Hamid Hmata, un hombre de 50 años y origen marroquí, está sufriendo las consecuencias de haberse convertido en activista contra el racismo inmobiliario tras haberlo sufrido en sus carnes. Una agencia de Mataró (Barcelona) le ha llevado a juicio por un delito leve de coacciones (del que fue inicialmente absuelto) al haber solicitado una compensación económica para no interponer una denuncia por el trato discriminatorio que, supuestamente, recibió en esa agencia. “Al final resulta que yo soy el malo de la película. La víctima se convierte en verdugo. En fin. Afronto esto con mucha calma, sé que se va a hacer justicia”, explica, en conversación telefónica, Hmata. “Su caso es un ejemplo de lo que pasa si te atreves a exponer públicamente el racismo inmobiliario, has de hacer frente a represalias y lawfare, y encontrarte frente a tribunales que te criminalizan y te revictimizan”, añade su abogado, Miguel Ruiz.

Nacido en Tánger y con la nacionalidad española, Hmata vive con su mujer y sus tres hijos en un piso de alquiler en Mataró, una localidad de más de 130.000 habitantes al norte de Barcelona. Tras la pandemia, buscó un piso más grande, pero notó que las agencias inmobiliarias le ninguneaban pese a que podía acreditar un salario elevado como trabajador en comercio internacional. Se sintió discriminado y, como otros antes que él, puso en práctica una técnica, el testing inmobiliario, que los investigadores sociales usan en estudios sobre racismo, y que consiste en ver qué pasa cuando dos personas, una autóctona y otra extranjera, se interesan por un mismo piso. Los resultados fueron elocuentes: mientras a Hmata le ponían trabajas para ver tal o cual piso, para Jordi y Xavier —compañeros de trabajo que le han acompañado en la experiencia— todo eran facilidades.

Hmata hizo acopio de capturas de pantalla y grabaciones de audio y presentó 12 denuncias ante la administración local que, por cuestiones burocráticas, acabaron prescribiendo; entre ellas, una contra la agencia que lo lleva ahora a la vía penal. Más tarde, acudió con otros tres casos a la Oficina de Igualdad de Trato y No Discriminación de la Generalitat, que el pasado febrero impuso la primera sanción en sus seis primeros años de vida, de 10.000 euros, por trato discriminatorio. En los otros dos casos, la Oficina ha emitido ya una propuesta de sanción, por el mismo importe, al considerar probado que hubo una “diferencia de trato” evidente por cuestiones de origen. El organismo reconoce entre otras cosas el “derecho de la víctima a reclamar una indemnización”, en un juzgado civil, “por los daños y perjuicios causados”, según la documentación a la que ha accedido EL PAÍS.

Cansado de denuncias que parecían no prosperar, en septiembre de 2025 Hmata hizo lo que su abogado define como “un cambio de estrategia jurídica”. El hombre llamó a una de las agencias y pidió una compensación para evitar una denuncia. La agencia, que grabó la conversación, decidió pasar al ataque: presentó una denuncia ante los Mossos d’Esquadra al considerar que el hombre “no tiene ningún interés en alquilar un piso, sino que se dedica a coaccionar a empresas para que le paguen dinero”. La agencia ya logró sentar en el banquillo a Hmata, a quien pide una pena de 900 euros de multa por un delito leve de coacciones. En el juicio, el comercial que habló con él dijo haberse sentido “presionado, con angustia y violentado”.

Una jueza de Mataró absolvió a Hmata porque no cree que su comportamiento tuviera “entidad suficiente para presionar” a la empresa. Además, aunque en ese juicio no se dilucidó si hubo o no discriminación, menos impelida debía sentirse aún la agencia a pagar nada si todo había ido correctamente. La agencia, sin embargo, recurrió la absolución, y en febrero la Audiencia de Barcelona anuló la sentencia y obligó a celebrar, con un juez distinto, un nuevo juicio. Está previsto el próximo 26 de octubre.

La sentencia que anula la absolución recrimina a Hmata un comportamiento “próximo a la compulsión” y critica que “si tan afectado se sentía, lo que tenía que hacer era una denuncia” y no pedir una compensación. La resolución indica también que la inmobiliaria no tenía por qué contestarle, ya que se trata de “una simple elección del candidato a inquilino más adecuado”.

Para Miguel Ruiz, el abogado que defiende a Hmata, la sentencia es una aberración y ha pedido que se declare nula. Denuncia que “se extralimita en la revisión de la sentencia” y critica que contiene “estereotipos sobre el comportamiento exigible a las víctimas de racismo”, que tienen todo el derecho, recuerda, a acudir a la vía que consideren adecuada. El testing inmobiliario, agrega, es “la única técnica que permite detectar y desenmascarar conductas discriminatorias”, ya que la mayoría de casos de racismo en el sector ni siquiera llega a denunciarse.