El Gobierno y la oposición se han metido de lleno esta semana en la precampaña de los próximos comicios del 29 de noviembre, y se ha abierto una pugna por ver quién impone el marco con el que se llegará a la campaña electoral. Después de que Pedro Sánchez tratase de aprovechar los primeros titubeos de PP y Vox a la hora de hablar de una hipotética reforma en el sistema de pensiones, Alberto Núñez Feijóo mantiene fijo el rumbo iniciado a principio de semana. Tras conocerse las incursiones de buques de guerra marroquíes en aguas españolas, durante la entrada masiva de más de 70.000 inmigrantes provenientes de Marruecos en los días 30 y 31 de julio, el líder popular pretende hacer de la crisis de Ceuta uno de sus principales arietes para erosionar al Ejecutivo, apuntando principalmente a la inacción a la hora de responder a las provocaciones de la monarquía de Mohamed VI.

«Vamos a hablar como adultos: lo que Marruecos ha dicho y ha hecho en los últimos meses supera con creces lo admisible por España», aseveró Feijóo categóricamente, en un acto celebrado en Toledo, en el que reclamó al Gobierno que llevase a cabo una respuesta «serena y firme». El presidente del PP alertó de que «los continuos desafíos» a la soberanía nacional que ha llevado a cabo el país vecino en los últimos meses no pueden «ocultarse ni tratarse como episodios menores», en referencia a las primeras palabras que entonó el jefe del Ejecutivo valorando la información publicada por ‘El País’, en las que se deshizo de las acusaciones tratando lo sucedido como algo «puntual». «Una nación que aspira a ser respetada debe de empezar haciéndose respetar», remató Feijóo, apuntalando las críticas al Gobierno por su silencio y resignación ante los persistentes excesos con los que le reta el régimen alauí.

Feijóo arrancó este viernes con la exigencia imperiosa de desplegar la Armada en la costa ceutí, la convocatoria de la embajadora de Marruecos y la llamada a consultas del embajador español en Rabat tras la información publicada por ‘ABC’, en la que se relata que una patrullera marroquí invadió este jueves aguas españolas, de nuevo en Ceuta, tras la histórica visita de los Reyes a las dos ciudades autónomas. El jefe de la oposición tan sólo había pedido la comparecencia de Sánchez en la Diputación Permanente del Congreso después de que se conociera la entrada en área española de los buques marroquíes.

Pero ante el conocimiento de un nuevo desafuero del país vecino, Feijóo decidió reaccionar con mayor contundencia a un hecho que, por el momento, desmienten en Moncloa ya que no le consta «ni a la Guardia Civil ni a la Armada». «Quiero dirigir una gran nación que no va a buscar confrontación con nadie, pero tampoco acepta que se cuestione ni la integridad ni la dignidad de los españoles, porque España no tiene amo», quiso dejar claro el líder de la oposición más tarde en el evento en el que intervino en la capital manchega, poniendo de nuevo el foco sobre la crisis ceutí y la relación del Gobierno de Sánchez con Marruecos.

Lo cierto es que las publicaciones reveladas esta semana sobre las irrupciones han copado el inicio de la precampaña, y están complicando a Moncloa poner otros temas encima de la mesa, como el que propició el adelanto electoral, es decir, la vivienda. O bien el del sistema de pensiones, al que se ha tratado de agarrar Sánchez en los últimos días a raíz de diversas declaraciones de dirigentes de PP y Vox, en las que daban el modelo por «acabado» y abogaban una reforma. No obstante, ambos partidos salieron rápidamente al corte y garantizaron el pago de las prestaciones y su actualización conforme al IPC, mientras los socialistas encendían las alarmas por unos hipotéticos recortes en caso de que la derecha llegase al poder tras el 29 de noviembre.

Por otro lado, el líder del PP aprovechó la ocasión y el acto de este viernes —de mujeres rurales— para desplegar el plan que tiene preparado para el mundo rural en caso de que la aritmética parlamentaria que salga del 29 – N lo aúpe a La Moncloa. «Mi campaña se va a dirigir a los currantes, a los jetas no me voy a dirigir en toda la campaña», sentenció Feijóo, tirando de ironía para repetir la palabra «sacrificio» —después del revuelo provocado por prometer un Gobierno que «pedirá sacrificios»— y aclarando que lo que necesita España es un Ejecutivo que «garantice que la gente que se sacrifica va a salir adelante». Así, concluyó que la España rural no puede ser un «vestigio del pasado, sino un lugar donde se pueda trabajar, emprender y vivir».

Entre las principales medidas dirigidas al ámbito rural y el sector primario se encuentra el blindaje al presupuesto de la Política Agraria Común, el conjunto de normas y ayudas financieras que promueve la Unión Europea. «No podemos recortar la PAC cuando los costes han subido más que nunca, es prioritario proteger la despensa y la soberanía alimentaria de Europa», defendió Feijóo. También aseguró que, si llega a ser presidente del Gobierno, se sumará a la petición de otros países europeos como Alemania, Italia y Bélgica de emergencia regulatoria, el mecanismo comunitario del que disponen los Estados miembro para disminuir la burocracia a nivel interno. «No habrá un tramite más mientras no desregulemos lo necesario», zanjó, el presidente popular.

Feijóo también mencionó una propuesta que se aprobó en el Senado en esta legislatura, pero se bloqueó en el Congreso, como es la Ley de Fiscalidad Agraria, que pretende adaptar la carga fiscal a los ciclos productivos del sector agrario. «Cuando tienes buena cosecha pagas mucho pero cuando tienes una pésima cosecha no tienes para pagar», denunció el líder de la oposición, al tiempo que abogó por la creación de reservas para los años de menor actividad con el fin de afrontar otros posibles ejercicios.

Del mismo modo, el presidente del PP propuso impuestos cero para adquirir una vivienda habitual en municipios despoblados, así como la exención de impuestos a los jóvenes que compren su vivienda habitual en estas zonas. El mismo camino siguen la exención total del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y del de Actos Jurídicos Documentados, que pretenden facilitar la continuidad de las empresas y explotaciones familiares. Además, en el ámbito del emprendimiento en el mundo rural, los populares plantean una cuota de autónomos de 50 euros al mes durante tres años, la reducción del 50% de IRPF durante los dos primeros años de actividad, así como un bono de incorporación rural de hasta 15.000 euros y avales públicos de hasta el 80% de la inversión necesaria.