El camión de los congelados da una vuelta por las contadas calles de Madarcos tocando el claxon y aparca en la plaza del pueblo frente a la iglesia de Santa Ana. Aún está levantando el portón para mostrar los productos cuando un pequeño reguero de vecinos, en su mayoría ancianos, aparecen por las esquinas con sus bolsas. Restituto González, ‘Resti’, se lleva unas magdalenas, flanes y un pollo ya cocinado y envasado. A sus 86 años, es la memoria viva del pueblo, sabe qué se plantaba en cada huerta, dónde vivía cada lugareño y, ahora que un nuevo tema político ha irrumpido en la precampaña electoral, incluso en el municipio más pequeño de la comunidad de Madrid, también quién emigró y adónde.

«Aquí ha habido tres personas que han emigrado al extranjero, tres. Que haya más de 50 nietos es imposible, yo no sé el rollo que se traen», cuenta convencido. Madarcos tiene un censo de 69 personas, 53 de las cuales tienen derecho a voto. Pero no son los únicos: en el Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA) hay 57 electores registrados en este municipio, 20 más que en las elecciones de 2019. La diferencia coincide en el tiempo con la conocida como ley de nietos, la disposición de la Ley de Memoria Democrática de 2022 que permite a determinados descendientes de españoles, especialmente de exiliados durante la Guerra Civil y el franquismo, obtener la nacionalidad española.
Un camino desarrollado por una instrucción posterior del Ministerio de Justicia que amplió la posibilidad de nacionalización a los herederos de aquellos que salieron del país entre 1936 y 1955, identificándolos a todos como exiliados por motivos políticos. Es el origen del recurso de Vox y Iustitia Europa ante el Supremo, que ha paralizado el derecho a voto de 163.020 nacionalizados por esa vía, y que el Defensor del Pueblo impugnará ante el Constitucional.

A ‘Resti’, que ha escuchado la cifra sobre su localidad en las noticias, le preocupa que esos posibles votantes acaben decidiendo los destinos de un lugar que ni siquiera conocen: «Todos los que van a salir no van a ser del pueblo, y no sé lo que pasará».

Sin voto en las municipales
En realidad, los integrantes del Censo de Residentes Ausentes no pueden votar en las municipales, las que afectan más directamente a la vida del pueblo, ni elegir al alcalde y los concejales, pero la confusión de ‘Resti’ es común entre muchos que escuchan hablar del CERA por primera vez. Y para la alcaldesa de Madarcos, Eva Gallego (PP), aunque los registrados en este censo no participen en los comicios locales, ese aumento del registro puede hacer que «cambie completamente el sentir del pueblo». Y argumenta: «Además, ¿tú crees que no afectan a las zonas rurales las políticas que se puedan pactar en las autonomías o a nivel de Estado?», lanza la primera edil de los populares, opuestos también a la aplicación extensiva de la ley de nietos.

Madarcos no es un caso aislado. De hecho, en los municipios donde ha existido una notable emigración, es común que el censo CERA sea abultado. Así ocurre en Murtas, en la Alpujarra granadina, donde los electores censados desde el extranjero (1.067 a fecha de 1 de septiembre de 2026) triplican a los votantes residentes en el pueblo (332). Tres de cada cuatro de los que tienen derecho a voto en estos comicios viven a miles de kilómetros de distancia, en lugares como Argentina, Cuba o Venezuela.

Ya en 2019 había 834 inscritos en el CERA. Pero según su alcalde, José Miguel Romera (PP), ha sido a partir de la aprobación de la «ley de nietos» que el pueblo ha recibido una avalancha de solicitudes de información de personas que buscan familiares nacidos en Murtas. «Han tenido muchísimo trabajo en el juzgado de paz, todos los días mandando cartas al extranjero. Y este, además, es un pueblo pequeño, solo hay una persona encargada y que solo trabaja unas horas a la semana…», relata el alcalde granadino, una queja común entre los pueblos pequeños que han visto incrementado el trabajo con muy escasos recursos.
En Murtas, como ocurre en Madarcos, también cunde entre la confusión y el temor entre algunos vecinos a que personas «que no saben cómo viven los del pueblo» o que nunca han puesto un pie en sus calles, puedan decidir, de alguna forma, sus políticas. A más de 800 kilómetros de allí, en el municipio riojano de Nieva de Cameros, su alcaldesa, Inma Sáenz, se muestra «enfadada o asombrada, no sé cómo definirlo», por cómo «están corriendo bulos y se están diciendo cosas que no son ciertas» sobre el CERA, «algo que lleva muchísimos años, y cuyos votos ni siquiera llegan al pueblo».

Para la regidora del partido España Vaciada, «mucha de la gente que ha pedido la doble nacionalidad no lo ha hecho por votar, sino por el tema del arraigo». En Nieva hay censados 80 electores en el pueblo y 215 en el extranjero, 23 más que en 2019. Muchos de los que emigraron de la comarca de Cameros, que se había dedicado a la ganadería lanar, «además de por la Guerra Civil, se fueron porque aparecieron nuevos tejidos y la lana se fue a pique». Marcharon sobre todo al Cono Sur. Y los descendientes que están pidiendo la nacionalidad «lo hacen por si en un momento dado la situación les obliga a tener una una vía de escape».

«Aquí el CERA nos pasaba totalmente desapercibido hasta que empezó a aparecer en la televisión»

Domingo Blanco

Alcalde de Ventrosa

Como cuentan sus alcaldes, en muchos pueblos nadie le había prestado, en realidad, mucha atención al CERA ni sabía cuántas personas había inscritas en él hasta que la ley de nietos saltó a las portadas en la precampaña, después de que el Tribunal Supremo suspendiera de forma cautelar, primero en septiembre y, después, ratificando esa decisión este lunes 12 de octubre, el voto de los citados 163.020 nacionalizados por esta vía normativa. En las elecciones de 2023, el sufragio CERA apenas alcanzó el 8,9% de participación, aunque sirvió para decantar un escaño a favor del PP, a costa del PSOE, en la Comunidad de Madrid.

«Mira, aquí el CERA nos pasaba totalmente desapercibido hasta que empezó a aparecer en la televisión. Aquí nadie hablaba del CERA, nadie sabía lo que era el CERA», reconoce Domingo Blanco (PP), alcalde de Ventrosa, otro pequeño pueblo de La Rioja que tiene la mayor ratio de electores desde el extranjero: 86,8%. El censo muestra que 45 vecinos que viven en el pueblo podrán votar el 29 de noviembre frente a 296 foráneos, 37 más que en las elecciones de 2019.

Emigración laboral
En el pueblo tienen muy bien documentada la emigración que sufrió su población, fundamentalmente a Chile. «Aquí, desde luego, no fue por motivos políticos, no conozco ningún caso así. Prácticamente todos, incluidos varios tíos carnales míos, se fueron buscando mejoras laborales», señala Domingo Blanco.

El pueblo ha mantenido unos vínculos afectivos con esa emigración, y recibe en verano «a muchísimos chilenos, que me piden que les abra el cementerio para ver a sus antepasados», cuenta el primer edil. Pero se pregunta: «¿Qué conocimiento puedes tener de un municipio o de una comunidad cuando llevas viviendo alejado toda la vida?».