Sara Buesa Rodríguez (Vitoria, 1980) es la nueva viceconsejera de Empleo e Inclusión del Gobierno Vasco, cargo en el que sustituye al recién jubilado Alfonso Gurpegui. Doctora en Psicología y funcionaria de carrera, atesora una amplia experiencia en la atención a personas vulnerables y hasta ahora ejercía como directora de Prestaciones e Inclusión. Su nombramiento tiene, además, una profunda carga simbólica: la hija del exvicelehendakari socialista Fernando Buesa, asesinado por ETA en el año 2000, asume responsabilidades de alto nivel en el mismo Ejecutivo en el que sirvió su padre.

- ¿Cómo está siendo su aterrizaje al frente de la Viceconsejería?

- Bastante natural. En los últimos años he estado trabajando mucho, codo con codo, con Alfonso (Gurpegui) en la Viceconsejería, dentro de la Dirección de Inclusión. Hemos tenido la oportunidad de hacer un traspaso bastante ordenado a lo largo de los meses de julio y agosto internamente. Tengo clara cuál es la hoja de ruta y me parece un privilegio tener la oportunidad de hacer cosas transformadoras.

- El traspaso de las funciones del SEPE a Euskadi está fijado para el 1 de julio de 2027. Se ha hablado de problemas con el personal. ¿En qué punto está la asunción de esta competencia?

- Yo no lo enmarco como un problema, sino como un proceso natural. La gestión de las prestaciones y los subsidios de desempleo es un tema complejo y sensible, y lo que más nos ocupa es asumir esa gestión con todas las garantías. La transferencia vino con 468 plazas, de las cuales 258 estaban vacantes, y 141 personas pidieron ser transferidas voluntariamente. Nosotros estimamos que para prestar ese servicio progresivamente deberíamos incorporar unas 300 personas. Con este margen hasta julio de 2027, en enero ya se van a incorporar 91 personas a la estructura de plantilla de Lanbide para hacer un rodaje y formación de cuatro a seis meses trabajando con el personal del SEPE.

- ¿Cómo está impactando el reciente proceso de regularización extraordinaria de extranjeros en el empleo vasco?

- La inmigración ya está sosteniendo el reto demográfico que tenemos en Euskadi. Calculamos que en los próximos años se van a generar 670.000 oportunidades de empleo, el 83% por reemplazo. Las personas extranjeras representan ya cerca del 10% del empleo vasco. Ya teníamos en el radar de Lanbide a más de 25.000 personas en situación irregular. El dato más actualizado que tenemos es que 5.000 personas que estaban en esa situación ya han podido acceder al permiso para poder trabajar y, de ellas, 2.000 están ya trabajando.

- A pesar de estos buenos datos de afiliación, las empresas advierten de «nubarrones negros». Hablan de «pérdida de competitividad». ¿Le preocupan estas advertencias de la patronal?

- Los datos que se manejan hoy en día en Euskadi de la evolución de la economía y de esa competitividad no creo que sean para ser alarmantes, todo lo contrario. Creo que la economía vasca es sólida y fuerte y sigue creciendo a pesar de todo ese contexto global. Entiendo la preocupación de las empresas, muy relacionada con que está habiendo una necesidad real de contar con personas con competencias adecuadas para ocupar muchos puestos. Por eso, uno de los retos es ser capaces de articular una gobernanza más integrada y colaborativa entre Lanbide, diputaciones, ayuntamientos y las empresas.

- La última reforma fiscal busca precisamente atraer y retener talento en los tres territorios para ayudar a las empresas. ¿Cree que va en la línea positiva?

- Creo que el acuerdo al que ha llegado el Partido Socialista con el PNV es bastante equilibrado. Estamos a favor de atraer talento y de arraigar empresas siempre y cuando haya unos criterios de equidad fiscal en los tres territorios, además de unos límites, control y evaluación a esos beneficios fiscales.

- Sin embargo, en Gipuzkoa y Álava necesitan pactar con algún grupo de la oposición para aprobarla. ¿El Partido Socialista estaría cómodo pactando los tributos con el PP o miran a Podemos?

- Yo creo que a partir de este pacto y de este suelo, cada territorio y cada diputación podrá buscar las condiciones y los acuerdos que sean más adecuados o convenientes a ello.

- En el ámbito salarial, los tribunales rechazaron obligar a Confebask a negociar un Salario Mínimo Interprofesional (SMI) vasco. ¿Debería el Gobierno Vasco implicarse más en propiciarlo?

- Nuestra actuación comenzó dando respuesta a un mandato del Parlamento para analizar las condiciones de vida en Euskadi. Ese estudio ofreció un rango posible de un SMI ajustado a Euskadi (entre 1.268 y 1.385 euros brutos en 14 pagas) y lo hemos puesto a disposición de la negociación colectiva y de los agentes. No nos corresponde al Gobierno Vasco establecer el SMI; creemos que el foro es la negociación colectiva, sin vetos ni líneas rojas.

- Sin embargo, para que haya un SMI vasco interprofesional habría que negociar políticamente un cambio en el Estatuto de los Trabajadores en Madrid. ¿Estaría de acuerdo con impulsar esa negociación política?

- Nosotros damos muchísimo valor a la negociación colectiva y entendemos que para que prospere cualquier propuesta tiene que ser algo dialogado, pactado y acordado entre los agentes sociales y empresariales. Esa es nuestra apuesta.

- Pero, más allá del foro elegido, ¿cree que el salario mínimo actual de España (1.221 euros mensuales en 14 pagas) es acorde al nivel de vida que hay en Euskadi?

- Creo que ya le he respondido. Insisto en que nuestro papel debe ser hacer ese estudio y análisis adecuado a la realidad del nivel de vida que existe en Euskadi.

- La patronal califica de «insostenibles» las cifras de «absentismo laboral», mientras que los sindicatos dicen que se hacen «trampas» con los números al mezclar distintas ausencias.

- En primer lugar, deberíamos dejar de hablar de absentismo y hablar de incapacidad temporal. La palabra absentismo muchas veces tiene un sustrato que subyace de un juicio de valor, de una intencionalidad deliberada de no ir a trabajar. Estamos hablando de personas a las que el personal médico les da la baja. Dicho esto, los índices parecen elevados y nos preocupa, pero hay que mirarlo con rigor, porque a veces se consideran dentro del absentismo derechos laborales consolidados como licencias, maternidad o paternidad. Estamos promoviendo un estudio completo con Osalan, Inspección de Trabajo, Osakidetza, mutuas y agentes sociales para analizar las causas y plantear medidas con rigor.

- ¿La Inteligencia Artificial es una amenaza para el empleo o una oportunidad?

- Tiene las dos caras de la moneda. No podemos poner un muro a esto porque es una realidad que existe. Seguramente causará un impacto en la cantidad de empleos que puedan ser reemplazados y exigirá una recualificación, pero nos preocupa mucho que la transición sea justa. Hay que analizar el impacto en la calidad del empleo, la competitividad de las empresas y, sobre todo, las desigualdades y el impacto desde un enfoque de género que puedan generar los algoritmos.

- Se ha producido un goteo de sentencias que anulan exigencias de perfiles lingüísticos de euskera en las OPEs.

- Está claro que somos una comunidad bilingüe y hay que garantizar los derechos lingüísticos, pero también está claro que los derechos lingüísticos no pueden estar por encima de los derechos laborales. Ese equilibrio es muy importante. Quizás las últimas medidas que se planteaban en esa reforma ponían en riesgo un poco ese equilibrio. Yo creo que los jueces lo que hacen es aplicar las leyes que existen para garantizar ese empleo público.