nuestro país cerca de 3.000 personas al día». Debilidades del sistema Correal subrayó la importancia de crear en la Policía una unidad específica que se encargue de investigar a las personas que viven en situación irregular. «La Comisaría General de Extranjería es una unidad administrativa exclusivamente que se encarga de tramitar las expulsiones. Las mafias conocen las debilidades del sistema español mejor que los políticos y utilizan los puntos flacos de la legislación de extranjería» como, a su juicio existe con los menores inmigrantes. Es más, cree que «a este paso nos vamos a convertir en la guardería de Europa» por elevado número de menores que está llegando. No obstante, el Gobierno prevé emplearse a fondo en la lucha contra la inmigración ilegal, como demuestra el hecho de que en los presupuestos de 2007 ya ha previsto una partida de 48 millones de euros para este fin, lo que supone un incremento del 43,7 por ciento. Además, las partidas destinadas a la acogida y la integración en el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales subirán un 9,9 por ciento, hasta los 250 millones. El Ministerio del Interior prevé ampliar el Servicio Integrado de Vigilancia Exterior (SIVE) de detección de irregulares para garantizar la cobertura de la frontera sur de la Unión Europea. Se completará el despliegue de los operativos fijos de Cádiz, Huelva, Gran Canaria, Tenerife y La Gomera y se iniciará el de Murcia. El Ministerio de Trabajo destacó la inclusión por primera vez, en el programa de «Acción humanitaria a inmigrantes», de una partida de 17,98 millones para financiar la acogida básica y humanitaria de los irregulares que, están llegando a Canarias, Andalucía, Ceuta y Melilla en situación de especial. No obstante, «ya ha pasado el momento álgido» de llegada de cayucos porque está empezando a funcionar la cooperación con los países subsaharianos, dijo ayer la secretaria de Estado de Inmigración, Consuelo Rumí, a TVE. A esta circunstancia hay que añadir que, con la llegada del invierno, comienza a menguar la llegada de inmigrantes por las malas condiciones meteorológicas. Rumí señaló que la cooperación con los países africanos es el modelo que exporta España a la UE y aseguró que ya funciona con Mauritania y está empezando a funcionar con Senegal, dijo esperanzada.