La Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco ha solicitado autorización judicial para acceder a los atestados policiales sobre la muerte de Babacar Welle, el vecino de Hondarribia de origen senegalés, de 46 años, que falleció por el disparo de un agente de la Policía Local el pasado 28 de septiembre. Este organismo ha paralizado en los últimos meses otras tres investigaciones sobre intervenciones de la Ertzaintza en Rekalde (Bilbao), Vitoria y Sestao, a la espera de que los juzgados autoricen el acceso a la documentación policial.

La comisión, integrada por personas de reconocido prestigio y experiencia en ámbitos como la seguridad pública, el derecho, la sociología, la medicina, la psicología y la ética, tiene como cometido estudiar, de oficio o a instancia de parte, actuaciones y prácticas que puedan suponer una vulneración de derechos.

Sin embargo, este órgano, presidido desde comienzos de año por el exvocal del Consejo General del Poder Judicial Enrique Lucas, ha acordado no emitir informes mientras la autoridad judicial no le permita acceder a los atestados policiales. Este criterio supone un cambio respecto a la etapa de su antecesor, Juan Luis Ibarra, expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, quien defendía que la labor de la comisión era «totalmente diferente» a la vía penal y no requería autorización judicial.

Investigación

En su anterior etapa, la comisión entendía que su labor era «totalmente diferente» a la vía penal

En el acuerdo por el que admite a trámite el caso de Hondarribia, la comisión señala que, «en el supuesto de que se inicie una investigación judicial sobre los hechos expuestos», comunicará el contenido de su decisión al órgano judicial correspondiente y, en su caso, «solicitará autorización» para acceder a los documentos relacionados con la investigación. Es decir, la nueva directriz exige contar con ese visto bueno judicial para que continúe hacia adelante el proceso abierto por la comisión para esclarecer los hechos. Como informó este periódico, las diligencias por la muerte de Babacar están en manos de la titular de la plaza número 2 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Irun. La investigación trata de esclarecer, entre otros aspectos, la distancia a la que se efectuó el disparo y el tiempo de reacción del agente ante el ataque con el cuchillo. También se están analizando las imágenes de las cámaras corporales de los policías que participaron en el dispositivo.

Expedientes suspendidos
Los tres expedientes suspendidos hasta ahora por la Comisión de Control y Transparencia de la Policía del País Vasco afectan a sucesos ocurridos entre abril de 2025 y febrero de 2026. El primero se refiere a la intervención de la Ertzaintza en el barrio bilbaíno de Rekalde, donde un joven sufrió lesiones en un testículo. El juzgado número 4 de Bilbao denegó el acceso al atestado en unos términos que la comisión califica de «claros y terminantes, que no dejan lugar a la duda».

El segundo caso se remonta a los disturbios ocurridos en Vitoria en octubre de 2025, tras la visita de la Falange. Tras las cargas de la Brigada Móvil, un varón denunció heridas en la cara presuntamente causadas por un proyectil de ‘foam’. La unidad de Asuntos Internos pidió permiso al Tribunal de Instancia de Vitoria, que declaró los sumarios inaccesibles para las partes no personadas.

Paralización

El nuevo criterio mantiene suspendidos tres expedientes desde abril de 2025, a la espera del aval judicial

El tercer expediente hace referencia a una actuación ocurrida a finales de febrero de 2026 en la calle José Antonio Aguirre de Sestao. Una patrulla camuflada de la Ertzaintza empleó la fuerza contra un grupo de personas que zarandeó el vehículo policial. Tres personas fueron detenidas; una de ellas refirió dolor testicular y su madre presentó un parte de lesiones del hospital de Cruces. En este caso, los argumentos de la comisión son los mismos que en los anteriores: sin permiso judicial para ver la documentación, la investigación queda en suspenso.

En el caso de Babacar, existe un informe remitido por el Ayuntamiento de Hondarribia a la Comisión de Control y Transparencia de la Policía. El documento detalla que aquella tarde-noche del 28 de septiembre Welle se abalanzó sobre una ertzaina con un cuchillo sin llegar a alcanzarla por «escasos centímetros». El senegalés cayó al suelo tras lanzar un primer ataque contra los agentes y, una vez incorporado, volvió a enfrentarse a ellos y golpeó a uno de los policías que portaba un escudo, «rompiendo este por la mitad». Fue tras un segundo intento de atacar a una de las ertzainas cuando un agente de la Guardia Municipal efectuó los disparos, según recoge el documento municipal.

Gastos de repatriación
Entretanto, a la espera de cómo avance la investigación sobre lo ocurrido en Hondarribia, la comunidad senegalesa continúa recaudando fondos para sufragar la repatriación del cuerpo de Welle a Senegal y los gastos funerarios.

«Invitamos a todas las personas, asociaciones y grupos a sumarse a esta iniciativa solidaria. Cada contribución, por pequeña que sea, es un gesto de humanidad y apoyo hacia quienes atraviesan un momento de profundo dolor», señala el colectivo de apoyo. Las personas que deseen colaborar pueden realizar sus aportaciones en la cuenta corriente ES21 3035 0059 8905 9011 8129, indicando en el concepto «Babacar Welle».