Italia y España han acordado poner fin de manera coordinada a los controles fronterizos que mantienen desde agosto, cuando el Gobierno de Giorgia Meloni decidió restringir la libre circulación entre ambos países a raíz del asalto masivo a Ceuta del 30 y 31 de julio. Roma anunció este viernes una última prórroga de apenas siete días, hasta el próximo 23 de octubre, para acompasar la retirada de sus restricciones con las impuestas en respuesta por Madrid. El entendimiento abre la puerta a cerrar uno de los enfrentamientos diplomáticos más importantes entre ambos ejecutivos en los últimos años.

La decisión italiana llega después de más de dos meses de tensiones y ha sido adoptada tras contactos directos entre los dos gobiernos, según fuentes de Palazzo Chigi, la sede de la Presidencia del Consejo de Ministros de Italia. La Moncloa también confirmó la existencia de un acuerdo para desactivar progresivamente las medidas, que afectan a las conexiones aéreas y marítimas entre los dos países.

Los ministros del Interior, Fernando Grande – Marlaska y Matteo Piantedosi, mantendrán contactos durante la próxima semana para concretar el levantamiento de los controles y estudiar fórmulas alternativas de colaboración policial y de seguridad. El objetivo es garantizar la vigilancia de posibles movimientos migratorios dentro de la Unión Europea sin prolongar unas restricciones que han alterado el funcionamiento habitual del espacio Schengen.

El Ejecutivo italiano explica que la nueva prórroga se ha decidido «tras un intercambio entre Roma y Madrid» para «alinear los plazos con el vencimiento de las medidas españolas». Además, anuncia que los responsables de Interior trabajarán para «evaluar conjuntamente medidas de cooperación alternativas».

El calendario permite delimitar el alcance del acuerdo. Las medidas españolas actualmente notificadas a la Comisión Europea se encuentran vigentes hasta el 22 de octubre y afectan a las fronteras aéreas y marítimas con Italia. Los controles italianos, cuya última ampliación expiraba este viernes, se prolongarán durante una semana adicional. Ambos gobiernos disponen así de un margen de negociación para restablecer la normalidad a finales de la próxima semana.

El anuncio coincide con la cumbre del Consejo Europeo que reúne este viernes en Bruselas al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. La inmigración vuelve a ocupar un lugar destacado en las conversaciones de los Veintisiete, después de convertirse en uno de los principales motivos de confrontación entre Madrid y Roma.

La crisis comenzó a principios de agosto, cuando Italia decidió recuperar unilateralmente los controles sobre los viajeros procedentes de España. Meloni justificó aquella medida por razones de seguridad nacional, después de la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta a finales de julio, que desbordó los dispositivos de vigilancia y acogida de la ciudad autónoma.

El Gobierno italiano alegó entonces el riesgo de que parte de las personas llegadas irregularmente a territorio español pudieran desplazarse posteriormente hacia otros países de la Unión Europea aprovechando la libertad de circulación dentro del espacio Schengen. Roma sostuvo que la magnitud de la crisis aconsejaba reforzar temporalmente la vigilancia de las conexiones con España.

Madrid respondió imponiendo controles equivalentes a los viajeros procedentes de Italia. La decisión española convirtió una medida inicialmente unilateral en un enfrentamiento bilateral que se ha prolongado durante más de dos meses, con sucesivas ampliaciones de las restricciones.

Los controles han consistido fundamentalmente en comprobaciones de documentación e identidad en puertos y aeropuertos. Su aplicación ha sido aleatoria y no ha supuesto el cierre de las comunicaciones ni la suspensión completa de los desplazamientos entre ambos países.

El Código de Fronteras Schengen permite recuperar excepcionalmente los controles en las fronteras interiores cuando existe una amenaza grave para el orden público o la seguridad interior. La legislación europea exige, sin embargo, que estas decisiones sean temporales, proporcionadas y limitadas al periodo estrictamente necesario para afrontar el riesgo que las motiva.

La Comisión Europea considera que la recuperación de los controles debe utilizarse como último recurso y somete las decisiones de los Estados a obligaciones de notificación y supervisión. En el registro comunitario, Italia ha justificado sus medidas por las entradas irregulares masivas registradas en Ceuta y el consiguiente riesgo de desplazamientos secundarios dentro del territorio europeo.

España, por su parte, ha fundamentado las restricciones en las amenazas para el orden público y la seguridad interior derivadas de los movimientos migratorios de ciudadanos de terceros países dentro del espacio Schengen.