La investigación sobre las presuntas agresiones sufridas por inmigrantes en Ceuta a manos de militares puede dar un vuelco con la documentación que el único hospital público de la ciudad autónoma ha remido al juzgado de guardia. Según ha podido saber EL PAÍS, el centro hospitalario ha puesto en conocimiento de la Justicia al menos una veintena de partes médicos en los que figuran las identidades de las víctimas, las lesiones que presentaban y su declaración de que las heridas fueron causadas por miembros del Ejército que realizaban patrullas de vigilancia en Ceuta. Hasta ahora, las denuncias difundidas tenía carácter anónimo y carecían de informes médicos que las avalaran, lo que abocaba la investigación a un callejón sin salida.

Desde que el 30 y 31 de julio pasados se produjo una entrada masiva de más de 70.000 personas en la ciudad autónoma, han circulado por redes sociales y medios de comunicación vídeos en los que se ve a uniformados golpeando a inmigrantes; audios en los que supuestos soldados se jactan de haberles pegado y discuten si es mejor hacerlo con la mano desnuda o con guantes; e imágenes de adultos y menores de edad que muestran las heridas y moratones que han dejado en su cuerpo los golpes que dicen haber recibido por parte de militares. La ONG defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional (AI) difundió el pasado 30 de septiembre un informe con evidencias de malos tratos e incluso torturas a inmigrantes y refugiados por parte de miembros de las Fuerzas Armadas basado en 22 testimonios recogidos por sus investigadores sobre el terreno. El Ministerio de Defensa ha remitido tanto el informe de AI como los audios difundidos por eldiario.es al juzgado de guardia ceutí y a la Fiscalía.

No obstante, todo este material acusatorio, que apuntaría a una práctica extendida entre militares cuya misión en Ceuta es de vigilancia, disuasión y apoyo a las Fuerzas de Seguridad del Estado ante la anómala situación que vive la ciudad desde hace casi doce semanas, adolece de una grave carencia: no se identifica a los agresores, ni siquiera a la unidad militar a la que pertenecen. Y lo que es más importante aún: no se revela la identidad de las víctimas, lo que hace muy difícil verificarla.

Los inmigrantes tienen miedo a represalias y cuando relatan su experiencia ante ONG o periodistas ponen como condición ocultar su rostro la mayoría de las veces y su nombre siempre. Tampoco acuden a la Policía para denunciar la paliza que dicen haber recibido por temor a ser expulsados del territorio español, al que entraron irregularmente.

Sin poder localizar a las víctimas para que ratifiquen en el juzgado la denuncia que hicieron ante la prensa o las ONG y sin poder someterlas a un examen médico para verificar las lesiones sufridas como consecuencia de las supuestas agresiones, las diligencias en curso estaban abocadas al fracaso, reconocen fuentes jurídicas. Sin embargo, la investigación puede desbloquearse gracias a la documentación del Hospital Universitario de Ceuta, el único centro hospitalario público de la ciudad, que gestiona el Ingesa (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), dependiente del Ministerio de Sanidad, ya que la sanidad no está transferida a las autoridades locales.

EL PAÍS ha podido saber de fuentes conocedoras de la investigación que el hospital de Ceuta ha remitido al juzgado de guardia al menos dos decenas de partes de lesiones de inmigrantes que han sido atendidos en urgencias y refieren haber sido agredidos por militares. En uno de esos partes, al que ha accedido este periódico, se lee: “Varón de 30 años que acude tras agresión en vía pública según refiere por parte de militares”. El diagnóstico es de “politraumatismo”. El informe del facultativo especifica que presenta “lesiones eritematosas y abrasiones compatibles con traumatismos con objetos alargados”. Otro de los partes, que el paciente muestra en la fotografía que encabeza esta información, se refiere a un varón de 17 años (menor de edad) que “presenta lesiones en su espalda”. El médico explica que la herida “tiene apariencia de un golpe con cinturón” y que el paciente “refiere que los militares lo han agredido”. El primer parte es de una cura de urgencias realizada en la madrugada del 13 de septiembre y el segundo en la tarde-noche del día 4 de octubre. En la casi la totalidad de los casos, los inmigrantes apuntan a militares, y no a policías o guardias civiles, como autores de las agresiones.

Los partes incluyen los datos personales del paciente, nombre completo y número de documento de identidad, en caso de disponer de él, así como los del facultativo. También la fecha en la que fue atendido, el diagnóstico y el tratamiento, acompañados de una breve descripción de cómo asegura el paciente que se han producido sus lesiones. La persona atendida en urgencias se lleva una copia del parte, mientras que el hospital se queda con el original, para incorporarlo al historial clínico del paciente y otra copia se remite al juzgado de guardia. Este último envío responde a la obligación legal que tiene el personal médico de poner en conocimiento de la justicia cualquier circunstancia que pueda ser indicativa de la comisión de un delito, ya se trate de lesiones, violencia de género, agresión sexual o abusos de menores.

Un inmigrante muestra lesiones que asegura le causaron militares en Ceuta.
BORDER RESISTANCE
Expertos en derecho humanitario internacional subrayan que los Estados están obligados a investigar de oficio los casos en los que existan indicios de maltrato o torturas por parte de funcionarios públicos, como apuntaba el informe de Amnistía Internacional. Por tanto, no es necesario que los propios afectados presenten una denuncia.

Los juzgados de Ceuta disponen ya de información suficiente para poder investigar: tienen los datos de dos decenas de inmigrantes a los que localizar para que ratifiquen ante el juez lo que contaron al médico de urgencias. La existencia de un parte de lesiones inmediatamente posterior a la presunta agresión también es fundamental, ya que las más superficiales podrían haber desaparecido cuando la presunta víctima comparezca en sede judicial.

Identificar a los agresores
Queda la parte más difícil, identificar a los presuntos agresores, pero si se dispone de la fecha y hora en que se produjo la presunta agresión ―habitualmente por la noche, según el relato de los inmigrantes— y el lugar concreto de Ceuta, se puede determinar qué patrulla militar se encontraba por la zona en ese momento, en el caso de que los agresores fueran realmente militares.

Las fuentes consultadas aseguran que en general los inmigrantes que han denunciado en el hospital de Ceuta haber sido agredidos por militares fueron atendidos en urgencias y no requirieron hospitalización, ya que se trataba de traumatismos y lesiones menos graves, compatibles con golpes con porras largas y flexibles, denominadas bastones de impacto, con las que han sido equipados los soldados que patrullan la ciudad. El centro hospitalario también ha atendido a pacientes con heridas por arma blanca o machetes, pero en este caso se trata de heridos en reyertas entre los propios inmigrantes.

Respecto a las agresiones sexuales, las víctimas han sido en la práctica totalidad de los casos mujeres inmigrantes, incluidas menores, mientras que entre los agresores había inmigrantes, pero también españoles.

Además de remitir la información publicada al juzgado y a la Fiscalía, la ministra de Defensa, Margarita Robles, ordenó al Mando de Operaciones, del que dependen las tropas desplegadas en Ceuta, una investigación interna para “dilucidar posibles responsabilidades individuales y preservar el buen hacer y nombre de las Fuerzas Armadas”, cuyo resultado se desconoce hasta el momento.