La jueza de la Audiencia Nacional acumula documentación, informes y declaraciones sobre las alertas previas que hubo los días previos a la entrada masiva de migrantes en Ceuta y que se calcula en torno a las 80.000 personas. Su objetivo es averiguar si se plasmó realmente la gravedad de la situación, si se avisó de la amenaza, si se expusieron datos contrastados sobre un posible asalto y hasta dónde llegó esa información.

El Centro Nacional de Inteligencia (CNI) ha asegurado a la magistrada que hubo alertas previas claras sobre lo que iba a ocurrir y se transmitieron a quien correspondía para que a partir de ahí comenzaran las comunicaciones hacia arriba. Si es tal y como sostiene el servicio de inteligencia, entonces Tardón deberá concretar hasta dónde llegó esa información y porqué no se actuó ni se tomaron medidas para controlar la entrada.

El CNI enmarcó los movimientos al otro lado de la frontera como un incremento de la presión migratoria a consecuencia de una interpretación sesgada de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los rechazos en frontera de las personas que llegaban a nado a la ciudad autónoma. Los servicios secretos lo plasmaron el 27 de julio en una nota de carácter estratégico en la que, según el informe entregado a la Audiencia Nacional, se recogería que la lectura interesada de la sentencia podía tener “un impacto muy relevante”.

De la cronología realizada por el CNI se desprende cómo los contactos se intensifican el 28 de julio, apenas 48 horas antes del cruce masivo. Ese día, el entonces jefe de Gabinete del Delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, informó al jefe de la delegación del CNI en la ciudad autónoma de que se había puesto en marcha un plan de comunicación “de manera coordinada” para contactar con diversos ministerios a los que trasladar la problemática. En esa llamada, Sanz habría trasladado al agente de la inteligencia que tras varias conversaciones “parecía haberse tomado conciencia en Madrid” de la situación de crisis por la que atravesaba la ciudad.

Los servicios secretos, que tras la sentencia del Supremo se habían comprometido con el Gobierno a detectar posibles convocatorias de entrada masiva, explican a la Audiencia Nacional que obtuvieron información sobre la existencia de una página de Facebook donde se estaban colgando recomendaciones para entrar a nado a Ceuta. Y a última hora de ese día detectó “un incremento acelerado” de la actividad en redes sociales relacionada con el intento de cruzar a España.

Según el CNI se realizó un seguimiento “durante toda la noche” para determinar de manera “clara” la naturaleza y alcance de las convocatorias. El momento sería el 30 de julio a las 20.00 horas, aprovechando la celebración de la Fiesta del Trono. El CNI asegura haber comunicado dicha información “con la máxima urgencia” para el traslado a los superiores jerárquicos.

La noche previa, a las 21.34 horas, se produce una llamada clave de Sanz al jefe del CNI en Ceuta para transmitirle que, además de que la situación seguía siendo igual de preocupante, el Gobierno había alcanzado un acuerdo con Rabat para la devolución de inmigrantes que entraban a nado, aunque desconocía el formato de la expulsión.

El informe que ha llegado al despacho de Tardón recoge que el agente del CNI “insistió” en el elevado número de candidatos a emigrar que se estaban intentando camuflar entre la multitud de veraneantes que llenaban Fnideq (antiguo Castillejos). Sanz habría preguntado si no era “un poco exagerada” la cifra de 180.000 usuarios que acumulaban los grupos de Facebook en los que se alentaba al cruce masivo. Y en ese punto aparece un dato revelador: un hipotético escenario en el que el 10% de ellos intentase acceder, suponiendo una cifra mayor al episodio de mayo de 2021. Es decir, unas 18.000 personas, pese a que terminaron entrando más de 80.000 migrantes. Al menos cuatro veces más.

El CNI activó una célula de crisis para el seguimiento permanente de la situación el 30 de julio, día en el que comenzó el asalto a la frontera sobre las 11.00 horas. Al final del día difundió a las autoridades un análisis sobre “la crisis migratoria” de Ceuta que la mañana siguiente es calificada por el presidente de Gobierno como una “violación de la integridad territorial” de España.

Una vez que Tardón ha recibido este informe ha activado una nueva batería de diligencias. En una nueva resolución dictada ayer, , requiere a la Guardia Civil, Policía, Delegación del Gobierno y gobierno de la ciudad, además de a la Autoridad Portuaria de Ceuta y al Jefe del Estado Mayor de la Defensa “para que por el Ejército de Tierra, Mar y del Aire y del Espacio y el Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas remitan “todas las grabaciones procedentes de cámaras de videovigilancia, drones, sistemas de control fronterizo y demás medios audiovisuales”.

Tardón indica que esta documentación “resulta particularmente relevante para determinar la existencia de avisos previos, la circulación interna de información, las solicitudes de refuerzo efectuadas, las decisiones adoptadas por las distintas autoridades y la efectiva recepción de los informes mencionados en las declaraciones practicadas”.

En su resolución hace hincapié en la declaración del entonces jefe de gabinete del delegado del Gobierno en Ceuta, Gonzalo Sanz, quien aseguró que los días previos se realizaron informes y se elevó al Ejecutivo central la necesidad de una actuación ante el aumento de entradas por la ciudad en julio.