La Policía Nacional ha entregado a la juez María Tardón los informes íntegros que elaboró sobre la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales del mes de julio en una diligencia destinada a comprobar si los documentos que posteriormente difundió el Gobierno a través de la web de La Moncloa fueron publicados completos o si, por el contrario, se omitieron o se suprimieron partes de su contenido. La magistrada de la Audiencia Nacional había reclamado la documentación original para poder cotejarla con la versión que se hizo pública y determinar si existían diferencias entre ambas.

La entrega de los informes completos constituye uno de los elementos centrales de las diligencias abiertas para reconstruir cómo se gestionó la crisis migratoria y qué información manejaron los distintos organismos del Estado durante aquellos días. La investigación documental no se limita, sin embargo, a los informes policiales. A instancias de la instructora, la Unidad Central Contra las Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (Ucrif) también ha remitido el conjunto de las alertas que trasladó sobre la entrada masiva en Ceuta, más de una veintena de comunicaciones emitidas desde el día 29 de julio, cuando se produjo la avalancha de inmigrantes, hasta mediados de agosto. El objetivo es disponer de una secuencia completa de los avisos cursados durante ese periodo y reconstruir qué información se transmitió a las autoridades, cuándo se hizo y a través de qué canales. Cobra especial relevancia la manera en la que se fue trasladando la información desde las unidades que se encontraban sobre el terreno hasta los órganos centrales de Interior.

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La petición judicial alcanza, asimismo, a otros organismos del Estado. La magistrada ha reclamado la misma documentación al Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y a la Guardia Civil, de modo que la investigación pueda disponer también de la información que manejaron.

EL MUNDO ha tenido acceso a la primera comunicación que la Comandancia de Ceuta realizó al Ministerio del Interior ante la entrada masiva a la ciudad autónoma. La alerta se mandó a las 12.18 horas. En ella se advierte de que entre las 08.00 y las 11.30 horas «900 personas no controladas» habían accedido al territorio español. «Todo esto ante la pasividad de las autoridades marroquíes», agrega. Esta alerta, según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, se remitió entre otros unidades a la Sala de Operaciones y Servicio de Madrid, al servicio de Costas y Fronteras así como al Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras.

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Junto a los informes íntegros y las alertas, ha entregado también las comunicaciones interministeriales relacionadas con la entrada masiva. Entre ellas figuran los intercambios de información entre las distintas jefaturas de la Policía y el Ministerio del Interior, así como las comunicaciones dirigidas a la Secretaría de Estado de Seguridad. La documentación incluye igualmente los contactos mantenidos con el Ministerio de Defensa.

La magistrada ha acordado en los últimos días nuevas diligencias, que incluye tomas de declaración. Ha citado como testigos a tres consejeros de la Ciudad Autónoma, a sendos mandos de la Policía Nacional y la Guardia Civil y a tres policías que estuvieron presentes en la frontera el 30 y 31 de julio.

El martes 27 de octubre deberán comparecer los consejeros mencionados por el presidente de la Ciudad, Juan Jesús Vivas, ante la juez por su presencia en las zonas afectadas o por su participación en la gestión de la crisis. Se busca con ello determinar «la información disponible en cada nivel de responsabilidad institucional».

Un día antes los citados son en entonces inspector Jefe del Cuerpo Nacional de Policía y el teniente coronel del Guardia Civil jefe de Operaciones de la Comandancia de Ceuta. Y el día 30, tres policía que estuvieron sobre el terreno.

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También reclama que se identifique a un tal Ahmed, mencionado en las declaraciones previas como una persona que había avisado de movimientos inusuales en el lado marroquí de la frontera. Fue descrito como un interlocutor «constante y fiable» de la Guardia Civil.

La instructora se dirige también al Jefe del Estado Mayor de la Defensa y le reclama abundante información de inteligencia, incluido lo captado por el programa Santiago inteligencia y guerra electrónica en la frontera de Ceuta. La solicitud incluye «el informe original del REW 32» que se mencionaba en los documentos desclasificados. El Regimiento 32 de Guerra Electrónica del Ejército de Tierra REW 32 emitió un aviso previo que revelaba que Rabat ya contemplaban el 27 de julio «una posible entrada masiva a Ceuta». Debería aportar datos sobre la presencia del buque insignia de la Armada marroquí en aguas de Ceuta durante la oleada.