La complejidad histórica del conflicto entre Israel y Palestina no cabe en un artículo. Pero esa complejidad no impide analizar, con criterios de derechos humanos y del Derecho Internacional, lo que ocurre hoy.

Hace unos dos mil años, gran parte de la población judía de la región fue desplazada tras las guerras contra Roma. Durante siglos se formaron comunidades judías en distintas partes del mundo, mientras Palestina quedó habitada mayoritariamente por población árabe. A finales del siglo XIX y comienzos del XX surgió el sionismo, también como respuesta a la persecución y los pogromos contra los judíos europeos. En Gran Bretaña, Arthur Balfour había defendido posiciones restrictivas hacia la inmigración judía. En 1917, ya ministro de Exteriores, promovió la declaración que lleva su nombre: el Gobierno británico apoyaba un hogar nacional para el pueblo judío en Palestina, territorio ya habitado por palestinos, todo ello en un terreno en el que se asientan fuertes simbolismos religiosos. Con el Mandato británico, la inmigración judía aumentó, también por la persecución en Europa, y crecen las tensiones. El Holocausto y su exterminio de seis millones de judíos europeos cambian el contexto. En 1948 se creó el Estado de Israel, en un proceso acompañado por una guerra y por la Nabka que supuso el desplazamiento de una parte de la población árabe – palestina. En 1967, tras otra guerra, Israel ocupó Gaza, Cisjordania y Jerusalén Oriental, territorios que antes estaban bajo administración egipcia y jordana. Por eso se les denomina «territorios palestinos ocupados». Los acuerdos de Oslo de los años noventa intentaron abrir el camino a una solución de dos Estados y establecieron distintos grados de administración palestina en Cisjordania, pero no resuelven el conflicto. Israel se retiró de Gaza en 2005 y Hamás se hizo con el control de la Franja en 2007. Desde entonces se sucedieron enfrentamientos, bloqueos y guerras periódicas. La nueva fase de violencia iniciada en 2023 ha conducido a la situación actual.

Esta síntesis no pretende resolver controversias históricas y políticas. Sólo permite situar una realidad: desde 1967 existe una ocupación y la población palestina ha vivido bajo distintos grados de control israelí.

Y lo relevante es lo ocurrido con los derechos humanos y el Derecho Internacional Humanitario allí donde Israel ha controlado población. No estamos ante una sucesión de excesos. Informes de organismos y organizaciones internacionales muestran prácticas sostenidas que afectan a la vida, la integridad física, la libertad, la vivienda, la circulación, la salud y la posibilidad de permanecer en el territorio propio.

También hay que distinguir entre guerra y genocidio. En una guerra, el objetivo militar es derrotar al enemigo y el combatiente ocupa el lugar central; aun así, los civiles pueden sufrir ataques ilícitos o daños colaterales. En un genocidio, el objeto de la destrucción es el grupo humano como tal. Esto no es semántica: obliga a preguntar si las acciones buscan destruir, total o parcialmente, a la población. Ante la destrucción sistemática de las condiciones de supervivencia en Gaza, esa distinción resulta esencial. El Gobierno de Netanyahu invoca el derecho a la defensa en base al ataque de Hamás del 7 de octubre, pero incluso ese derecho a la defensa también está sujeto al Derecho Internacional Humanitario y a los principios de distinción y proporcionalidad.

Y no sólo es Gaza. En Cisjordania, la ocupación ha ido acompañada de expansión de asentamientos, demoliciones, controles de circulación y violencia de colonos. Amnistía Internacional documentó en 2025 1.658 edificios demolidos y más de 2.100 personas desplazadas, además de nuevos puestos de avanzada y asentamientos. La violencia de colonos y las actuaciones de las fuerzas israelíes causaron nuevas muertes y desplazamientos. La ocupación ya no es provisional: fragmentación territorial, asentamientos, restricciones de movimiento y desplazamiento de comunidades.

Otra dimensión es la privación de libertad y el trato a detenidos. Miles de palestinos son recluidos sin cargos ni juicio. Los informes recogen golpes, privación de alimentos y medicamentos, falta de sueño, aislamiento y violencia sexual. Amnistía registró al menos 98 muertes de personas palestinas bajo custodia israelí entre octubre de 2023 y noviembre de 2025. El Comité de la ONU contra la Tortura señaló prácticas que, en su formulación, revelaban una política estatal organizada y generalizada de tortura y malos tratos.

Y la presión no se limita a quienes viven en los territorios afectados. Defensores de derechos humanos, personal médico y activistas que han intentado llevar ayuda humanitaria a Gaza por mar han sido detenidos y deportados.

También se presiona a quienes informan de lo que sucede. Decenas de periodistas y profesionales de los medios han muerto en Gaza. Se han documentado restricciones a la libertad de expresión y de manifestación dentro de Israel. A la vez, periodistas y organizaciones internacionales han encontrado enormes obstáculos para acceder al territorio y documentar directamente lo que ocurre.

Es elemental: los derechos humanos no dependen de la identidad de quien los vulnera ni de quien sufre vulneraciones. Las mismas normas deben aplicarse a Estados, gobiernos, ejércitos y grupos armados. Si aceptamos excepciones cuando las circunstancias políticas nos favorecen, dejamos de defender derechos universales para defender posiciones políticas.

Ni Israel, ni otro país pueden ser excepciones. El sistema internacional de DDHH nunca ha vivido una edad de oro en la que sus principios se respetaran plenamente. Lo que ocurre no es una crisis inédita, sino otro episodio de una contradicción más antigua. Las amenazas de Trump contra la Justicia Internacional no serán las últimas. De hecho, la historia de los derechos humanos siempre ha sido una pugna por los derechos de todos y todas.

El 9 de octubre, se otorgó a Navi Pillay el Premio Nobel de la Paz por su labor en favor de la paz y el Derecho internacional. Antigua Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, presidió la comisión de investigación de Naciones Unidas que concluyó que Israel había cometido genocidio en Gaza. El galardón es –sin duda– merecido.

La Corte Internacional de Justicia (CIJ) tiene pendiente resolver el procedimiento de Sudáfrica contra Israel en virtud de la Convención sobre el Genocidio; la Corte Penal Internacional (CPI) mantiene su investigación sobre Palestina y ha dictado órdenes de arresto contra dirigentes israelíes por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad. No son equivalentes: la CIJ examina la responsabilidad del Estado; la CPI, la eventual responsabilidad penal de personas concretas.

Por mi parte, considero que la distinción entre guerra y genocidio, a la luz de la destrucción de Gaza y de los hechos documentados, conduce a calificar lo ocurrido como genocidio. Pero será la justicia internacional la que deba establecerlo jurídicamente. Sus pronunciamientos serán determinantes. Cuando los tribunales dejan de actuar o sus decisiones pueden ignorarse sin consecuencias, la impunidad deja de ser una excepción y amenaza la propia idea de justicia internacional.

El futuro de la justicia internacional también va a depender de todas y todos nosotros. Elijan ustedes las herramientas que consideren las más idóneas –racionales y sobre todo más efectivas– y hagan uso de ellas.