Que los 27 estén dispuestos a mostrar ahora la solidaridad con España por Ceuta que no manifestaron al comienzo de la crisis migratoria en la ciudad autónoma, no quiere decir que le hayan perdonado a Pedro Sánchez ir a contracorriente en una de las cuestiones más candentes ante un cargado año electoral donde el avance de la extrema derecha está marcando la agenda. En el segundo día de su cita en Bruselas, algunos de los líderes europeos que más defienden una política migratoria más dura, empezando por las primeras ministras de Italia y Dinamarca, quieren aprovechar el debate migratorio previsto en la cumbre para recriminar al gobernante socialista su política de regularización de cientos de miles de inmigrantes, adelantan fuentes diplomáticas.

Fuera de los micrófonos, tanto los defensores acérrimos de este giro a la derecha en política migratoria —una veintena de países vuelve a celebrar este viernes el ya tradicional desayuno migratorio para acelerar soluciones “innovadoras”, como los controvertidos centros de deportación en terceros países— como los menos contundentes reconocen que es un debate más político que de fondo real.

Como señalaba la propia presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, en su también tradicional carta migratoria pre-cumbre, las políticas migratorias ya en marcha están logrando “resultados sustanciales”: “Los cruces ilegales de la frontera han descendido hasta su nivel más bajo desde 2021, con una reducción del 55% en los últimos dos años y de más de un tercio solo este año”, subrayó la alemana en su misiva.

Pero “algunos países quieren una discusión más emocional porque la necesitan por motivos internos”, explicaba las presiones y la potencial crítica a Sánchez una fuente diplomática en vísperas del almuerzo de trabajo de este viernes, centrado en la migración. Y “muchos no están contentos” con la regularización española, recordó.

La Comisión, en boca de su responsable de Migración, Magnus Brunner, ha reconocido varias veces que la regularización no tuvo nada que ver con la entrada masiva de inmigrantes en Ceuta. Aun así, tanto la italiana Giorgia Meloni como la danesa Mette Frederiksen, que encabezaron en agosto una dura carta contra Sánchez responsabilizándole de la crisis en la ciudad autónoma, quieren volver ahora al ataque y reprocharle una vez más, como ya hicieron en la cumbre previa de junio, antes de la crisis ceutí, una regularización que afirman —y en esto no están solas— que tiene un peligroso “efecto llamada”. Meloni además tiene que decidir si prolonga de nuevo la suspensión de Schengen con España que inició tras la crisis ceutí, pese a que Italia no comparte frontera ni terrestre ni marítima con España.

La dicotomía en materia migratoria se refleja en esta cumbre: por un lado, los líderes europeos reculan formalmente y, en las conclusiones de la cita, manifiestan sin fisuras su “solidaridad y apoyo” a España frente a la crisis ceutí. Pero a la vez, usarán el máximo foro europeo para atacar a la misma España —o a su gobierno actual, en vísperas casi de las elecciones adelantadas al 29 de noviembre— para hacer política interna en materia migratoria.

Un diplomático reconocía estos días que el debate migratorio se mueve en “dos esferas”. La de la “vida real”, donde las políticas europeas funcionan, como demuestran las cifras decrecientes de entradas irregulares por las diversas rutas marítimas y terrestres, y la de la “vida política”, donde “algunos dirigentes lanzan mensajes y pasan mucho tiempo hablando de soluciones innovadoras que son en realidad soluciones viejas que no han funcionado, pero que crean debates” que sienten útiles en tiempos electorales.

Con todo, desde Madrid se asegura que Sánchez acude “muy preparado” para esa nueva cita, armado con cifras “contundentes” para rebatir los argumentos, tal como hizo también su ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, en una primera reunión extraordinaria de emergencia de la UE tras la crisis ceutí. A su llegada a la cumbre el jueves, el presidente del Gobierno subrayó además la necesidad de una gestión migratoria “responsable, solidaria” y “acorde con el respeto a los derechos humanos”.