El Ejército israelí admitió el pasado agosto por primera vez que disparó contra el coche en el que quedó atrapada la niña de 6 años Hind Rajab y anunció una investigación, tras dos años negando su participación en uno de los episodios más documentados de los crímenes perpetrados durante tres años de genocidio en Gaza, en el que también mató a seis de sus familiares y a dos paramédicos de la Media Luna Roja Palestina.

También revisó otros sonados ataques, como el que mató a siete trabajadores de la ONG World Central Kitchen (WCK) en abril de 2024 o el realizado contra el personal de Médicos Sin Fronteras (MSF), sobre los que decidió que ni siquiera abrirá una causa.

La abuela de Hind Rajab, que tiene el mismo nombre, denunció que el Ejército intenta ahora justificar su postura, afirmando que lo ocurrido fue un error. «No confiamos en el sistema judicial israelí», denunció.

También MSF condenó que, tras dos años de silencio, Israel ni siquiera abrió una causa por la muerte de sus trabajadores en sendos ataques perpetrados en la Franja de Gaza en 2023 y 2024, y lo situó en el contexto del asesinato de decenas de miles de palestinos, periodistas, personal médico y de la ONU y la destrucción de centros sanitarios. Los 15 miembros del personal sanitario de MSF muertos en el enclave palestino por ataques israelíes desde octubre de 2023 son «solo una fracción de los 1.700 trabajadores sanitarios que han perdido la vida en ese periodo», remarcó.

«La investigación militar mezcla diferentes cronologías y eventos, ensombrece el relato y desvía la responsabilidad por la conducta ilegal de las FDI», señaló MSF. Por su parte, WCK consideró el archivo de la causa «inconsistente con toda la verdad y profundamente ofensiva».

En ambos casos, el Ejército conocía que se trataba de trabajadores humanitarios que no representaban una amenaza y sus movimientos.

Los datos que ha recogido la organización Yesh Din dan la razón a la desconfianza de la abuela de Hind Rajab. Las investigaciones de esta organización israelí de derechos humanos, divulgadas por el medio digital +972 corroboran esta práctica sistemática de retrasar las investigaciones, empantanarlas y finalmente cerrarlas.

Si bien la impunidad del genocidio en Gaza, con el visto bueno de EEUU y la Unión Europea, ha permitido a sus perpetradores incluso alardear de los crímenes, anunciar que continuarán y en no pocas ocasiones divulgarlos a través de vídeos y fotografías, estas simulaciones de «investigación» permiten a Israel construir una apariencia de garantías legales que en realidad no existen.

Dan Owen, investigador de Yeish Din, explica en +972 que el mecanismo que utiliza el Ejército consiste en llamar la atención sobre un puñado de casos excepcionales para distraerla de miles de crímenes de guerra que ni siquiera son revisados.

UN TRUCO PUBLICITARIO
Lo considera un truco publicitario que elude la obligación de investigar presuntos crímenes de guerra y cuyo objetivo es, precisamente, argumentar que cuenta con un sistema legal interno capaz de abordar violaciones de derechos humanos, lo que haría innecesario los procedimientos penales internacionales.

Actualmente, Israel está acusado de genocidio ante la Corte Internacional de Justicia y su primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el exministro de Defensa Yoav Gallant cuentan con una orden de arresto por parte del Tribunal Penal Internacional (TPI) por crímenes de guerra y de lesa humanidad.

Precisamente, el Estado israelí ha aludido a sus «investigaciones» para sostener que el TPI no debe interferir. «Existe un sistema de investigación aparentemente funcional que ayuda a proteger a Israel y sus funcionarios de la persecución internacional», señala Owen.

Entre los mecanismos para retrasar y desviar la investigación se encuentra el denominado Mecanismo de Evaluación de la Determinación de los Hechos (FFAM), un órgano intermedio que criba cualquier caso con evaluaciones preliminares antes de que lleguen al Abogado General Militar. Allí puede estancarse durante meses o incluso años. Las decisiones sobre los casos recientes mencionados al inicio de este texto han tardado entre uno y tres años. Un tiempo en el que las pruebas se diluyen, los testigos desaparecen y las evidencias se pierden.

De los 664 incidentes que se remitieron al FFAM sobre Gaza solo 41 llegaron a alguna investigación. Y de estos, solo uno resultó en una condena, un comandante de tanque que autorizó el tiroteo del agricultor Hasan Sami al Borno en 2021. Y solo fue sentenciado a 30 días de «trabajo militar».

Durante todo ese tiempo, Israel puede permitirse decir que las acusaciones «están bajo investigación» y continuar con nuevas violaciones de derechos.

En el caso de las atrocidades cometidas en Gaza desde octubre de 2023, hasta julio de 2024, solo 1.456 llegaron al FFAM. En agosto apenas había completado el análisis de 150 y solo cuatro se han transferido al Abogado General Militar para que lo investigue, incluidos los que acaban de ser desestimados.

Hay un segundo objetivo en el FFAM: funcionar como una «asesoría de masacres» ya que análisis de los crímenes sirven de lecciones para mejorar las operaciones militares futuras.

Otros incidentes, claramente sospechosos de constituir crímenes de guerra, pueden llegar a ser investigados sin pasar por este mecanismo previo. Yaish Din ha detectado 72 de estos casos, lo que considera «sorprendente», dada la acción genocida masiva.

Y siempre teniendo en cuenta que abrir una investigación no supone que se llegue a algún castigo. Solo ha registrado dos casos. Uno por el abuso de prisioneros palestinos en la cárcel de Sde Teiman y otro por un robo, a pesar de que entre octubre de 2023 y noviembre de 2025 más de cien presos han muerto en las cárceles israelíes y de que el saqueo de viviendas en Gaza es hasta divulgado por los propios soldados. El militar sancionado lo fue porque cometió el error de depositar el dinero robado en un banco, donde se descubrió que era falso.

Así, solo dos soldados han sido condenados tras una ofensiva que ha acabado con al menos 74.000 palestinos y arrasado su territorio.

Otro de las «investigaciones» que reflejan el sistema y su interrelación con la sociedad israelí es el de los cinco reservistas acusados de la violación de un preso en Sde Teiman, y de la que ellos mismos se habían jactado. En uno de los raros casos que llegó a juicio, la presión de la sociedad sionista, que elevó a los violadores a la categoría de «héroes», forzó la anulación del proceso.

Asimismo, las cifras de las investigaciones de Yeish Din señalan que el 77,3% de las denuncias de palestinos sobre abusos de militares en Cisjordania se cierran sin investigación penal. La impunidad hace que más del 46% de los palestinos que contactaron con la organización de derechos humanos renuncien incluso a presentar denuncia ante la Policía.

Israel persigue a los autores de «naza» y lanza un documental «fake» con el mismo nombre
El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, pidió al Ejército, al Shin Bet (servicio de inteligencia interior), y a la Fiscal General del Estado la investigación y procesamiento de los autores del documental ‘‘NAZA’’ Yuval Abraham y Rachel Szor y de los 24 militares y oficiales de Inteligencia que dan su testimonio sobre la autorización de matanzas masivas de civiles en Gaza. Netanyahu dio esta orden el domingo, acusándoles «de delitos graves al divulgar información de alto secreto y provocar una brecha de seguridad relacionada con datos de una unidad de inteligencia de extrema sensibilidad». El primer ministro afirmó que la película «difama al Estado de Israel» y a su Ejército y perjudica su imagen a nivel mundial».

El documental describe la práctica israelí de bombardear viviendas palestinas, con familias enteras dentro, si se sospecha que un presunto miliciano de Hamas se encuentra en la casa o el uso de modelos de inteligencia artificial que crea una lista de posibles objetivos, admitiendo cientos de muertos civiles. Esta misma semana, cuatro soldados más describieron este mismo tipo de matanzas al diario “Haaretz”. «Incluso el objetivo de menor rango justificaba bajas civiles», señalaron. Explicaron cómo hasta los palestinos que recogían comida y mantas en edificios abandonados eran marcados para ser atacados. Un soldado reveló que se aprobó un ataque en Ciudad de Gaza donde su equipo calculó que alrededor de 1.000 palestinos aún estaban en sus hogares.

A la vez, las embajadas de Israel están promocionando otro documental que se apropia del nombre del galardonado en Venecia y una dirección similar en internet: ‘‘Naza la verdadera historia", presenta testimonios de 24 oficiales y soldados de inteligencia israelíes. De esta forma, la israelí no solo trata de contrarrestar el testimonio del genocidio relatado por sus propios autores sino también de diluirlo en un mar de resultados falsos cuando se busca el documental en internet.