El Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) proyecta reformar los juzgados de Canarias para hacer frente a la sobrecarga de trabajo que padecen por la avalancha de inmigrantes ilegales. La comisión permanente del Poder Judicial encargó ayer a la secretaría técnica un estudio sobre la carga de trabajo y las necesidades de todos los juzgados del archipiélago canario antes de decidir la fórmula concreta para solventar con eficacia la sobrecarga de trabajo.

Capacidad de trabajo

La llegada masiva de africanos sin papeles ha sobrepasado la capacidad de trabajo de numerosos juzgados de primera instancia e instrucción, que son los encargados de resolver todos los trámites para el internamiento provisional de los extranjeros en centros, y de muchos jueces de lo contencioso-administrativo, que tienen la competencia para resolver sobre las expulsiones de los extranjeros.

El Ejecutivo canario solicitó al Gobierno central la creación de un juzgado específico en Arona, con un juez, un secretario y ocho funcionarios, que se ocupe sólo de los trámites de inmigración y que pueda extender su trabajo a los partido judiciales de El Hierro y La Gomera si es preciso.