Las asociaciones de mujeres rurales integradas en la Coordinadora de Organizaciones de Mujeres y/o Feministas de Navarra (COMFIN) han reivindicado este miércoles su papel como “agentes imprescindibles” para el presente y el futuro de los pueblos navarros y han reclamado que las políticas contra la despoblación y de desarrollo rural incorporen una perspectiva de género de manera transversal.

Con el lema ‘Asociaciones de mujeres rurales, protagonistas contra la despoblación y para el desarrollo rural’, COMFIN ha presentado en una sesión de trabajo en el Parlamento de Navarra un manifiesto con 12 reivindicaciones, fruto del proceso participativo realizado con sus asociaciones, con el objetivo de realizar aportaciones al anteproyecto de la ley foral contra la despoblación y para el desarrollo rural.

Las organizaciones reclaman que estas propuestas sean tenidas en cuenta por el Parlamento y el Gobierno de Navarra, así como por las entidades locales.

Tal como ha señalado Amparo Viñuales, representante de la asociación Gaztelu, de Roncal, las mujeres “son la mitad de la población y, por tanto, corresponde también una participación equilibrada en los recursos y en los espacios de representación y toma de decisiones”.

Sin embargo, ha lamentado que “continúen infrarrepresentadas en los ámbitos públicos, económicos y políticos, mientras que siguen estando sobrerrepresentadas en los espacios vinculados a los cuidados”. En este sentido, ha señalado que a todo ello se añaden la dispersión poblacional y la falta de infraestructuras o recursos públicos especializados en los municipios pequeños, que conlleva una dificultad para la atención profesional a la dependencia.

Agentes clave

Durante la intervención se ha reivindicado que las mujeres rurales son “agentes clave” en el desarrollo socioeconómico y demográfico de sus territorios y que desempeñan un papel “fundamental” en la dinamización de las comunidades locales.

No obstante, han advertido de que “persisten importantes desigualdades”. Según los datos recogidos en el diagnóstico ‘Las mujeres rurales en Navarra: diversidad y brecha rural’, elaborado por el Instituto Navarro para la Igualdad en 2023, aunque el 28% de las mujeres navarras tiene estudios universitarios, sus salarios son un 20% inferiores. En el ámbito rural, únicamente el 28% de las explotaciones agrarias son de mujeres y apenas el 17% están dirigidas por ellas. Las mujeres jóvenes migrantes tienen una presencia significativa en los municipios de menos de 1.000 habitantes, pero “se enfrentan en muchos casos a invisibilidad en los contextos locales y a condiciones laborales precarias”.

Participantes en la comisión del Parlamento de Navarra sobre mujeres rurales.Iban AguinagaMayor brecha de género que la urbana

Ante esta realidad, COMFIN ha reclamado, a través de un manifiesto, que la futura normativa contemple de forma específica la brecha de género rural, que es “mayor que la urbana” en ámbitos como el empleo, los salarios, los cuidados, la violencia, la movilidad, la digitalización, la vivienda, el acceso a los recursos y la participación en la toma de decisiones.

Entre las principales propuestas del manifiesto expuestas por Rosalía Echeverría, representante de AFAMMER Navarra, se encuentran garantizar la paridad y la representación equilibrada de mujeres y hombres en los órganos de gobernanza, planificación y participación; reconocer los cuidados como una política contra la despoblación y a favor del desarrollo rural, implicando también a los hombres y evitando la reproducción de roles de género; y garantizar una educación de calidad, coeducativa y con equidad en las zonas rurales.

También reclaman incorporar las necesidades específicas de las mujeres a la planificación de los servicios sanitarios básicos de proximidad; garantizar formación permanente en igualdad para el personal público relacionado con el desarrollo rural, la cohesión territorial y la lucha contra la despoblación; e incorporar la movilidad por cuidados a las políticas de movilidad sostenible.

Éxodo rural de mujeres jóvenes

Otras de sus reivindicaciones son priorizar el acceso a la vivienda para mujeres supervivientes de violencia, familias monomarentales y mujeres mayores en situación de “especial vulnerabilidad”; reservar financiación pública para proyectos liderados por mujeres o que promuevan la igualdad de género en el medio rural; y reforzar la prevención, detección y atención de la violencia contra las mujeres, “garantizando el acceso efectivo a los recursos desde criterios de proximidad, movilidad, confidencialidad y seguridad”.

Por último, reclaman abordar específicamente el éxodo rural de las mujeres jóvenes, promoviendo tanto su permanencia como su retorno; y atender la “especial vulnerabilidad” de las mujeres migrantes rurales, garantizando sus derechos y poniendo en valor su contribución económica y social.