En 2025 más de 2,2 millones de niñas, niños y adolescentes en España están en riesgo de pobreza, un 28,4%, lo que refleja, al igual que el año anterior, la tasa más alta con respecto al resto de países de la Unión Europea, ocho puntos porcentuales superior a la media comunitaria (19,6 %), según detalla el XVI Informe del Estado de la Pobreza, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado Español (EAPN – ES), relativo a las comunidades autónomas, que se realiza mediante el análisis de los microdatos de la Encuesta de Condiciones de Vida (ECV) de 2025, elaborada por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Mientras que en comunidades autónomas como País Vasco (13,4), Galicia (14,2%), Aragón (17,5%) y Cantabria (18%) menos de uno de cada cinco menores de 18 años está en pobreza, en Murcia (40,2%) y Andalucía (39,3%) son cerca de dos de cada cinco. En el caso de la ciudad autónoma de Melilla se dispara al 56,9% mientras que en Ceuta se sitúa en el 37,7%.

Otro de los indicadores analizados es la pobreza severa, la proporción de personas cuyos ingresos por unidad de consumo son inferiores al 40% de la mediana de renta estatal del año de referencia. En 2025 se consideró a personas en pobreza severa a quienes viven en hogares con ingresos inferiores a 8.147 euros anuales por unidad de consumo (679 euros al mes), cuya tasa se situó a nivel estatal en el 8% de la población, lo que se traduce en cerca de 4 millones de personas.

Ninguna de las comunidades del sur registra valores inferiores a la media estatal, con Melilla a la cabeza (25%), seguida de Ceuta (14,5%), Comunidad Valenciana (11,8%), Andalucía (11,4%), Murcia (11,2%), Extremadura (9,9%), Castilla y León (9,8%), Asturias (8,8 ), Castilla – La Mancha (8,8 %) y Canarias (8).

En el otro lado se sitúa País Vasco con la menor tasa de pobreza severa (4,1%), Aragón (4,2%), Navarra (4,6%), Cataluña (5,3%), Madrid (5,4%), Cantabria (5,6%), Galicia (6,5%), Baleares (6,9%) y La Rioja (7,6%).

Los datos del estudio también indican que las dificultades para hacer frente a los gastos de vivienda provocaron que el 10,6% de la población española se retrasara en el pago del alquiler o de la hipoteca en 2025, un problema que se extendió en mayor medida en las comunidades de Murcia, Andalucía, Canarias, Cantabria, Asturias y Castilla – La Mancha, y en Melilla y Ceuta.

El informe sitúa a la vivienda como uno de los principales factores generadores de pobreza, y recoge los retrasos en el pago del alquiler o la hipoteca como una señal de dificultad para sostener el gasto en esta materia.

En 2025, el 10,6% de la población española declaró retrasos en estos pagos, con las comunidades de Murcia (14,5%), Andalucía (14,2%), Canarias (12,9%), Cantabria (12,8 ), Asturias (12,2) y Castilla – La Mancha (12,8%) por encima de la media.

El aumento del gasto que se destina al pago de la vivienda constituye un indicador esencial del esfuerzo económico que deben realizar las familias, con un 7,2% de la población española que destina más del 40% de su renta para hacerle frente –se recomienda que no supere el 30 %–.

A nivel estatal, la proporción de población con hogares en propiedad ha caído del 80,2 % en 2008 al 73,7% en 2025, mientras que el porcentaje de personas que viven en alquiler ha subido del 14,3% al 20,8%, lo que refleja un cambio estructural en el acceso a la vivienda.

Precisamente ayer la Fundación Madrina alertó de que 800 familias esperan una vivienda en el medio rural por lo que ha pedido a administraciones, empresas y propietarios que hagan realidad esta expectativa, en el marco del Día Internacional de la Mujer Rural, que se conmemora cada 15 de octubre.

En un comunicado, el presidente de Fundación Madrina, Conrado Giménez, señaló que «sin mujeres ni niños no hay futuro para la España vaciada» y que «la madre rural es la auténtica arquitecta de la cohesión social y del desarrollo del campo».

Según detalló la entidad, más de 350 familias en situación de vulnerabilidad, con unos 1.200 niños, han dejado la exclusión residencial de las grandes ciudades para empezar de nuevo en pueblos de Castilla y León, Castilla – La Mancha y Extremadura a través de «Pueblos Madrina», el programa de la fundación.

La mitad de las madres acogidas son españolas «golpeadas por la nueva pobreza», mientras que la otra mitad son mujeres migrantes o refugiadas que encuentran en el pueblo «lo que la ciudad les negaba: una casa, un empleo y tiempo para criar a sus hijos».

La Fundación señala que el principal obstáculo para acelerar los realojos ha sido la desconfianza de los propietarios rurales, que temen impagos o desperfectos.