Mandos policiales temen que esta medida ralentice los procedimientos de rechazo

El Ejecutivo reformó el pasado 8 de septiembre, por sorpresa y sin publicidad, el reglamento de la ley de extranjería. El objetivo del Gobierno es dar cobertura legal a los hasta ahora alegales rechazos en frontera de miles de inmigrantes en los pasos con Francia. La nueva normativa, que fue publicada el sábado en el BOE, prohíbe al Ministerio de Interior, tal y como venía haciendo en el confín galo, las devoluciones inmediatas de clandestinos. A partir de ahora será necesario abrir un expediente y la intervención de un abogado en todos los trámites.

La reforma acordada por el Consejo de Ministros afecta al artículo 13 del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000. La nueva redacción obliga a las fuerzas de seguridad a practicar las devoluciones de sin papeles en virtud de los acuerdos de readmisión observando siempre el artículo 26.2 de la ley de Extranjería. Este precepto fija que cualquier rechazo en frontera implicará una «resolución motivada» (apertura de un expediente administrativo), información sobre los recursos que se puedan interponer y los plazos, asistencia letrada de oficio al inmigrante y la participación de un intérprete desde el mismo momento en que se deniega la entrada a España.

Garantías jurídicas

El Gobierno busca con esta reforma, que entró en vigor el domingo, aumentar las garantías jurídicas de los clandestinos, tal y como le habían exigido el Defensor del Pueblo, el Consejo General de la Abogacía y la propia Abogacía del Estado. Además, pretende evitar un aluvión de recursos contra estas actuaciones.

Sin embargo, algunos responsables de la Administración ya han expresado su temor de que esta reforma ralentice las devoluciones en frontera de miles de extranjeros. Mandos policiales recordaron ayer que sólo en la frontera gala cada día eran rechazados, sin mayores trámites, decenas de vehículos con clandestinos procedentes de Europa del Este en virtud de los acuerdos con Francia. Sólo en el 2005, España solicitó al país vecino la readmisión de 52.017 inmigrantes interceptados en controles aleatorios.

La modificación introducida por el Gobierno termina con el limbo legal en el que se encontraban los agentes del Cuerpo Nacional de Policía que llevaban a cabo las devoluciones y que temían ser demandados por practicar detenciones ilegales.

El Consejo General de la Abogacía se felicitó por la reforma que, a su entender, «asegura la asistencia letrada en los procesos de readmisión».