El PP aceptó este miércoles la

prioridad nacional

que exige Vox en materia de vivienda, pero no así en sanidad. Además, la «

prioridad nacional»

que el PP consintió ayer añadir a su proposición no de ley viene descafeinada por el apellido de «legal», que tuvieron a bien añadir desde la bancada de Vox a su enmienda para facilitar que, de este modo, el PP pudiera aceptarla. El hecho de añadir «legal» a «prioridad nacional» supone en sentido práctico, dejar sin efecto la prioridad nacional, ya que ésta pasa a convertirse, tamizada por las leyes vigentes, en lo que el PP está denominando arraigo y que se expresa en diversos periodos de permanencia en el territorio nacional para acceder a contraprestaciones.

Algo que existe desde antes que Vox lo exigiera, como dejó ayer bien claro

Pérez Llorca

en la sesión de control en la que puso el ejemplo de la localidad socialista de Gandía que exige cinco años de empadronamiento para acceder a viviendas sociales.

En cualquier caso, en el debate político que no siempre refleja fielmente la realidad, todos salen ganado con este paripé. Vox dice que ha conseguido incluir la prioridad nacional en materia de acceso a la vivienda, e incluso estira para decir que se incluirá en otras prestaciones sociales; el PP consigue sacar adelante su proposición no de ley para reactivar el mercado de la vivienda presentada ad hoc por el clamor social

«postmaricarmen»;

y la oposición, que conoce perfectamente estas cuestiones de fondo, aprovecha para atizar al Partido Popular diciendo que se doblegan a los fascistas y que esta Comunitat la gobierna Abascal, argumento que viene muy bien como eslogan político, ya que estamos en campaña.

Así pues, el pleno celebrado ayer en

Les Corts Valencianes

dio luz verde a una proposición no de ley presentada por el PP en la que, como respuesta al clamor social por la vivienda, se proponen una serie de medidas que inciden sobre todo en exigencias al Gobierno central, y en bastante menor medida al Consell, al que se le impele a continuar con el Plan Vive ya en marcha, mientras que al Gobierno de Pedro Sánchez se le exige que ponga en marcha las medidas que no han puesto en marcha «pero que son buenas», como que se liberalice el suelo público; que deje a los ayuntamientos utilizar los remanentes de tesorería en viviendas de régimen de alquiler asequible; y que se bonifique el IRPF, o que la primera vivienda de los jóvenes se le aplique el cuatro por ciento de IVA.

Sin embargo, el PP no pudo ser flexible cuando los de Vox lo intentaron también con la Sanidad, ya que en el pleno de ayer se debatía también una proposición no de ley (PNL) de los de Abascal en la que se pedía que el Consell manifestara «la gravedad» de las consecuencias de la

«inmigración masiva»

en los servicios públicos e instara al Gobierno de España a repatriar a quienes llegaron ilegalmente y a garantizar que «ningún español quede fuera del acceso al sistema de educación pública por falta de plazas en los centros».

También pedía vincular el acceso al sistema sanitario con carácter general a la residencia legal en España, atendiendo siempre y en todo caso las situaciones de emergencia vital o aquellas que requieran atención inmediata, un punto que los populares habían pedido retirar a la vez que presentaron una enmienda en la que eliminaban, suavizaban o puntualizaban algunas de las exigencias en materia de inmigración, pero que no fue aceptada por Vox.

Así las cosas,

los populares se abstuvieron en la votación de la PNL de Vox

que decayó con los votos del PSPV y Compromís.

Por último, el pleno rechazó las dos iniciativas del PSPV – PSOE y Compromís, que planteaban derogar o revertir el incremento del módulo de precio máximo de las viviendas de protección pública de promoción privada y garantizar el carácter permanente de las viviendas públicas.