Fiel al guion de la internacional reaccionaria ensayado en EEUU y Brasil, la derecha española llevaba meses alimentando los bulos sobre un posible pucherazo electoral. En la versión castiza, el tongo se articularía a través de la llamada “ley de nietos”, que ha permitido solicitar la nacionalidad española a miles de descendientes de exiliados republicanos. Pero es difícil creer en la posibilidad de un pucherazo progresista en el país de Manuel Marchena. El Tribunal Supremo se ha encargado dar la vuelta a la tortilla y aclarar que, si hay tongo, será en dirección contraria.

La secuencia consta de cuatro actos, una coda conocida ayer y una cuenta atrás que no perdona. Repasemos.

UNA LEY PARA REPARAR
La Ley de Memoria Democrática aprobada por el Congreso de los Diputados en 2022 incluyó una disposición adicional que permitía obtener la nacionalidad española a aquellas personas con padres o abuelos que la perdieron tras sufrir exilio por «razones políticas, ideológicas o de creencia o de orientación e identidad sexual». También a los hijos de mujeres que «perdieron su nacionalidad por casarse con extranjeros antes de la entrada en vigor de la Constitución de 1978». Los entrecomillados son importantes.

UNA INSTRUCCIÓN PARA APLICAR
Después de aprobada la ley, el Gobierno acordó una instrucción dirigida a los registros consulares, que son los que se encargan de estos trámites.

El documento de octubre de 2022 explicaba cómo aplicar la ley y detallaba que consideraría exiliados a todos los que «salieron de España entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955».

Es decir, la instrucción pone fechas a lo que en la ley solo es una descripción.

UN RECURSO PARA ECHAR A ANDAR EL BULO
Vox y Iustitia Europa recurrieron la ley y la instrucción, alegando que este segundo texto ampliaba los supuestos de la norma legal, abriendo indiscriminadamente la vía hacia la nacionalidad española y, por ende, el derecho a voto.

El argumento conspiranoico estaba en marcha: se estaba abriendo el censo electoral para inflar los resultados de Pedro Sánchez. No hay, evidentemente, ningún indicio de todo esto, pero la lógica presuposición de que los descendientes de exiliados se decantasen más por opciones progresistas no haría sino alimentar la teoría del pucherazo. En un estado en el que el voto exterior acostumbra a ser una nota a pie de página, el recurso parecía más destinado a la acumulación de leña para incendios retóricos que a tumbar realmente la propia ley.

UNA CAUTELAR INÉDITA
Pero en esas llegó el Tribunal Supremo y, al grito de «hold my beer», aceptó los recursos de las organizaciones de extrema derecha y adoptó unas medidas cautelares inéditas: la suspensión del derecho a voto de miles de personas.

Concretamente, el TS observó un «peligro real» de que el «incremento extraordinario» del censo afecte a los resultados electorales gracias al voto de unas personas que, quizá, cuando haya sentencia, pierdan la ciudadanía que de momento han obtenido. Así que, de momento, mejor no dejarles votar, porque según el Supremo, el voto «no es un derecho de carácter absoluto», sino que está «supeditado» a «intereses generales».

Lo que el Supremo hizo el 8 de septiembre con un único voto particular frente a cinco fue suspender cautelarmente la inscripción en el registro de votantes del exterior (CERA) de todas las personas nacionalizadas mediante esta ley, pidiendo a la Junta Electoral Central que distinga entre, por un lado, quienes han obtenido la nacionalidad acreditando que son descendientes de exiliados, y por otro, quienes la han obtenido solo porque sus antepasados salieron del Estado entre 1936 y 1955 sin motivo explícito como se indicaba en la instrucción del Gobierno.

UNA CODA EN FORMA DE ADELANTO ELECTORAL
En sus alegaciones, la dirección general de Asuntos Consulares ya advirtió de que era «materialmente imposible» establecer esa distinción antes del 1 de enero de 2027, fecha en la que se cerraba el censo de las autonómicas y municipales. La razón es que los servicios consulares no registran por qué vía se obtiene la nacionalidad. Habría que repasar manualmente decenas de miles de casos.

Con el adelanto electoral todo se complica, pero lo que el Supremo le dijo ayer al Gobierno es que si en un mes no se han puesto manos a la obra, el problema es suyo: «No puede alegarse imposibilidad material de ejecución de una orden judicial cuando la causa del incumplimiento reside en la propia Administración responsable de cumplirla».

UNA CUENTA ATRÁS INSOSLAYABLE
Así las cosas, según los datos del Gobierno español, 163.020 personas residentes en el extranjero pero con nacionalidad española tienen ahora mismo suspendido su derecho a voto. En algunos casos, son personas que disfrutaron de ese derecho en 2023 sin ninguna polémica.

Solo se salvarán quienes acrediten que, efectivamente, son descendientes de personas exiliadas durante la Guerra Civil o la dictadura por los motivos que se incluyen en el texto de la ley. Para ello tienen cinco días, un tiempo escaso que, al mismo tiempo, puede provocar una ola de alegaciones. De fondo, una cuenta atrás que no perdona: El censo electoral para las elecciones del 29N se cierra definitivamente el 19 de octubre.