La Junta de Andalucía sigue atendido a menores extranjeros no acompañados con normalidad. En el último Consejo de Gobierno, la Consejería de Igualdad, competente en la materia, informó de que ha licitado un contrato para la prestación del Servicio de acogimiento residencial de estas personas menores migrantes que se encuentren bajo la atención inmediata, guarda o tutela de la Junta de Andalucía, como Entidad Pública competente en materia de Protección de menores.

En concreto, se trata de dos lotes que quedaron desiertos de otra licitación. Uno para la creación de 32 plazas de nueva creación, en la modalidad de recepción y primera acogida en Almería; y un segundo de 128 plazas en Granada, de las que 32 de ellas son para recepción y 96 plazas orientadas a inserción sociolaboral. El importe de ambas licitaciones asciende a 10,1 millones de euros con una prórroga máxima hasta el último día de 2029, lo que podría elevar la cifra hasta los 25,3 millones.

Entre los gastos desglosados, el expediente cita los siguientes:

9 euros por persona al día; 60 euros para vestuario y calzado al mes; otros 60 euros de dinero de bolsillo; gastos sanitarios no incluidos en las prestaciones públicas (40 euros al mes); gastos de escolarización y actividades extraescolares o formativas (60 euros por persona al mes; y gastos de ocio y tiempo libre incluidos regalos de navidad y otros, para los que se incluyen 60 euros.

Estas plazas se crean en virtud del Real Decreto – Ley 2/2025, de 18 de marzo, por el que se aprueban medidas urgentes para la garantía del interés superior de la infancia y la adolescencia ante situaciones de contingencias migratorias extraordinarias. El texto que lo justifica recuerda «en aplicación de dicha normativa, y tras la declaración de contingencia migratoria extraordinaria el día 29 de agosto de 2025, las Delegaciones del Gobierno de Canarias,Ceuta y Melilla han iniciado numerosos expedientes de ubicación y traslado a Andalucía de menores migrantes, con objeto de que la Administración de la Junta de Andalucía asuma su tutela, siendo dichas resoluciones de obligado cumplimiento para las autoridades y funcionarios de la Comunidad Autónoma receptora».

La atención a los menores extranjeros no acompañados está blindada por ley. El acuerdo político vigente firmado entre el Partido Popular y Vox señala que «la Junta de Andalucía rechazará de forma expresa la política inmigratoria del Gobierno de Pedro Sánchez y se opondrá por todos los medios legales, jurídicos y políticos a cualquier mecanismo de reparto de inmigrantes ilegales, tanto mayores como menores de edad». También cita que «no participará en ningún caso en reformas normativas ni acuerdos presupuestarios destinados a facilitar, financiar o consolidar su entrada, acogida o permanencia en Andalucía, no habilitando nuevos centros ni creando plazas en los existentes, así como reduciendo el gasto en esta materia al mínimo imprescindible».

Eso sí, añade que el Ejecutivo andaluz «cumplirá el marco legal vigente en lo referido a llegadas de inmigrantes ilegales a las costas andaluzas».