Más obstáculos para acceder a las ayudas sociales y menos fondos para atender a las personas vulnerables y financiar proyectos de cooperación internacional. Son algunas de las medidas que empiezan a tomar forma en varias comunidades autónomas al calor de la llamada ‘prioridad nacional’, pactada por PP y Vox y que las organizaciones sociales ya califican como “racismo institucional”.
En el País Valencià, este martes ha entrado en vigor la reforma de la renta valenciana de inclusión, impulsada por PP y Vox tras su pacto para aprobar los presupuestos autonómicos de 2026. El acuerdo incorporó la llamada ‘prioridad nacional’, un principio que busca dar preferencia a los españoles en el acceso a determinadas ayudas públicas. Con la reforma, será necesario a partir de esta semana acreditar al menos tres años de empadronamiento en la Comunitat para solicitar esta renta básica dirigida a personas vulnerables.
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Además, las personas beneficiarias deberán suscribir un Acuerdo de Inclusión que las obliga a cumplir un plan personalizado con requisitos como buscar empleo activamente a través del portal Labora, asistir a cursos de formación o garantizar la escolarización de los menores a su cargo, incluida la etapa no obligatoria de cero a tres años.
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“Crear estos requisitos es complicar el acceso a una ayuda que muchas veces es el último colchón del sistema de servicios sociales y se va a traducir en más personas en situación de vulnerabilidad”, alerta Lucas Pérez, coordinador de la ONG València Acull, en conversación con Público.
La entidad alerta de lo “peligrosa” que es esta medida cuando, según la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social, el 30% de la población valenciana se encuentra en riesgo de pobreza o exclusión social. Pérez asegura que gran parte de estas personas son migrantes, que además son quienes cuentan con más trabas para acceder al padrón. “Tienen más dificultades para formalizar un contrato de alquiler y, de esta manera, de formalizar el empadronamiento. Ahora lo van a tener mucho más complicado, exacerbando el racismo institucional en la Administración”, denuncia. Además, también afectará a españoles que se hayan mudado desde otros puntos de España.
Así, la medida puede acabar penalizando a quienes viven en condiciones más precarias y tienen más dificultades para cumplir con los requisitos que impone el Govern valenciano.
Para el coordinador de València Acull, este es solo el inicio de las políticas ultras que realizan PP y Vox. “Han ido introduciendo la prioridad nacional en los presupuestos y en las diferentes medidas que van saliendo, y el recorte de derechos es evidente. Hay una clara intención de recortar el sistema de bienestar”.
Desde el Gobierno valenciano, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, ha defendido la exigencia de tres años de empadronamiento para solicitar la renta valenciana como una forma de “poner en valor el arraigo” y premiar “la cultura del esfuerzo” ya que la prestación será compatible con los ingresos laborales, con el objetivo de incentivar la búsqueda activa de empleo.
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Unas medidas que también tiene previsto incluir en el nuevo reglamento de gestión del parque público de viviendas. Según avanzó Pérez Llorca en Les Corts, el Gobierno valenciano planea elevar de uno a cinco años el período mínimo de residencia habitual y efectiva para determinados procesos de adjudicación para priorizar a quienes acrediten un “arraigo real y verificable”.
El Gobierno andaluz retira ayudas a ONG
Mientras tanto, en Andalucía, donde gobiernan PP y Vox en coalición, la Junta ha decidido retirar las ayudas públicas a tres organizaciones que atienden a personas sin hogar, una medida que amenaza con dejar sin alojamiento a 315 personas. El Gobierno de Juanma Moreno Bonilla ha comunicado a Cruz Roja, la Fundación SAMU e Inserta que no renovará los fondos que desde 2023 financiaban un programa de inserción laboral y social con pisos de acogida en las ocho provincias andaluzas.
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Aunque el Gobierno andaluz desvincula la retirada de estas ayudas del pacto firmado hace cuatro meses con Vox, que recoge la cláusula de ‘prioridad nacional’, lo cierto es que las personas migrantes son las más afectadas por la decisión. Según avanzaba elDiario, las personas de origen extranjero representan el 80% de quienes viven en los pisos de Inserta, más del 60% en los de SAMU y el 45% en los de Cruz Roja.
Las tres organizaciones aseguran a Público que ahora su prioridad es realojar a estas personas antes del próximo 20 de diciembre, cuando vence el acuerdo con la Junta de Andalucía. “Hay personas que, si vuelven a la calle, vuelven a una situación generalmente de exclusión social. Ahora lo que hay que intentar es ayudarles”, advierten fuentes de SAMU.
Por su parte, Inserta señala que la Consejería de Servicios Sociales, Familias e Igualdad justificó la decisión por el encarecimiento de los costes vinculados a la vivienda, que habrían aumentado un 40%, lo que obligaría a reformular el programa y el modelo de atención.
Castilla y León anuncia recortes en cooperación
Los recortes a las organizaciones sociales se extienden a la cooperación internacional en Castilla y León, donde también gobiernan las derechas en coalición. En este caso, el proyecto de presupuestos para 2027 plantea recortar un 59% los fondos destinados a este ámbito, que pasarían de 4,76 millones a 1,95 millones de euros. La reducción, de casi 2,8 millones, dejaría además sin financiación nuevas iniciativas durante el próximo año, ya que, según la Coordinadora de ONGD de Castilla y León (COODECYL), todo el dinero previsto se destinará a pagar subvenciones concedidas en 2026.
El vicepresidente de la Junta y dirigente de Vox, Carlos Pollán, ha defendido el recorte como parte del acuerdo de gobierno con el PP y ha asegurado que el dinero se destinará a “los castellanos y leoneses y al bienestar de las familias”.
La Coordinadora de ONGD ha expresado su preocupación ante la propuesta y rechaza que la cooperación se considere un gasto prescindible, ya que sostiene proyectos de acceso al agua potable, salud, educación, protección de la infancia, igualdad entre mujeres y hombres y atención humanitaria, entre otros ámbitos. “Los derechos humanos son universales o dejan de ser derechos. Ninguna política pública debe alimentar la exclusión, la sospecha sobre las organizaciones sociales ni la división entre personas merecedoras y no merecedoras de protección”, apunta.