El presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, junto con otros siete jefes de Estado y de Gobierno del sur de Europa, ha enviado una carta al presidente de la Comisión Europea, Jose Manuel Durão Barroso, al que piden propuestas concretas en materia de inmigración, al tiempo que reclaman la movilización europea para hacer frente a este problema que, recuerdan, “afecta al conjunto de la Unión”.

En la misiva, que suscriben entre otros el presidente francés, Jacques Chirac, y el presidente del Gobierno italiano, Romano Prodi, los dirigentes europeos subrayan que “la urgencia del problema de la inmigración ilegal en el Mediterráneo y en el sur de Europa exige una fuerte movilización de la Unión Europea y un compromiso conjunto por parte de los países de origen, de tránsito y de destino de los inmigrantes”. En este sentido, consideran que la cumbre informal de jefes de Estado y de Gobierno de la UE en Lathi (Finlandia) del 20 de octubre “constituye una excelente ocasión para analizar la situación, con vistas a las decisiones operativas que podrían adoptarse en el Consejo Europeo de diciembre”, y piden a Barroso que haga “propuestas concretas” sobre la cuestión.

Los ocho mandatarios de España, Francia, Italia, Portugal, Grecia, Chipre, Malta y Eslovenia – que son los que suscriben la carta y que participarán en una cumbre sobre inmigración el viernes en Madrid- hacen toda una serie de propuestas. Entre ellas, consideran indispensable “reforzar la cooperación operativa en la gestión de la frontera marítima meridional de la UE”, teniendo en cuenta “las especiales características de esta frontera marítima en aspectos tales como las funciones de patrulla y vigilancia marítima, las obligaciones de salvamento y de acogida, y las labores de identificación y retorno de los inmigrantes clandestinos”. Según ellos, “a la luz de los recientes acontecimientos” – en alusión a la masiva llegada de inmigrantes a Canarias-, consideran fundamental “mejorar la organización de operaciones conjuntas con el reforzamiento de las capacidades operativas, administrativas y financieras de la Agencia de Fronteras Exteriores (Frontex) y obtener la mayor implicación de los Estados miembros”.

“Cada uno debe aportar su contribución a la lucha contra la inmigración clandestina, que afecta al conjunto de la Unión y no solamente a los países que guardan sus fronteras exteriores”, reclaman los ocho mandatarios. La acción de estos ocho países llega después de las críticas por parte de algunos estados que recibió España la semana pasada en la cumbre de Tampere (Finlandia), por sus últimas regularizaciones masivas de inmigrantes.