La magistrada que investiga el asalto a Ceuta se ha hartado de esperar y da un ultimátum al departamento que dirige Fernando Grande – Marlaska. La jueza de la Audiencia Nacional María Tardón ha dado un plazo «improrrogable» de tres días hábiles a la Policía Nacional para que entregue toda la documentación sobre las alertas que precedieron a la entrada masiva de personas a la ciudad autónoma y detalle quién las recibió y qué hizo después. La magistrada vuelve así sobre la cadena de avisos y decisiones que precedió al 30 de julio, cuando decenas de miles de personas procedentes de Marruecos desbordaron los controles del Tarajal.

La providencia, fechada este jueves 15 de octubre y a la que ha tenido acceso este periódico, se dirige expresamente al Centro Nacional de Comunicaciones de la Dirección Adjunta Operativa de la Policía Nacional. Le exige aportar «a la mayor urgencia» (en mayúsculas) todas las «alertas, informes, comunicados, órdenes de servicio, correos electrónicos y documentación operativa» relacionada con el riesgo de una entrada masiva entre el 20 de julio y el 7 de agosto. La orden reclama, además, tres datos fundamentales: los destinatarios de las alertas, la fecha y hora de recepción y las medidas adoptadas en respuesta a ellas.

El requerimiento recupera una diligencia que Tardón ya había acordado el 16 de septiembre, a petición de la Fiscalía, dentro de la investigación abierta por la crisis fronteriza del 30 y 31 de julio. Aquel auto extendía la petición de documentación a buena parte de la estructura responsable de vigilar la frontera, evaluar los riesgos y organizar los dispositivos policiales. La nueva resolución concentra ahora la exigencia, con un plazo perentorio, en el Centro Nacional de Comunicaciones.

En septiembre, la magistrada había reclamado esas mismas alertas a los responsables del Centro Nacional de Coordinación de Puestos Fronterizos, el Centro Nacional de Inmigración y Fronteras y las unidades centrales de coordinación y fronteras de la Comisaría General de Extranjería y Fronteras. También figuraban entre los destinatarios el Centro Nacional de Comunicaciones y, por parte de la Guardia Civil, la Jefatura Fiscal y de Fronteras del Mando de Fronteras y Policía Marítima, la Unidad Central 3 de Información y el Centro de Coordinación de Vigilancia Marítima de Costas y Fronteras.

La solicitud alcanzaba igualmente a la Delegación del Gobierno en Ceuta y al propio Ministerio del Interior. Además, la jueza pidió informes sobre los avisos y su circulación a la Comisaría General de Información, la Jefatura Superior de Policía de Ceuta y la Oficina de Coordinación de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado de Seguridad.

Al Estado Mayor de la Defensa le reclamó análisis de riesgos e imágenes satelitales y de vigilancia de la zona fronteriza. Al director del Centro de Estancia Temporal de Inmigrantes le solicitó comunicaciones emitidas y recibidas, además de los datos de ocupación diaria de julio y agosto. También reclamó a la empresa HI Iberia información sobre las solicitudes de imágenes satelitales mediante su herramienta SEDA.

La controversia sobre la respuesta institucional se agravó después de que trascendieran las advertencias del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), entre ellas una comunicación del 29 de julio que alertaba de una convocatoria en redes sociales para asaltar la frontera al día siguiente. El mensaje llegó al gabinete de la Delegación del Gobierno y a la Guardia Civil, según la documentación desclasificada.

La investigación examina también las versiones contrapuestas sobre los contactos previos entre el presidente de Ceuta, Juan Jesús Vivas, y La Moncloa. Vivas declaró que había advertido reiteradamente de la gravedad de la presión migratoria y reclamado medidas preventivas, entre ellas refuerzos policiales y un mando único. El Gobierno sostiene que las comunicaciones fueron atendidas y niega que se hubiera solicitado hablar directamente con Pedro Sánchez antes del día de la avalancha.