¿Recuerdan cuando la UE reconvenía a estados como Hungría o Polonia cuando sus gobiernos recortaban derechos, cuando debatíamos cómo controlar sus desmanes iliberales? Esta semana, en el Consejo Europeo celebrado en Bruselas, la primera ministra danesa, la socialdemócrata Mette Frederiksen, con el respaldo entusiasta de la posfascista Giorgia Meloni, invirtió de forma oficial esa lógica al pedir que se examinara a España no por recortar derechos, sino por reconocérselos a medio millón de personas mediante un proceso de regularización. Esa inversión dice mucho sobre el estado de la Unión, pues Europa servía precisamente para proteger los derechos individuales frente a las mayorías y acervos nacionales, mientras hoy, de forma falaz, cuando nadie puede afirmar que la regularización viole norma alguna, se apuesta abiertamente por una política migratoria, mayoritaria en Europa, donde los derechos, pensados para no someterse a votación, pueden revisarse y cercenarse cuando así lo quieren nuestros gobiernos.

¿Quién compone esa mayoría y en nombre de qué habla? Tras la crisis de Ceuta, Meloni y Frederiksen publicaron una delirante declaración comprometiéndose a proteger la herencia cultural cristiana de Europa y pidiendo a quienes llegan que no les impongan un modo de vida que no desean. Tiene guasa que esa defensa de la cristiandad la firmen la heredera de la tradición fascista y la primera ministra socialdemócrata de uno de los países más secularizados del mundo. Su cristianismo sin creyentes solo remite a una frontera, y su vocabulario, el del Gran Reemplazo, delata un desplazamiento de fondo, pues ya no hablamos de derechos reconocidos a quienes viven bajo una misma ley, sino de un modo de vida que se hereda y hemos de defender. Es fácil ver la ironía en que pidan examinar a España por apartarse de lo europeo quienes promueven centros de deportación en terceros países. Frederiksen acusa a España de actuar por su cuenta cuando solo la mueve su propio interés electoral, y lo hace un mes después de haber pactado a solas el futuro de Groenlandia. En enero, cuando Trump amenazaba con apoderarse de la isla y castigar a los países que enviaron allí fuerzas simbólicas, los europeos cerramos filas con Copenhague sin preguntarnos a qué electorado le convenía hacerlo, aunque a Frederiksen aquella solidaridad le vino estupendamente. Hoy, quien recibió esa solidaridad pide examinar a un socio a punto de celebrar elecciones, y lo hace por algo que no amenaza a nadie, sino que reconoce a quienes ya viven y trabajan en España.

Pero lo más revelador de la cumbre fue el desayuno que la precedió, donde dieciocho gobiernos y la propia Comisión se reunieron sin España para preparar su ofensiva. La forma (el método del club) reproduce el contenido: quienes discuten quién no pertenece a Europa lo hacen en secreto, sin contar con otros socios. Pero la legitimidad de Europa depende de que sus decisiones se tomen en público, con reglas conocidas y responsabilidades claras, como debiera garantizar la Comisión, supuesta guardiana de los tratados y que debería estar por encima de las facciones. Que conspire con el bando que prepara un ataque a otro Estado miembro dice mucho sobre la deriva de Von der Leyen. Pero su repliegue es un signo de debilidad: la regularización española quiebra la supuesta inevitabilidad del relato europeo sobre migración, desmintiendo que no haya alternativa y planteando recuperar aquello que nos dijeron que era ser europeos: derechos, convivencia y protección jurídica y laboral.